La red de Zoldan revela las vulnerabilidades en las compras públicas

Las compras de insumos médicos y medicamentos tienen reglas especiales. Por tratarse de material de uso humano, especialmente delicado, las leyes establecen procedimientos y requisitos que, sin embargo, no llegan a cumplirse.

Ahora mismo, la Fiscalía investiga a una red de venta de insumos médicos encabezada por la firma Zoldan Corporeishon que opera en el país. La revisión de los más de 300 contratos adjudicados a estos proveedores, por USD 121 millones, pone en evidencia la falla en los controles, que permitió que esta estructura operara durante años.

Los mismos proveedores privados de insumos médicos lo advirtieron. A inicios de la pandemia de Covid-19, la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim) advirtió sobre compras a distribuidores no autorizados. Y en anteriores ocasiones, la Asociación ya emitió alertas sobre esta vulnerabilidad.

La revisión que PRIMICIAS hizo de los procesos de contratación que Zoldan Corporeishon y sus socios tiene pendientes, además, reveló que el Portal de Compras Públicas no publica toda la información de los procesos. Las entidades públicas que contratan omiten subir documentos clave, como las ofertas, que permiten identificar el modus operandi de la red.

Proveedores sin permisos

La Ley Orgánica de Salud, vigente desde 2006, establece una serie de requisitos para las empresas o personas naturales que vendan medicamentos o insumos médicos. El principal es el permiso de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, pero también deben tener una certificación en buenas prácticas de almacenamiento y distribución.

En teoría, solo las empresas o personas naturales que cumplan con esos requisitos pueden contratar con el Estado. Esto incluye insumos (cualquier elemento para uso médico en humanos), artículos dentales, equipos y reactivos de laboratorio.

Pero, estos requisitos no se cumplen. Cuatro de los proveedores que pertenecen a la red de Zoldan Corporeishon no tienen ni siquiera el permiso de funcionamiento, que debe ser otorgado por la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Este es un requisito que los proveedores deberían incluir en sus ofertas y que las instituciones públicas revisar cuando compran insumos médicos. De hecho, el permiso de funcionamiento es un requisito obligatorio que, en el caso de no presentarse, causaría la descalificación del oferente. Pero, eso no ha pasado en estos casos.

Karina Ayala, que tiene adjudicados 16 contratos por USD 6,7 millones, por ejemplo, no tiene permiso de Arcsa. Aún así, fue adjudicada en enero de 2020 con un contrato para proveer de dispositivos de quirófano y esterilización al Hospital Teófilo Dávila, de Machala.

PRIMICIAS solicitó el 29 de julio de 2020 una entrevista con un vocero de Arcsa para analizar esta falta de control. Hasta el cierre de esta edición, no hubo una respuesta.

Ofertas que no son públicas

Los permisos de funcionamiento, registros sanitarios de los insumos médicos y demás certificaciones para vender material médico deberían ser parte de las ofertas que las empresas presenten a las instituciones públicas. Sin embargo, en el Portal de Compras Públicas, estos documentos no aparecen.

La revisión de PRIMICIAS a los 300 contratos otorgados a Zoldan y su red de allegados evidenció que en la mayoría de procesos no es pública la oferta presentada por el proveedor. Los únicos documentos disponibles en el Portal para el público son las actas de calificación de las ofertas.

Según la Ley de Contratación Pública, las instituciones contratantes están en obligación de subir las ofertas al Portal. Pero, esto no se cumple y, por tanto, no permite confirmar si los proveedores presentaron o no esta documentación.

Ese no es el único documento que falta. 150 de los 300 procesos de contratación revisados constan como "adjudicados", a pesar de que hay compras desde 2009. En estos procesos no se han subido contratos, facturas ni comprobantes de entrega y recepción, que darían por terminada la contratación.

Esta práctica no es nueva. PRIMICIAS detectó que hay más de 500 emergencias que no se cierran y constan como "cursando" desde 2017.

Por esa razón, este medio solicitó una entrevista al Servicio de Contratación Pública (Sercop), pero informaron que no tenían espacio en su agenda.

¿Se pasaron las alertas?

El Sercop observó con preocupación uno de los contratos recientes otorgados a Javier Andrade Lara, allegado a Zoldan Corporeishon. Se trata del proceso de contratación de un sistema para espondilolistesis totacolumbar para la Unidad de Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS.

El contrato se firmó en diciembre de 2019 por USD 2,09 millones, después de una negociación porque Andrade fue el único proveedor calificado.

Por esa negociación, el Sercop prendió las alertas. Según un oficio que consta en el Portal de Compras Públicas, la entidad advirtió al Hospital que podía seguir con el proceso de contratación "bajo su propia responsabilidad".

El Sercop advierte que hará un análisis de las especificaciones técnicas, la calificación, los miembros de la Comisión Técnica, el número de veces que dichos miembros han descalificado a participantes para realizar una negociación y otros elementos.

La advertencia se da después de que otro proveedor, Invimedic, denunciara que fue descalificado injustamente para beneficiar a Andrade.

El reclamo de Sercop es de fecha 8 de noviembre de 2019, pero el Hospital decidió seguir con el proceso. El contrato con Andrade Lara se firmó el 23 de diciembre de 2019.

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