Reformas judiciales: El Gobierno dice que no permitirá esas "artimañas"

La reforma al Código de la Función Judicial, aprobada por la Asamblea Nacional, fue vetada totalmente este 23 de mayo por el presidente Daniel Noboa. El texto había sido aprobado en segundo debate apenas dos días antes.

El oficialismo estuvo en contra desde la aprobación del texto en la Comisión de Justicia, presidida por el correísta Fernando Cedeño. La polémica propuesta normativa modifica 25 artículos y es el resultado del análisis de cuatro iniciativas distintas.

Para el Gobierno, ciertas alianzas en el Legislativo, "buscaban esconderse tras el velo de la impunidad". Por lo que el veto total respondería a "una forma diferente de hacer política(...) con un sistema de justicia transparente y sin impunidad".

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Pero, debido a la decisión del Ejecutivo, las reformas quedarán 'congeladas' durante un año, en el que la Asamblea no podrá volver a tratarlas. Y, después de ese plazo, los legisladores pueden volver a decidir el futuro de la normativa en un nuevo debate.

"El Gobierno no permitirá estas artimañas de los mismos de siempre, que quieren usar a sistema de justicia para beneficiar a quienes están del lado de la corrupción, la narcopolítica y la delincuencia", afirma la Secretaría de Comunicación.

Entre los varios cambios aprobados el 21 de mayo, con 92 votos, los legisladores incluyeron uno específico para los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) en el artículo sobre la integración del organismo.

"En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código", decía el texto.

Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario del vocal, el Pleno de la Judicatura suspenderá todas las funciones que lo asisten como miembro del organismo, con excepción del fuero de Corte.

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Mientras tanto, se procederá a la principalización provisional de la o del vocal suplente o alterno, según corresponda, quien recibirá la remuneración que correspondía al vocal reemplazado.

Con esta norma, vocales como Wilman Terán, que fue presidente del Consejo, o Xavier Muñoz, no habrían tenido que renunciar cuando se les dictó prisión preventiva, sino pedir licencia.

Terán y Muñoz son investigados en el caso denominado Independencia Judicial. Además, Terán es uno de los procesados en el caso Metástasis, por presunta delincuencia organizada.