La reforma laboral revive las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo

La reforma laboral volvió a la palestra. Después de meses de que el tema quedara en el cajón, el Gobierno anunció la posibilidad de que esta sea incluida en una nueva y futura consulta popular.

La reforma laboral es uno de los principales ofrecimientos de campaña del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, es algo que hasta ahora no se ha concretado, después de que en octubre de 2021 la Asamblea no calificara la megaley de Creación de Oportunidades.

Desde entonces, se mantiene como un pendiente. Y que no se logra concretar dada la tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente alrededor del tema laboral.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue quien habló de la posibilidad de esta nueva consulta popular. En su gira de medios de la primera semana de 2023, ha mencionado en varias ocasiones esta opción que el Ejecutivo analiza.

La idea sería una consulta popular para la creación de una ley. Sin embargo, tendría que pasar todos los filtros en la Corte Constitucional, sobre todo, en el tema de derechos.

Aun así, el oficialismo no ha descartado totalmente enviar la reforma laboral a la Asamblea. Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista BAN, aseguró que esperan que haya un diálogo "en respuesta a la necesidad de los ecuatorianos".

Reviven las tensiones

Las declaraciones de Jiménez no cayeron bien en la Asamblea, controlada por una mayoría opositora integrada por UNES, el PSC y parte de la ID y Pachakutik.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, respondió que no están "para recibir amenazas de absolutamente nadie". Y recordó a Jiménez que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de conversación con él sobre temas legislativos.

"Que lo hagan (llamar a la consulta popular). Pero si van a preguntar al pueblo si quiere que un trabajador que termina su relación laboral indemnice al empleador, la respuesta es lógica", dijo un desafiante Saquicela.

Las declaraciones del titular del Legislativo se refieren a una de las propuestas de la fallida megaley, que es de las que más polémica causó en la Asamblea. Esta proponía que el trabajador que, sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandone intempestivamente el trabajo, debe pagar al empleador una suma equivalente a 15 días de su remuneración.

Por ello, Saquicela acusó al Gobierno de mentir y de usar a la Asamblea como "chivo expiatorio". Y recordó que el diálogo entre ambas funciones sí ha funcionado, como en la Ley de Transformación Digital, que ya fue aprobada en segundo debate y que corresponde a la primera parte de la fallida Ley de Inversiones.

"En la reforma laboral hay que buscar alternativas para que se abra el abanico en beneficio de los que no tienen trabajo. Sin embargo, no hay que ir en detrimento de los derechos adquiridos", sostuvo Saquicela.

La oposición aprieta el acelerador

Saquicela recordó que, aunque el Gobierno no envíe su propuesta de reforma laboral, la Asamblea trabaja en un nuevo Código del Trabajo. Esta tiene como base un proyecto del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), y tiene el respaldo de Pachakutik.

Si llegara a entrar un nuevo proyecto del Ejecutivo sobre el tema, este debería ser unificado en el trámite del nuevo Código del Trabajo, según Saquicela. El problema es que ese tratamiento está demorado.

Salvador Quishpe (Pachakutik) explicó que la Comisión de Derechos Laborales "dejó vencer los plazos" de esa propuesta para que termine archivada. Esa mesa legislativa está dirigida por la oficialista Rina Campain.

Sin embargo, señala Quishpe, gracias a una resolución del Pleno, esa comisión tiene un plazo extra de 90 días para presentar el informe de primer debate del nuevo Código del Trabajo. Este vencería a mediados de marzo.

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