660 instituciones, entre gobiernos autónomos, ministerios, empresas públicas y cuerpos de bomberos, se han declarado en emergencia por la propagación del coronavirus. El Gobierno ofreció transparencia, pero las principales entidades no tienen datos disponibles.
Entre el 29 de febrero y el 31 de marzo, han sido subidas al portal de Compras Públicas 706 declaraciones de emergencia.
Todo tipo de instituciones estatales, especialmente los gobiernos autónomos, han iniciado contrataciones directas por la crisis sanitaria.
Desde entidades enormes, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hasta los gobiernos parroquiales o los cuerpos de bomberos han emitido resoluciones de inicio de emergencia. Esto les permite, según la Ley de Contratación Pública, hacer compras directas, “a dedo”, en tiempo récord.
Justamente el IESS declaró la emergencia e inició la compra de insumos médicos con sobreprecio. El proceso de compra se detuvo por denuncias ciudadanas y la Fiscalía intentó allanar las instalaciones de la firma a la que se le adjudicó el contrato, pero resultó ser una empresa “de papel” o de fachada.
Para evitar la corrupción, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció el 29 de marzo que las compras por la emergencia del Covid-19 se verían “en línea y en tiempo real” por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Pero la metodología para lograr esta suerte de registro en tiempo real, sin embargo, aún no ha sido anunciada.
Nuevas reglas, pocos cumplen
El Servicio de Contratación Pública (Sercop) ya tiene nuevas reglas para el manejo de las compras bajo el régimen de emergencias en vista de la crisis desatada por la epidemia de coronavirus.
El 19 de marzo, el Sercop emitió reformas sobre las emergencias, entre ellas el que las instituciones públicas deben subir en el Portal de Compras Públicas un informe sobre los contratos firmados y sus adjudicatarios cada 10 días.
La mayoría de instituciones que se han declarado emergencia por la crisis sanitaria, sin embargo, no han cumplido con ese mandato todavía.
Transparentar esos informes es clave, pues los contratos por emergencia demoran meses en ser subidos a Compras Públicas, donde la ciudadanía puede revisarlos.
Por ejemplo, la Asamblea Nacional se declaró en emergencia en octubre de 2019 por el paro nacional. Hasta abril de 2020, el proceso sigue como “cursando emergencia” y no hay un solo contrato disponible al ojo público.
Lo mismo sucede con el Ministerio de Defensa, que no ha subido al portal ningún contrato de los que se firmaron en la emergencia por el paro.
¿Quién contrata por emergencia?
Hasta el 31 de marzo de 2020 había 706 resoluciones de emergencia que corresponden a 660 instituciones. La mayoría son gobiernos autónomos descentralizados, que se encargan de cumplir las decisiones del COE en cada una de sus jurisdicciones.
Hay instituciones que tienen varias declaraciones de emergencia, a pesar de que dentro de cada declaración se pueden hacer distintas contrataciones.
Por ejemplo, la holding estatal de empresas de electricidad Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) tiene 15 declaraciones de emergencia y los municipios de Quito y de Guayaquil, siete cada uno.
La declaración de emergencia permite a las autoridades comenzar procesos de compra expeditos sin que haya una competencia o una licitación de por medio.
Una licitación o un concurso abierto normalmente son mecanismos para que los aspirantes a ser proveedores del Estado compitan entre sí para ofrecer un mejor precio.
¿Qué hay dentro de los procesos?
El Ministerio de Salud, por ejemplo, se declaró en emergencia el 18 de marzo de 2020 y hasta el viernes 3 de abril no tenía información disponible en Compras Públicas sobre las contrataciones que está haciendo.
En su página web, sin embargo, hay listados de insumos, equipos y medicamentos que el ministerio está adquiriendo para hacer frente a la emergencia. Aunque sin información sobre los oferentes o sobre qué contratos ya fueron adjudicados.
Los ministerios de Agricultura, Inclusión Económica y Social, Defensa, la Secretaría de Riesgos, el ECU-911 y la Presidencia de la República también están en emergencia pero al 3 de abril no tenían ni un solo contrato cargado en el portal del Sercop.
Lo mismo sucede con los mayores hospitales de la red pública de salud, como el Teodoro Maldonado Carbo, el Eugenio Espejo, el Monte Sinaí y el Carlos Andrade Marín.
El Instituto de Investigación en Salud Pública, a cargo de las pruebas de coronavirus, tiene en el portal solo una compra de reactivos para detección del virus, por USD 22.320, contrato otorgado a la empresa Simed S.A.
El Municipio de Quito ha registrado dos contratos, uno para adquirir 230 galones de alcohol en gel USD 3.887, y otro para mascarillas y guantes, por USD 20.025.
El Municipio de Guayaquil, en cambio, no tiene contratos pero habla de compras de azitromicina, desinfectante, cajas de guantes y mascarillas.
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es una de las pocas entidades que sí registra contratos. En Compras Públicas constan tres procesos para la compra del alcohol, guantes y cloro.
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