Pese a los anuncios, el nuevo modelo de compras públicas no está listo

La compra individual de medicamentos genera pérdidas por USD 400 millones al Estado. Según el Sercop, el modelo para adquirir fármacos de forma unificada recién estaría en marcha en el segundo trimestre de 2021.

Diez meses han pasado desde que el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 1033. Lo hizo en medio de una ola de escándalos de corrupción por la compra de medicamentos e insumos médicos en la pandemia.

Ese documento, entre otros puntos, reforma el reglamento de contratación pública. Además se dispone la compra unificada o corporativa de todas las medicinas y bienes que utiliza la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

Tras el anuncio, las autoridades de los ministerios de Salud (MSP), Defensa y Gobierno, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), comenzaron a trabajar en la implementación del nuevo modelo. También intervinieron delegados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol) y del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

En un inicio, se proyectó que las modificaciones logísticas estén listas para diciembre de 2020. Y la nueva forma de contratación de medicamentos, con el fin de reducir los casos de corrupción, debía estar en marcha en marzo de 2021.

Nada de esto no ocurrió. Y mientras tanto, según el cálculo del mismo Gobierno, la compra individual de medicamentos le genera al Estado una pérdida de USD 400 millones al año.

El Sercop reconoce un atraso. Según el avance del trabajo, la entidad espera que el nuevo modelo esté operando en el segundo trimestre de 2021. Es decir, entre abril y junio.

Pero en medio de esta planificación interfieren los tiempos políticos. El 24 de mayo habrá un cambio de Gobierno. Resta conocer si la nueva administración sigue con este proyecto o si tiene otros planes para las compras del sector salud.

¿Qué se ha hecho y qué falta?

Luego de la firma del decreto ejecutivo, el Sercop identificó 18 normativas secundarias que debían ser ajustas. El 90% de estas reformas ya está en el Registro Oficial.

El resto están en etapa de validación.

Por ejemplo, la entidad emitió el Reglamento para la gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos. Y aprobó la consulta preliminar de mercado.

Además, la institución tiene listos los documentos precontractuales, los cuales se encuentran en proceso de validación antes de su aprobación. Este es el paso previo a la convocatoria para la selección del operador logístico, que administrará las bodegas y gestionará los inventarios.

Luego de esa contratación, el Sercop deberá acercarse al sector privado para buscar la oferta de los medicamentos y dispositivos. La entidad ya ha adelantado conversaciones con empresas nacionales y extranjeras.

Objeciones del Sercop a las reformas

A la par de los cambios en las compras de medicamentos, el Gobierno también planteó 11 cambios a la Ley de Contratación Pública. Estos fueron incluidos en la recientemente aprobada Ley Anticorrupción.

Esta norma es uno de los acuerdos que el país adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la finalidad de recibir los desembolsos económicos para mejorar la condición económica del país.

La Ley se publicó en el Registro Oficial el 17 de febrero de 2021 y estará en vigencia desde el 16 de agosto del mismo año. La Asamblea dio 180 días para que el Sercop, la Contraloría y otras entidades ajusten sus funcionamientos:

Estos son los cambios:

Entre los cambios de esta ley está la inclusión de un nuevo tipo de peculado. Este se refiere a la evasión de procedimientos de contratación pública. Pero el Sercop asegura que no ha quedado claro el alcance de esta norma, ni lo que constituye una evasión.

También se creó el delito de sobreprecios en contratación pública.

En este caso, en cambio, el Sercop explica que el sobreprecio se calcula con el precio del mercado y no con el precio exacto al momento de la compra. Por lo que considera que la Contraloría y la Fiscalía van a tener problemas para determinar la comisión del delito.

Rechazo al informe de Contraloría

El mayor cambio en temas de compras públicas con la Ley Anticorrupción, es la creación de un informe de pertinencia y favorabilidad, previo a toda contratación pública, otorgado por la Contraloría General del Estado.

Este es el procedimiento para el nuevo informe:

Apenas una entidad pública tenga la necesidad de contratar un bien o un servicio, su máxima autoridad deberá notificarlo a la Contraloría para que elabore el informe previo.
La Controlaría tiene un máximo 15 días para atender esa solicitud. Y en el caso de los procesos bajo el régimen especial de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas
El informe previo deberá ser comunicado inmediatamente a la entidad solicitante y al Sercop y será publicado en las páginas web de la Contraloría y la de la entidad contratante.
En caso de determinarse la pertinencia y favorabilidad para que proceda esta contratación pública, se podrá continuar de manera regular.
De existir algún tipo de irregularidad en la contratación que se pretende efectuar, se suspenderá temporalmente la misma, hasta que la entidad contratante la subsane o aclare en el plazo máximo de 48 horas.

Cuando la entidad contratante no subsane las supuestas irregularidades, la Contraloría notificará a la Fiscalía General del Estado, quien de encontrar elementos de convicción suficientes, dará inicio a las investigaciones.

Esta parte de la ley no fue propuesta por el Ejecutivo. La Asamblea la incluyó durante su debate. El Sercop considera que esta disposición “es ambigua y no queda claro si será antes de iniciar el concurso, antes de adjudicar o antes de firmar el contrato”.

Ni tampoco se aclara en qué tipo de procedimientos o montos se aplicará este informe. Y que de inicio sería para todos.

Según la entidad, aproximadamente hay 800.000 contrataciones al año y este informe afectará a los tiempos de contratación, por lo que consideran que “no es una solución eficaz al problema“.

PRIMICIAS consultó a la Contraloría su versión sobre estos cambios. Pero por temas de agenda el contralor Pablo Celi, el único vocero autorizado, no pudo responder.