La relación Ejecutivo-Legislativo se definirá con la proforma presupuestaria

La Asamblea debe recibir la propuesta de presupuesto general para lo que queda de 2021. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa buscan que la Asamblea tenga un papel menos pasivo en este aspecto, y en las rendiciones de cuentas.

La nueva Asamblea cumple este viernes tres semanas en funciones, con un ritmo de trabajo lento, enfocado en la definición de agendas.

Pero más allá de sus labores en la aprobación de leyes y tratamiento de propuestas que tiene en sus manos, el Legislativo tiene pendiente una acción que marcará el futuro de su relación con el Ejecutivo: la revisión de la proforma presupuestaria.

El presidente Guillermo Lasso debe presentar a la Asamblea en los primeros noventa días de gestión la proforma presupuestaria para lo que queda de 2021; además de la programación presupuestaria cuatrianual. El Estado actualmente funciona con el presupuesto de 2020 prorrogado, como lo dispone la Constitución para los años de elecciones.

La definición de la proforma mostrará las prioridades presupuestarias del Gobierno de Lasso. Pero también puede ser el primer ‘pulso’ con la Asamblea, en la que no tiene una mayoría sólida que le garantice pasar sin problemas.

La Asamblea, según dice la Constitución, puede aprobar u observar, en los treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Pero, esas observaciones solo “serán por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma“.

Una Asamblea que busca más control

La anterior Asamblea, en la última reforma a la Ley de la Función Legislativa, incluyó la creación de una Unidad Técnica de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado. Esta dependencia se encargará de analizar la proforma y los reportes semestrales de ejecución presupuestaria, para realizar informes al respecto.

Además, cambió el artículo sobre las observaciones que la Asamblea puede hacer a la proforma. Aparte de revisar que ésta se adecúe a la Constitución, las leyes y el Plan Nacional de Desarrollo, el Legislativo controlará “la aplicación de criterios de progresividad y no regresividad en derechos y, reducción de las desigualdades”.

Las reformas respondieron a una necesidad de que la Asamblea deje de tener un papel “pasivo” frente a la definición del Presupuesto General del Estado. La Constitución solo le permite a la Asamblea hacer “observaciones” a la proforma, únicamente en los sectores de ingresos y gastos.

Y, aunque la potestad de la Asamblea no da para más, a Lasso se le puede complicar la aprobación de la proforma; sobre todo, porque el oficialismo no logró retener el control de la Comisión de Régimen Económico, que se encarga del análisis.

Rendición de cuentas: otro ámbito con mayor control

El segundo aspecto en el que la nueva Asamblea busca tener un papel más activo es en el del control de las rendiciones de cuentas. Este 3 de junio de 2021, el Pleno resolvió que la Comisión de Régimen Económico revise la presentada por el presidente saliente Lenín Moreno.

Esta obligación ya estaba en la Ley de la Función Legislativa antes de su reforma, pero casi nunca llegó a aplicarse. La normativa no establece qué es lo que se puede analizar, revisar o verificar, pero la comisión debe realizar un informe para conocimiento del Pleno.

Pero la asambleísta Dallyana Passailague (PSC) recordó que, desde 2012, no se ha podido llevar a cabo este control.

Sin embargo, más allá del control a la rendición de cuentas de Moreno, esto también puede marcar la pauta para una vigilancia más estricta de ahora en adelante. Y esto podría llegar a afectar a Lasso.

Si bien el control no tiene una sanción o efecto concreto, este es otro tema en el que la relación Ejecutivo-Legislativo puede llegar a tensarse.