Ningún 'acuerdo entre privados' podría reemplazar a las leyes

Aunque todos coincidan en que la pandemia por el Covid-19 deja obsoleta buena parte del marco jurídico de Ecuador, la única forma de modificarlo es por las vías legalmente constituidas.

Hoy se cumplen cinco días desde que el Ejecutivo anunciara el envío de un proyecto urgente en materia económica para incentivar el acuerdo entre privados en momentos en que “la realidad supera a la legalidad”, como lo ha explicado el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

El frente económico del Gobierno (Finanzas, Trabajo y Producción) acudió en la mañana de ayer, 15 de abril, a la Asamblea Nacional para explicar el proyecto de ley.

Ante las propuestas ya explicadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el domingo en la noche, el presidente de la Asamblea, César Litardo, mostró una limitada afinidad frente la propuesta del Ejecutivo, porque se necesitan soluciones integrales, no acciones independientes.

Durante una entrevista en Ecuavisa, Litardo dijo que los legisladores llevan esperando semanas por un proyecto con el que enfrentar la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.

“La realidad ha superado a las reglas legales”

Martínez dijo que el país debe reconocer su realidad. Y, bajo ese contexto, la salida que el Gobierno plantea a la crisis se basa en cuatro pilares:

La creación de una cuenta nacional de asistencia humanitaria, financiada por las empresas y los trabajadores.
El diferimiento de impuestos.
El llamado ‘acuerdo entre partes’.
La renegociación de la deuda externa e interna.

La parte medular será el “acuerdo entre privados”, en el que insisten las autoridades desde las cadenas de televisión, incluido el presidente Lenín Moreno.

“La realidad ha superado a las reglas legales y nos obliga a crear nuevos acuerdos”, dijo Martínez. Por lo que contó que el Gobierno planteará en su proyecto legal que “el acuerdo entre las partes sea la nueva norma“.

Según dijo el funcionario, en la cadena del domingo pasado, será algo temporal, ya que “este régimen permitirá que todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de la economía se puedan acordar”.

Para Martínez y Moreno, es la única manera de preservar en lo posible los trabajos y las fuentes de empleo en el país. Por eso piden: “acuerdos cooperativos y equitativos entre las partes”. Y amenazan con todo el peso de la ley a quienes abusen de las circunstancias.

Un acuerdo entre privados no reemplaza la ley

Cualquier proyecto de ley que llegue a la Asamblea Nacional debe respetar la Constitución y los convenios internacionales vigentes en el país.

Por lo que, si el proyecto económico urgente del Ejecutivo interfiere con ese marco, aunque fuese aprobado por el Legislativo, después sería declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional.

Constituciones

El abogado constitucionalista André Benavides explica que no se podrían tomar como literales las declaraciones del ministro de Finanzas. Las medidas del Gobierno deben ser prolijas, para no vulnerar derechos de los ciudadanos ni tomar decisiones que después se dejen sin efecto por inconstitucionales.

¿Se puede decir que de ahora en adelante el acuerdo entre privados será la nueva norma? No es así de sencillo, dice Benavides, porque hacer cosas reñidas con la ley tendrá repercusiones a nivel judicial e internacional.

No se pueden desconocer los derechos de los trabajadores y de los contribuyentes, hacerlo sería actuar bajo la ilegalidad, agrega.

En la situación actual del país es imperativo que las medidas económicas no solo respondan a la coyuntura sino a la institucionalidad.
André Benavides, abogado constitucionalista

El constitucionalista advierte que cualquier acuerdo entre privados debe enmarcarse en tres requisitos:

Que no se vulneren los derechos de ninguna de las partes.
Que sea consentido y no producto de una imposición.
Y que respete el marco jurídico vigente.

Las leyes no pueden ser suspendidas. Se necesitan reformas legales o un régimen de transición.
André Benavides, abogado constitucionalista

Es decir, que mientras no exista una reforma legal que modifique temas específicos, todos los acuerdos deberán respetar la Constitución, la Ley de Servicio Público, el Código de Trabajo, la Ley de Inquilinato y todas las demás normas y resoluciones vigentes.

El límite son los trabajadores

Javier Barba, abogado especialista en derecho laboral, dice que la realidad siempre supera los marcos legales. Pero advierte que Ecuador es un estado de derecho en el que se deben respetar las normas.

Aunque hace una diferencia entre dos ámbitos de la vida legal legítimos en cualquier estado:

El derecho público, en el que se puede hacer lo que establece la ley.
Y el derecho privado, en el que se puede hacer todo lo que no esté prohibido por la ley.

Bajo estas premisas, Barba concuerda con que es totalmente lícito que se deje en manos de las partes el reajuste de las cuentas y deudas pendientes durante estos meses de crisis y confinamiento.

Pero señala que en el escenario laboral las cosas cambian. Por muy dura que sea la situación económica, el acuerdo entre las partes solo puede darse si no implica una merma en los derechos del trabajador.

Es decir, en este tipo de acuerdos no podría pactarse una reducción de salarios, ni de jornada, ni de aportes patronales. Aunque se podría acordar una posterior recuperación de horas y salarios, pero no reducciones.

El mismo ministro del Trabajo, Luis Poveda, dijo que, con una resolución ministerial, se dio paso a la creación de calendarios de pago, debido a que la falta de liquidez en las empresas les impide cubrir todos los salarios actualmente.

Si las partes no llegasen a un acuerdo, se deberán seguir los caminos legales establecidos, dijo Poveda.

Según Barba, la pandemia no es causa legal para aplicar la figura de fuerza mayor y despedir personal, a menos de que la empresa o el negocio esté cerrando sus operaciones y entrando en liquidación. No pueden aplicar fuerza mayor y seguir operando, insiste el abogado, porque eso configuraría un despido intempestivo.

Leyes para el día después

Algo que todos los actores del país tienen en común es la posición de que es necesario modificar varias de las leyes del país, para adaptarlas a la nueva realidad post coronavirus.

El jurista Fabián Corral dice que esta es una época de transición entre el antes y el después de la pandemia, porque “las cosas no van a volver a ser iguales”. Y se necesita modificar la estructura jurídica del país.

Pero advierte, al igual que Barba y Benavides, que cualquier cambio tiene que hacerse siguiendo los caminos legalmente establecidos. Que no se puede obviar el estado de derecho vigente en ningún momento.