Aunque las distintas fuerzas políticas coinciden en que es necesario revisar las actuaciones de la presidenta de la Asamblea, el proceso para hacerlo no está claro, pues hay dos posiciones contrapuestas.
La crisis que atraviesa la Asamblea ya es innegable para todas las bancadas. La decisión de la presidenta, Guadalupe Llori, de suspender la sesión de este viernes causó molestia en todos los bloques legislativos, por haberles señalado por una decisión que -dicen- fue enteramente suya.
En este escenario, todas las bancadas admiten que hay problemas en el funcionamiento de la Asamblea. Y por ello, todos están de acuerdo con que es necesario resolver este problema de alguna manera.
De momento, hay dos sesiones suspendidas, en las que está apelada la presidencia de Llori. Ambas, con temas cruciales, a criterio de los asambleístas, que necesitan ser tratados en el corto plazo.
¿Cuál es la salida entonces? La mayoría integrada por los correístas de UNES, el partido conservador PSC y los rebeldes expulsados del movimiento indígena Pachakutik viene planteando desde hace más de un mes la necesidad de hacer una evaluación de un posible incumplimiento de funciones del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Pero el enfoque de esta evaluación se ha centrado en los últimos días en la figura de Llori. Sobre todo, después de la suspensión de la sesión de 29 de marzo.
La problemática ha escalado tanto que, incluso, dentro de Pachakutik se ha comenzado a ver con buenos ojos esta evaluación. Pero el problema ahora radica en cómo llevarla adelante.
El problema de la remoción de autoridades
El 9 de marzo de 2018, los asambleístas de ese entonces votaron a favor de la remoción de José Serrano como presidente del Legislativo. Lo hicieron tras una polémica por la difusión de un audio en el que se escuchaba a Serrano conversar con el entonces contralor Carlos Pólit.
El proceso de remoción de Serrano generó cuestionamientos, pues no estaba establecido en la Ley de la Función Legislativa. Por lo que, en las reformas a esa normativa, se incluyó el procedimiento para este tipo de casos.
La ley dice que: la remoción de una autoridad de la Asamblea “procederá en caso de incumplimiento de funciones, luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de cinco miembros designada por el Pleno”. Pero no dice cómo se llega a esa comisión.
Ante este vacío, hay argumentos contrapuestos:
- Del un lado está el criterio de la Procuraduría, emitido por pedido de Llori. Este se basa en que la ley dice que el trámite será el mismo establecido para la destitución de asambleístas. Por lo tanto, para la Procuraduría, el proceso de remoción del CAL o de Llori debería comenzar con la denuncia presentada por un asambleísta, su calificación, y luego la conformación de la comisión multipartidista.
- Del otro lado está el criterio de UNES, el PSC y los “rebeldes”. Ellos señalan que el Pleno, como máxima autoridad de la Asamblea, puede disponer la creación de esta comisión multipartidista para investigar el posible incumplimiento de funciones. Por ello, han planteado el cambio del orden del día para que se trate este tema en al menos dos ocasiones.
Para el oficialismo, hablar de evaluación no es correcto pues en la ley esto no existe. Juan Fernando Flores, coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), aseguró que lo que puede existir es un posible incumplimiento de funciones. “El cuento de la comisión de evaluación no tiene asidero jurídico”, sostuvo.
Para Flores, el problema de la Asamblea va más allá de Llori y el CAL. “El problema no es una persona. Hay fallas en las comisiones, no se pueden instalar porque no hay quorum, hay denuncias incluso de racismo, hay comisiones que tienen 10 meses y no han preparado ni un solo informe”, dijo.
La Izquierda Democrática está de acuerdo en que es necesaria una evaluación. Pero, a criterio de Marlon Cadena, jefe de la bancada, aún no han decidido sobre los caminos para llegar a esto, pues hay un vacío en la Ley de la Función Legislativa.
Esa bancada tomará una decisión antes del lunes. “Hay que defender la institucionalidad, porque lo que puede venir puede ser peor“, dijo Cadena.
Mientras que Pachakutik también analiza internamente el tema, pues hay división. Ricardo Vanegas, por ejemplo, habla de la necesidad de una restructuración de la Asamblea.
La autoconvocatoria
Llori anunció que convocará a una sesión del Pleno este martes 5 de abril, en el que se debatiría sobre el pedido de cambio del orden del día presentado por Fausto Jarrín, del correísmo. En él, pide una resolución para “la creación de la comisión multipartidista para investigar las actuaciones del CAL”.
Pero UNES, el PSC y los expulsados de Pachakutik ya trabajan en la recolección de firmas para la autoconvocatoria. La idea es que el Pleno pueda sesionar el lunes a las 15:00. Para esto, necesitarían entregar el pedido en la Secretaría de la Asamblea hasta mañana (sábado) a las 15:00.
Necesitan el apoyo de 92 asambleístas. Y, para instalarse, necesitan que 70 estén presentes.
La dirección de esa sesión estaría a cargo de los vicepresidentes, si están presentes, o sino de uno de los vocales del CAL.
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