Prefecta del Guayas, Susana González: "Yo no estoy en oferta"

La prefecta del Guayas, Susana González, tiene claro su futuro político. Aunque el Partido Social Cristiano (PSC) aún analiza sus cuadros para las seccionales de 2023, ella anuncia que se candidatizará al cargo.

González asumió estas funciones luego de la muerte del prefecto Carlos Luis Morales, ocurrida el 22 de junio de 2020.

En una entrevista con PRIMICIAS, la prefecta analiza el problema jurídico con las concesionarias viales Concegua y Conorte, en el que la Prefectura ya ha ganado 10 de 11 sentencias de segunda instancia.

Es un hecho que presentará su candidatura a la Prefectura. ¿El PSC ya definió su respaldo?

Siento que el PSC todavía no define. Yo ya estoy decidida. Entré hace 15 años al partido convencida de que la doctrina socialcristiana de la Iglesia tiene tres principios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Que hay personas que traicionan los principios, las hay, pero la doctrina queda.

"Puede ser que mis decisiones pudieron haber molestado a algunas personas, pero esas no representan el sentir de las mayorías".

Susana González, prefecta del Guayas.

Puede ser que el hecho de haber tomado decisiones que tienen que ver con separarme de los intereses, de los privilegios que siempre rondaron la Prefectura o la política, me hayan marcado una distancia, pero no con el partido.

Puedo decirle que José Yúnez será mi binomio.

Si el PSC decide optar por otra candidatura, ¿aceptará propuestas de otra organización política, como Creo, por ejemplo?

Si no sería la candidata del PSC y otros partidos desean tenerme, yo les respondo: No estoy en oferta.

La Prefectura del Guayas ha ganado 10 de 11 sentencias de segunda instancia en contra de las concesionarias viales. ¿Ya pueden sobrar los USD 34 millones en multas?

No es ir en contra de dos concesionarias, es hacer justicia con lo que le correspondía a la provincia en un marco contractual no respetado y el camino era hacer respetar esos contratos.

Esto es responsabilidad de parte y parte. Por parte de la Prefectura se hicieron los respectivos desembolsos en obras que nunca recibió la provincia y que debieron ser entregadas en 2018 y 2019.

Un mantenimiento que jamás se dio, tanto así que la señaléticas reflectivas nocturnas recién se comenzaron a hacer a partir de los procesos iniciados.

¿Cuánto falta para cobrar ese dinero?

Más que el dinero, que es importante en momentos determinados para las instituciones, era el respeto hacia el marco contractual. Si bien el contrato está muy bien establecido sobre las obras no entregadas, procedía la notificación.

Al no tener descargos ni respuestas, sencillamente procedía la multa ejecutada. El problema es que las concesionarias como tales decidieron judicializar todo y eso nos llevó a librar esas batallas judiciales durante casi 10 meses.

Esto permitió, no a la Prefectura, sino a la provincia, ganar 10 de 11 procesos.

Hay ocho procesos en la Corte Constitucional, de los cuales tres no han sido admitidos.

"Solo uno, el de USD 21 millones, fue admitido y confío en que la Corte resuelva apegada a derecho".

Susana González, prefecta del Guayas.

Estamos a la espera de que en las próximas semanas recibiremos un resultado coherente al término contractual que requieren estas acciones.

Ya está iniciado el proceso, las concesionarias están notificadas, por lo tanto hemos transparentado que este era un tema de interés para la provincia.

¿Cuál es el balance del año de Susana González en el cargo?

El proceso de revisar los contratos con las concesionarias era un sentir de la sociedad civil, de que eran concesiones que no se cumplían y yo me atreví.

Estas concesiones nunca le devolvieron a la provincia un centavo y por el contrario, por esa cláusula de exclusividad regulada, parte del presupuesto anual se iba en las obras complementarias que se hacían en estas mismas vías.

A lo largo de estos años han sido más de USD 500 millones que se han contratado en vías con ellos.

Pero las concesionarias pueden proponer el cruce de cuentas con el dinero que supuestamente les debe la Prefectura.

Esto no es un tema de interés por el dinero, sino de justicia frente a un marco contractual que favoreció a las concesionarias que nunca fueron auditadas o fiscalizadas. O si lo hicieron, nunca tuvo el resultado que han tenido ahora.

Los guayasenses dormían con el enemigo.

El tema de caminos vecinales ha sido una constante en la provincia, ¿cuál es el avance en este tema?

La provincia estuvo mucho tiempo sin planificación. Cuando llegué a la Prefectura propuse planificar a este Guayas del presente, pero también planificar el Guayas del futuro.

Hemos asumido las obras que estaban en ejecución y las que estaban por empezar.

La provincia tiene 17.400 kilómetros, de los cuales 630 están concesionados y más del 70% de su presupuesto se iba directamente a esas mismas vías concesionadas.

Era un acto de indiferencia frente al sector rural. Eso es lo que esclavizó a la provincia a que le falten caminos. Nosotros intervenimos en más de 1.380 kilómetros de caminos vecinales.

Por ejemplo, la vía San Pableño-San Isidro, estamos haciendo la vía San Isidro-Boca de Agua Fría, que nos lleva a Santa Ana. Estamos uniendo, no solamente a las juntas parroquiales, sino a las provincias del país.

El presupuesto de la Prefectura es de USD 120 millones y solo tiene USD 17 millones para inversión. ¿Cómo se financian las obras?

El presupuesto es de USD 120 millones, de los cuales USD 102 millones están comprometidos en obras.

Todos estos planes son apuestas a la empresa privada, a través de la figura de servicios bancarios.

Es decir que me entregan las obras en dos años y en ese tiempo comenzamos a pagar, mientras tanto ponemos la casa en orden y disminuimos el gasto en personal. Eso permite liberar flujo.

Esto es posible porque las empresas privadas tienen concentrados dinero y maquinarias, necesitan trabajar. Hemos subido siete procesos al portal de compras públicas.

Además hay interés de Estados Unidos y España en participar en los procesos. Hay que ser creativos en épocas de crisis para hacer una reingeniería de obras.

Otro tema pendiente es el dragado del Guayas, con varios convenios fallidos. ¿Cuál es el plan ahora?

Cuando se dice que hace 52 años que no se ha dragado el río, hay que recordar que esto le corresponde a la dictadura militar que, en 1970, decidió eliminar el Comité Vial, que se encargaba del dragado.

"En el momento en que la dictadura traspasa el dragado a la Prefectura, todo se dificultó".

Susana González, prefecta del Guayas.

Esta administración se rodeó de un equipo técnico que comenzó a validar la información de los sitios donde iban a ser depositados los residuos del dragado.

Justo estamos definiendo los términos para enrumbar el proceso, pero el dragado costará USD 40 millones.

Contamos con USD 13 millones que la Marina devolvió en bonos al Ministerio de Economía. Para el arranque necesitamos USD 8 millones.

Hay empresas interesadas en participar, nos han visitado de embajadas como las de España, China, México, Brasil, que también lo están.

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