El Procurador propone endurecer las penas en delitos de corrupción

Entre las propuestas para fortalecer los delitos contra la administración pública están el penalizar la "obstrucción de justicia" con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Que, además, implicará la imposibilidad de ejercer cargos públicos por la mitad del tiempo de la pena y, en el caso de lavado de activos, por el doble.

Aumentar a la pena de tráfico de influencias en el sector privado una multa de 300 a 1.000 salarios básicos, así como la posibilidad de la disolución de la compañía y una multa de 500 a 1.000 salarios básicos.

Impedir la suspensión condicional de la pena en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias y oferta de tráfico de influencias.

El documento también sugiere nuevas sanciones en caso de contrabando de combustibles y delitos aduaneros.

Las propuestas de la Procuraduría para reformar el Código de la Producción implican también el fortalecimiento de las Aduanas con el cambio de todo el libro sobre delitos aduaneros.

Entre las sugerencias están la cooperación internacional en materia de contrabando en el marco de acuerdos comerciales y con países de alto riesgo. 

Obligar al Servicio Nacional de Aduana a que presente un informe anual al inicio de cada legislatura, cualitativo y estadístico, sobre la evolución en materia de criminalidad económica respecto a delitos aduaneros.

Así también plantea la creación de un modelo de trazabilidad en materia de operaciones aduaneras de productos sensibles, que permita establecer y llevar un control organizado, con datos de identificación de todos los involucrados en el proceso.

La entidad también sugiere que se creen protocolos de traslado que garanticen la cadena de custodia, junto con la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno. Y que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Aduanas emitan informes trimestrales a la Unidad de Analisis Financiero y Económico (UAFE), sobre las investigaciones de delitos aduaneros.

Y, finalmente, que Aduanas junto a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) implementen un sistema informático de interoperabilidad para mantener un registro común de la importación de teléfonos celulares.

La Procuraduría plantea un cambio importante en la contratación pública al modificar los tipos de compras que se pueden hacer por régimen especial.

En esencia, sugiere que se eliminen de esta categoría las contrataciones de para la ejecución de actividades de comunicación social, la prestación de servicios de asesorías y patrocinios en materia jurídica, las obras artísticas literarias o científicas.

También señala que el Registro Único de Proveedores debe mantenerse actualizado automáticamente. Y otras modificaciones a la participación de proveedores, la adjudicación de contratos, las etapas preparatoria y precontractual, la ínfima cuantía, prohibiciones de contratación.

En cuanto a las reformas judiciales, la Procuraduría plantea que la sala de lo Penal, también sea especializada en temas anticorrupción.

Y agrega que en cada distrito donde se cuente con jueces especializados anticorrupción, el Consejo de la Judicatura deberá integrar por lo menos un Tribunal de Garantías Penales Especializado Anticorrupción.

Estos jueces anticorrupción tendrán como competencia tratar los procesos por infracciones por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo así como aquellos vinculados con actos de corrupción en delitos de lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada y enriquecimiento privado no justificado.