La propuesta del Ejecutivo plantea nuevas modalidades de contratación y el acuerdo entre partes para “preservar las fuentes de empleo”. Sin embargo, en la Asamblea hay criterios contrapuestos sobre la propuesta.
Todo un capítulo del proyecto de ley Humanitaria que el Ejecutivo envió el 19 de abril a la Asamblea está dedicado a las reformas laborales.
La propuesta que el Gobierno impulsa busca, según sus argumentos, que las empresas puedan mantener los empleos de sus trabajadores y sobrevivir a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El problema es que la propuesta ha provocado reparos entre los asambleístas, los empresarios y los trabajadores.
Por eso, la Comisión de Desarrollo Económico apunta a cambiar los artículos presentados por el Ejecutivo y hacer sus propios aportes.
Los legisladores vienen trabajando en propuestas de leyes antes de que llegara este proyecto económico urgente. Apuntan a ligar los beneficios para las empresas con la defensa de los empleos pero ¿lo lograrán?
Lo que propone el Ejecutivo
Los cambios en materia laboral se enfocan cuatro puntos:
- El llamado acuerdo entre partes.
- El contrato especial emergente.
- La reducción emergente de la jornada laboral.
Pero los empresarios ya ponen sus objeciones. El 23 de abril de 2020 presentaron sus criterios ante la Comisión de Desarrollo Económico. Piden mayor flexibilidad laboral para que las empresas puedan seguir operando.
Del lado de los trabajadores, la crítica es justo lo contrario. El Parlamento Laboral cuestiona al Gobierno por “cumplir el sueño empresarial de la flexibilidad laboral”.
Mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sugiere la creación de sindicatos para verificar el cumplimiento de los derechos de los empleados.
Los cuestionamientos nacen también de los mismos legisladores. Pabel Muñoz (RC) y Ana Belén Marín (AP) proponen que se incluya en el proyecto de ley la prohibición de los despidos durante seis meses.
El proyecto que impulsa la Comisión de Desarrollo Económico, en la misma línea, condiciona a las empresas para que puedan recibir los beneficios que la ley plantea solo si, tras la crisis, reincorporan a todos los trabajadores a su nómina.
Acuerdo entre partes, primer problema
El Ejecutivo propone que los empresarios y los trabajadores puedan llegar a acuerdos para “modificar las condiciones de la relación laboral”. El acuerdo podrá ser planteado por el empleador o por los empleados, y debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores.
Pero, para los empresarios, es un problema el requisito de la aprobación por parte de la mayoría de empleados. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias, advirtió que esa posibilidad puede llevar a “una situación de conflictos colectivos de trabajo, huelgas y caos”.
El hecho de que el acuerdo entre partes sea colectivo es un escollo para los empresarios, que piden que las negociaciones y los acuerdos sean uno a uno.
Además, el acuerdo entre partes impondría el cumplimiento de requisitos: que no se despida a ningún empleado y que las empresas no repartan dividendos (ganancias) entre sus accionistas mientras dure el acuerdo.
Contrato especial emergente
Se trata de una nueva modalidad de contratación por tiempo definido que las empresas podrán aplicar en dos casos:
- Para impulsar nuevas líneas de negocio o proyectos que requieran la contratación de personal.
- Para empresas que atraviesen “dificultades económicas” y requieran la contratación urgente de personal para incrementar la producción o cubrir obligaciones pendientes.
La propuesta del Ejecutivo señala que estos contratos tendrán un plazo máximo de dos años, con jornada parcial u ordinaria de hasta 40 horas semanales distribuidas en máximo seis días sin sobrepasar las ocho horas diarias.
La Cámara de Industrias, sin embargo, no cree que la iniciativa sea de ayuda para las empresas que están en problemas y sugiere eliminar el límite de horas diarias de la jornada y que las 40 horas se puedan distribuir como mínimo en cuatro días.
Los trabajadores, en cambio, critican la propuesta porque contravendría la Constitución y la ley laboral. A su criterio, la iniciativa va contra el descanso semanal de 48 horas consecutivas establecido en el Código del Trabajo.
La reducción de la jornada laboral
El proyecto de ley plantea que los empresarios puedan reducir la jornada laboral “por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados”. El Ministerio de Trabajo deberá autorizar los casos en los que se puede aplicar esta opción.
La idea es que las empresas reduzcan su jornada de trabajo hasta por dos años y paguen a sus empleados un salario acorde con las horas trabajadas. Los aportes al IESS también se calcularán con la remuneración reducida.
Mientras dure la reducción, los trabajadores no pueden ser despedidos y la empresa no puede repartir dividendos. En este punto, los industriales se oponen y proponen que se elimine el texto sobre los despidos de la ley.
Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), también criticó la propuesta. Para él, las reformas laborales son inconstitucionales y las demandarán ante la Corte Constitucional si se aprueban.
Debate comienza el 24 de abril
La Comisión de Desarrollo Económico terminará con las últimas comparecencias para el análisis del proyecto de ley Humanitaria el 24 de abril. Luego, los legisladores se reunirán con sus asesores para comenzar el debate y la construcción de la propuesta que irá a primer debate en el Pleno.
Los asambleístas esperan incorporar en el proyecto las propuestas legales que las comisiones y otros legisladores han hecho. Hay al menos 14 proyectos de ley que serán tomados en cuenta para incluir nuevos artículos, cambiar algunos y eliminar otros.
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