Daniel Salcedo pide ingresar a sistema de protección para delatar caso Purga

Daniel Salcedo, quien enfrenta procesos penales por peculado y delincuencia organizada, aseguró que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las "flechas" para manejar jueces y conseguir sentencias y cambios en la fecha de audiencias en la Corte de Guayas por un valor de hasta USD 150.000.

Aquello consta en la versión libre y voluntaria que rindió Salcedo el 6 de mayo de 2024 ante la Fiscalía General del Estado, a la que solicitó ser ingresado al sistema de protección de víctimas y testigos para colaborar con la justicia en el caso Purga, una investigación que se deriva de Metástasis donde es uno de los 51 procesados por supuesta delincuencia organizada.

"(...) Mayra me presentó a la doctora Fabiola Gallardo (expresidenta de la Corte) y me comentó que podría ayudarme revisando mi caso y viendo que estaba sin fundamentos a una inocencia (sic), para lo cual me preguntó a mí cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda", señaló.

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Salcedo admitió que le requerían USD 150.000, "esto es 50.000 para cada juez y USD 50.000 para Fabiola". Agregó que "ese dinero no se entregó porque a los jueces los estaban rotando, y cada que rotaban ella tenía que hacer un acercamiento con los jueces que se asignaban a mis causas".

Esta trama de corrupción en la Corte provincial es investigada por la Fiscalía como el caso Purga. Según las pesquisas, estaba involucrado Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), por medio de Mayra Salazar, exfuncionara de la Corte.

"A lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que, efectivamente, Mayra y Fabiola eran las flechas para poder manejar a los jueces y poder conseguir sentencias y diferimientos" para las audiencias, agrega.

Identificó al juez Johan Marfetán, otro de los procesados del caso Purga, como operador de Gallardo y que incluso "recolectaba el dinero" para entregarle a la jueza. Dijo que le entregó USD 20.000 por un habeas corpus.

A otro juez procesado, Reinaldo Cevallos, quien estuvo a cargo del juicio que lo condenó a 13 años de cárcel por peculado en venta de insumos a hospitales, reveló que le pagó USD 70.000 por su traslado a otra cárcel.

Asimismo, señaló que el juez Alberto Lino le requería USD 100.000 para declararlo inocente, bajo la amenaza de que si no pagaba lo condenaba con agravantes.

El convicto también admitió que solicitó ayuda para un proceso que enfrentaba su hermano en la Corte de Guayas.