La Comisión de Fiscalización aprobó, este domingo 4 de octubre, el informe que recomienda continuar con el juicio político contra Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación.
El trámite de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación pasará al pleno de la Asamblea Nacional. Lo decidió, por unanimidad, la Comisión de Fiscalización durante una extensa sesión que se desarrolló este domingo.
Cruz está acusado por arrogación de funciones. Una de las observaciones a la gestión del funcionario fue que, supuestamente, expidió reglamentos del Consejo de Participación de manera personal, cuando debían ser aprobados por el Pleno del organismo.
La moción para la aprobación del informe fue presentada por el legislador Dennis Marín, del PSC. Él argumentó que la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de oficio, escuchó al interpelante y el interpelado, así como a diferentes actores lo que permitió aclarar las causales del juicio político.
Por eso, pidió la aprobación del informe y que se recomiende continuar con el juicio político.
La Comisión de @FiscalizacionAN aprueba por unanimidad el informe sobre el juicio político al Presidente del @CPCCS, @ChristianCruzLa, por arrogación e incumplimiento de funciones, mismo que será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional pic.twitter.com/QdI5GZOPpM
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 4, 2020
En su cuenta de Twitter, Marín dijo que “ahora dependerá del Pleno de la Asamblea destituir y censurar a un funcionario cuestionado y con falta de probidad”
La reacción de Cruz
Christian Cruz, por medio de un comunicado, aseguró que la decisión tomada en la Asamblea viola el debido proceso y carece de fundamento. Cruz asegura que:
- La Comisión inobservó el procedimiento legal porque la ley no contempla ningún alcance para completar las firmas solicitadas por el asambleísta proponente, y el pedido de juicio político no cumplió con el número de firmas requerido.
- El Procurador General del Estado informó a la Asamblea que no se puede reestructurar las comisiones especializadas en un mismo periodo, es decir la actual Comisión no constituye juez competente.
Cruz negó, otra vez, una supuesta arrogación de funciones pues, según él, el presidente ejerce la máxima autoridad administrativa del Consejo. “Y la aprobación de los reglamentos se realizó con el debido respaldo legal antes señalado”, dijo.
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