La Contraloría examinó los pagos hechos por la Procuraduría por contratos de servicios internacionales para defender al Estado, entre agosto de 2018 y diciembre de 2020.
El control de los gastos del Estado en los servicios adicionales de los contratos de patrocinio internacional tiene vacíos. No es la primera vez que la Contraloría pide a la Procuraduría que justifique los gastos extra de dichos contratos: ya lo hizo con los pagos relacionados con el caso Chevron, entre 2013 y 2018.
Pese a esta recomendación de justificar los gastos de servicios adicionales y contratos modificatorios, los pagos entre agosto de 2018 y diciembre de 2020, durante la administración de Íñigo Salvador, tienen las mismas falencias.
Hasta 2020, Ecuador mantenía 21 casos en cortes internacionales, la mayoría por disputas heredadas por el gobierno de Rafael Correa. Pero durante este año, la lista siguió creciendo.
Entre 2017 y 2020, la Procuraduría ha destinado USD 52,8 millones para el rubro de “consultoría, asesoría e investigación especializada”, para la defensa legal del Estado y sus instituciones en el extranjero.
Entre los buffets o empresas preferidas contratadas por el país para esta actividad están Foley Hoag y Dechert LLP, que llevan cuatro y cinco casos cada una.
El caso de Foley Hoag
En el contrato del 4 de enero de 2019, la Procuraduría requirió los servicios de tres abogados del estudio aprobado. Sin embargo, los honorarios desembolsados el 31 de diciembre de 2020 fueron para 22 profesionales, sin justificar su inclusión.
Además, la empresa subcontrató también a 22 empresas en las ramas de tecnología, medio ambiente, finanzas y legal, a un costo de USD 5,3 millones. Y dentro de los reembolsos pagados hubo incluso gastos por vacunas, vestimenta, medicamentos y exceso de equipaje.
Dos de las empresas subcontratadas a su vez subcontrataron a otras cinco. En ese último caso hubo reembolsos no justificados por USD 11.396 y USD 169.109.
Las otras inconsistencias en los pagos de patrocinio
Entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, la Procuraduría suscribió 15 contratos y siete adendas para la asesoría, patrocinio y copatrocinio del Estado en el extranjero.
13 de esos procesos se efectuaron a través de un procedimiento de excepcionalidad, por tratarse de necesidades urgentes. Y ninguno cuenta con los documentos que justifiquen los criterios de selección de las firmas o estudios jurídicos, ni las características y condiciones del servicio.
Los contratos modificatorios también presentaron problemas. Estos documentos establecen la condición de que los estudios jurídicos brinden capacitaciones temáticas a los funcionarios de la Procuraduría, sin costo adicional.
Y, en caso de no ejecutarse, el valor de dichas capacitaciones debía ser descontado de las facturas pagadas por los servicios jurídicos internacionales. Pero esto no sucedió, no hay documentos que sustenten estas liquidaciones a favor del Estado. Y hay contradicciones en la información de los pagos por honorarios presentada por la Procuraduría.
El examen especial también encontró problemas con los costos y gastos reembolsados a cuatro estudios jurídicos contratados entre 2008 y 2014.
En ese entonces, la administración de la Procuraduría decidió hacerse cargo de gastos como llamadas telefónicas, faxes, producción de documentos, mensajería, investigación, asistencia logística y administrativa.
Así como también por los aranceles, honorarios y gastos por servicios de terceros (traductores, intérpretes, peritos, expertos, consultores, abogados ecuatorianos) y viajes (pasajes aéreos, alojamiento, comida, estacionamiento, millaje).
Pero estos reembolsos, hechos entre 2018 y 2020, tampoco están justificados, ya que la información enviada por los estudios jurídicos no evidencia que los gastos tengan relación con el objeto de cada contrato, asegura la Contraloría.
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