La Corte, integrada por nueve jueces, podrá intervenir en el caso de una posible muerte cruzada o destitución del Presidente desde la Asamblea. El concurso para reemplazar a tres magistrados encontró su primer tropiezo.
La pugna política entre la Asamblea y el Ejecutivo sufrió una nueva escalada cuando el presidente Guillermo Lasso habló de frente de la muerte cruzada. Este nuevo episodio del enfrentamiento entre ambas funciones del Estado ocurre en medio del proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, una institución que será crucial si las amenazas llegan a concretarse.
La Corte es el máximo organismo de control constitucional. Según la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tiene poder de decisión ante la posible disolución de la Asamblea, o ante la posible destitución del Presidente.
Es decir, los pronunciamientos de la Corte pueden ser decisivos en medio de la pugna de funciones. Por ello es tan importante su proceso de renovación parcial, que avanza lentamente y entre tropiezos, pues parte de los candidatos no llegó a tiempo, y la otra parte no cumple los requisitos.
Incluso los tiempos políticos van a cruzarse con la renovación parcial de la Corte. La investigación de la Asamblea sobre los ‘Pandora Papers’, que amenaza con la destitución del presidente Guillermo Lasso, terminará en un mes. Es decir que para finales de noviembre podría existir una decisión del Pleno, después de la investigación.
Mientras que la muerte cruzada de la que habla Lasso quedaría para inicios del próximo año, pues hasta fin de 2021 aún hay compromisos con el FMI cuyo incumplimiento pondría al país en problemas económicos.
Dos causales dependen de la Corte
La llamada muerte cruzada es la potestad que tiene el Presidente para, en sus primeros tres años de mandato, disolver la Asamblea Nacional. En este caso, se llamaría a elecciones para escoger a un nuevo Presidente y una nueva Asamblea.
La muerte cruzada se puede convocar por tres causales:
- Cuando el Legislativo se haya arrogado “funciones que no le competen constitucionalmente”, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Si de forma reiterada e injustificada la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
Es decir, que la Corte entraría a hacer un control previo de esta posible destitución de la Asamblea solo en los casos de presunta arrogación de funciones. En los otros casos, la Constitución no establece este paso.
El escenario es similar para la destitución del Presidente desde la Asamblea. Esta se puede dar por dos causales:
- Por arrogarse “funciones que no le competan constitucionalmente”, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
De allí que en ambas situaciones es posible evitar el control de la Corte Constitucional si las causales escogidas, de llegar a concretarse por parte de Lasso o sea por la Asamblea, no son las de arrogación de funciones.
El papel de la Corte en ambas casuales es verificar si los actos imputados constituyen o no una arrogación de funciones. Pero si esta no es la causal, este control no existe.
Por otra parte, sea destitución o muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá llamar a elecciones para escoger a un nuevo Presidente y a una nueva Asamblea.
El proceso de renovación parcial va lento
Los nueve magistrados de la actual Corte Constitucional cumplen tres años en funciones en febrero de 2022. Hasta esa fecha, tres jueces deberán ser reemplazados en la primera renovación parcial del organismo.
Las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia presentaron sus candidatos a jueces el 11 de octubre pasado. Pero ninguno de ellos, de momento, está dentro del concurso.
Mientras que los tres candidatos de la Asamblea no llegaron a tiempo. Según el reglamento del concurso, las candidaturas debían ser presentadas el 11 de octubre, en horario de 09:00 a 17:00. Pero el Legislativo envió su correo electrónico a las 22:18, según un comunicado público.
En tanto que los seis candidatos del Ejecutivo y de la Función de Transparencia no cumplirían con los requisitos para ser juez constitucional, según informaron miembros de la Comisión de Selección. Ellos aún tienen plazo para subsanar estos errores, y de ser el caso podrán cambiar de candidato.
Pero otra opción es declarar desierto el concurso y comenzar de nuevo desde cero. La Comisión de Selección tomará una decisión la próxima semana.
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