La política pública carcelaria estará lista en febrero de 2022

Política

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

7 Oct 2021 - 18:17

Reunión del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, el 6 de octubre de 2021. - Foto: @DDHH_Ec

La política pública carcelaria estará lista en febrero de 2022

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

7 Oct 2021 - 18:17

El Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social se reunió por primera vez desde que inició el gobierno de Guillermo Lasso. Las autoridades plantearon las primeras acciones para intentar solucionar la crisis.

Cuatro meses más le tomará al Gobierno ecuatoriano definir la política pública del sistema carcelario. El Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social ofreció entregar al país ese documento para febrero de 2022.

El 6 de octubre de 2021, esta instancia se reunió por primera vez desde que se posesionó el gobierno de Guillermo Lasso. Esto luego de dos matanzas de 27 y 119 presos, ocurridas en julio y septiembre, respectivamente.

Según el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el ente gobernante de la Rehabilitación Social en el país es el Organismo Técnico. Esta instancia es la encargada de la definición de las políticas públicas.

El 2 de octubre de 2021, luego de un nuevo llamado de atención de la Corte Constitucional (CC), Lasso nombró a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, como su delegada y presidenta de este organismo.

Luego de su primera reunión, Ordóñez y Bolívar Garzón, titular del SNAI, informaron sobre la hoja de ruta para tratar de solucionar la crisis carcelaria, que ya ha cobrado más de 240 víctimas en lo que va de 2021.

Ordóñez dijo que las víctimas del último incidente en la Penitenciaría del Litoral son jóvenes, quienes iniciaron su vida delictiva hace 10 años cuando eran niños o adolescentes y fueron abandonados por el Estado.

Además, la funcionaria indicó que la mayoría de los detenidos están en esa condición por problemas de violencia de género e intrafamiliar (16%) y por narcotráfico (14%).

Por estas razones, Ordóñez considera que el único camino para solucionar la crisis definitivamente es construir una política pública con enfoque de derechos humanos, que prevenga la violencia y rescate a las nuevas generaciones del mundo delictivo.

La hoja de ruta

Para generar esta política pública, el Organismo se tomará cuatro meses, hasta febrero de 2022. Durante este tiempo, habrá reuniones semanales a través de mesas temáticas.

La primera será el 13 de octubre de 2021. En esa cita, las autoridades que integran esta instancia recibirán al Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía con la finalidad de estudiar posibles reformas en materia penal.

La intención de esta mesa es promover la agilidad de la justicia, pues actualmente en las cárceles del país hay alrededor de 15.000 detenidos sin sentencia.

Además, están pendientes de trámite 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios represados en los despachos de los 14 jueces que existen en el país para resolver estos casos.

Las primeras acciones adoptadas por el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social son las siguientes:

  • Declararse en sesión permanente.
  • Involucrar al Organismo, bajo resolución, al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Planificación.
  • Conformar las mesas técnicas para actualizar las normativas y adecuarlas al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.
  • Visitas de la Defensoría del Pueblo a las cárceles para analizar la prevención de la tortura.
  • Generar alianzas internacionales con organismos como la Agencia Regional de las Naciones Unidas para el Narcotráfico.

“Es necesario tomar acciones urgente y devolver la institucionalidad al SNAI”.

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos

La crisis actual

Sobre la actual emergencia carcelaria, Ordóñez dijo que se están haciendo reparaciones en los centros carcelarios para precautelar los derechos humanos de presos y trabajadores del sistema de rehabilitación social.

Bolívar Garzón, director del SNAI, expuso que todas las cárceles del país están en estado de alarma y se han activado protocolos para coordinar trabajos de emergencia con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Por ejemplo, en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral hay 1.400 efectivos policiales y militares listos para actuar en cualquier momento.

Añadió que al momento, las autoridades tienen el control de las cárceles y todo está en aparente calma, pero nada garantiza que en cualquier momento haya nuevos incidentes.

Sobre la supuesta apertura de las bandas que operan en las cárceles para firmar un compromiso de paz, Garzón dijo que el SNAI no ha recibido ninguna propuesta en ese sentido.

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