El dirigente correísta “daba órdenes con el fin de mantener su personal en las calles con actos vandálicos”, dijo el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, durante la audiencia de vinculación.
Desde el martes 5 de noviembre, sobre el dirigente correísta pesa una orden de prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas.
Tras ser vinculado al caso que investiga el presunto delito de rebelión (sancionado con tres a siete años de prisión), el dirigente de Revolución Ciudadana fue trasladado a la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.
Entre los elementos que sustentan la acusación por rebelión contra Hernández, el fiscal de Pichincha mencionó reuniones en la Prefectura de Pichincha, conversaciones telefónicas y un tuit.
Las llamadas telefónicas citadas por el fiscal son las mismas que se usaron para procesar a Paola Pabón, prefecta de Pichincha; Christian González, militante del correísmo, y Pablo del Hierro, colaborador de Hernández.
En la primera, del 8 de octubre, Hernández pacta una reunión en la prefectura con su interlocutor, registrado como “Roberto”.
En la segunda, de ese mismo día a las 14:52, Hernández habla con una persona identificada como “Gaby”. Él le dice que el lugar más seguro para reunirse es la Prefectura, tras mencionar “que se tomaron la Asamblea”.
Ese día, indígenas y organizaciones sociales se tomaron por cerca de una hora las instalaciones del palacio Legislativo. Lograron llegar hasta el salón del pleno, pero fueron desalojados por los militares y la Policía.
En la tercera llamada citada por la Fiscalía, Hernández habla con Pablo Del Hierro, quien ha sido identificado como su colaborador:
Una supuesta coordinación con las provincias
La intervención de los teléfonos celulares de los correístas también daría la pista sobre la supuesta coordinación de acciones en provincia y sectores cercanos a Quito:
- Hugo Veloz habla con alguien identificado como MD, que utiliza el número de Hernández. Veloz llama desde Santo Domingo de los Tsáchilas y le pregunta si “aplica para viajar a Quito y que coordine con Cristian González”, contó el fiscal.
- En otro contacto, el exasambleísta habla con un hombre identificado como “tío de Diego Ibarra”, quien se comunicado desde Pedernales, Manabí. Hernández le dice que en Quito “la cosa está fuerte” y “pide a la gente en todo lado que se pare bien”. Le responde Pablo del Hierro: “La gente está reunida y pendiente de las noticias”
- El 9 de octubre, a las 17:23, Edwin Oña le habría pedido confirmar si eran ciertos los mensajes en redes sociales que ubicaban al presidente Lenín Moreno en la base militar La Balbina, en el valle de los Chillos, al sur de Quito. Esa noche, el lugar fue atacado por una turba, recordó el fiscal.
El tuit
El fiscal también leyó un tuit escrito, supuestamente, un día antes de que entre en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 883, emitido el 1 de ocrubre.
Ese mensaje decía, según el fiscal, “Nosotros nos sumamos y convocamos a resistencia generalizada en todo el país, en las provincias se están organizando para tener protestas, vamos a ser muy claros en esto, el gobierno tiene la disyuntivo de que se cae el paquetazo o se cae el gobierno”.
La Fiscalía dice que ese mensaje ocasionó actos vandálicos con la finalidad de afectar la estructura estatal y generar la caída del gobierno.
Ese tuit específico ya no aparece en la cuenta de Hernández, sin embargo él repitió ese argumento, al menos, durante dos días más:
Reuniones en el piso 21 de la Prefectura
Edificio de la Prefectura de Pichincha en el Centro de Quito. Foto: Prefectura.
La Fiscalía tiene otra prueba contra los correístas: la versión libre y voluntaria de Germán Terreros Naranjo, funcionario de la Prefectura de Pichincha. Él es el encargado de la seguridad, el transporte y la reparación de vehículos.
Naranjo declaró que Paola Pabón, tras posesionarse del cargo, hizo desconectar y sacar todo el sistema de seguridad que existía en el piso 21 de la Prefectura. “Hizo deshabilitar el sistema, ya que había circuito cerrado de televisión local”, dijo el fiscal durante la diligencia del martes.
Con esta medida, los funcionarios de la prefectura no podían ver a quienes se reunieron en el piso 21.
Terreros Naranjo, sin embargo, declaró que “al inicio ingresaban por la planta baja, ahí se les vio a Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira, señor Tuárez, pero luego comenzaron a ingresar por el parqueadero y que vio personalmente a Virgilio Hernández antes de las protestas del 2 de octubre de 2019″.
Con la vinculación de Hernández, la instrucción fiscal se ampliará de 90 a 120 días. Esto significa que terminaría el 15 de febrero de 2020.
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