La pobre herencia del Consejo de Participación tras 62 días en funciones

No tuvieron mucho tiempo para tomar decisiones, pero hicieron bastante ruido. Tanto que, hoy 14 de agosto, cuatro vocales del tristemente célebre Consejo de Participación enfrentan un juicio político en el Legislativo y tienen pocas probabilidades de salir bien librados.

María Rosa Chalá, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Victoria Desintonio están acusados por incumplimiento de funciones. Ellos crearon una comisión -y luego la eliminaron- que tenía como fin revisar administrativamente la designación de la Corte Constitucional.

Este proceso estuvo a cargo del Consejo de Participación Transitorio que estuvo presidido por Julio César Trujillo.

¿El problema? La Corte Constitucional había emitido una resolución que 'blinda' todas las resoluciones del Transitorio, incluyendo su propia designación.

El sacerdote Carlos Tuárez, por sí solo, tiene que responder a otras "infracciones":

• Falta de probidad, pues habría incurrido en delitos de falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio cuando fue candidato al Consejo.
• Incumplió con la norma que impide a los representantes de cultos religiosos ser funcionario público.

Los problemas para los cuatro vocales de la mayoría del Consejo -identificados públicamente con el correísmo- tampoco se terminarán con el juicio político. La Comisión de Fiscalización también quiere que sean investigados penalmente por la Fiscalía.

Los acusan de haber incurrido en el delito de "incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente" (al haber creado la Comisión para revisar la designación de la Corte).

Ese delito, según el Código Penal, puede ser sancionado con prisión de uno a tres años.

La "herencia" como consejeros

Los vocales ahora juzgados por la Asamblea solo han estado en el cargo 62 días. Fueron posesionados el 13 de junio y, cada uno cobró un salario mensual de USD 4.283.

¿Qué hicieron en estos dos meses? Poco que contar.

• Hubo solo ocho sesiones del pleno del Consejo.
• Se tomaron, según la página web, seis resoluciones. Aunque en esa lista no consta la resolución para crear la comisión de evaluación a la Corte, ni la resolución con la que se eliminó.
• Se aprobó, el 2 de agosto, el reglamento de funcionamiento del pleno del organismo.
• Convocaron a la conformación de una veeduría ciudadano para vigilar la contratación de la seguridad para Petroecuador.
• Aprobaron la creación del Observatorio Ciudadano para la Aplicación Implementación y Cumplimiento efectivo de la ley para Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
• Crearon de un observatorio nacional para revisar el cumplimiento del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.

La "herencia" por fuera con Consejo

Carlos Tuárez fue noticia desde antes de tomar posesión de su cargo como presidente del Consejo de Participación.

Con una frase dio pistas de su caracter: "Yo hablo directo con el presidente. Usted, cuando está en autoridad, tiene que hablar con autoridades de su propia jerarquía, no con una jerarquía inferior”, dijo en una entrevista.

A partir de allí, su nombre estuvo asociado a llamados desde la Iglesia Católica para que se abstenga de usar el traje de sacerdote; a denuncias sobre el manejo irregular de terrenos, departamentos, pólizas y cheques a su nombre y un elevado patrimonio personal que sorprendió incluso a sus superiores en la orden de los Dominicos.

Tuvo sus coqueteos con la polémica política cuando reclamó al Gobierno por el supuesto retiro de su seguridad personal, y cuando en la Asamblea se negó a responder preguntas y abandonó abruptamente la sesión de la Comisión de Participación.

Él, junto con sus compañeros Gómez y Desintonio tuvieron su baño de popularidad en Guayaquil, cuando acogieron la tesis de llamar a una Asamblea Constituyente para "que se vayan todos".

Para la Asamblea, ese evento fue proselitismo político y les espera un tercer juicio político.

La "repetición" como amenaza

Ayer, martes 13 de agosto, en sus redes sociales Tuárez, Gómez y Desintonio se juntaron para "advertir" a los legisladores que tengan pensado votar por su censura y destitución en el juicio político.

"Si la Asamblea insiste en vulnerar la democracia, acudiré a instancias internacionales. Recordemos el caso Quintana Coello, ejemplo de cómo el abuso de poder le costó al país $13 millones, dinero de todos los ecuatorianos. Con la Democracia no se juega", escribió.

Y añadió que "el juicio de repetición contra los actores del abuso de poder en el caso Quintana Coello, está en curso. Responderán con su patrimonio ante el estado, por jugar con la democracia. La justicia tarda pero llega. El servilismo al poder, tiene consecuencias".

Tuárez se hizo eco: "Con la Democracia no se juega ni con el dinero de los ecuatorianos, que no digan que no sabían en la Asamblea Nacional (...) Mañana que los asambleístas alternos sepan bien votar".

Gómez también se mostró preocupado:

En el caso de que la Asamblea decida la destitución los cuatro vocales, sus reemplazos ya están definidos: Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, como lo publicó PRIMICIAS.