La Fiscalía intervino las comunicaciones de los líderes del correísmo. Las conversaciones revelan supuestos movimientos para financiar las protestas, la preparación de los manifestantes, las líneas del discurso político e incluso las alertas que recibieron. En investigación está un supuesto delito de rebelión.
La Fiscalía tiene dos certezas en la investigación abierta en contra de los líderes del correísmo por el supuesto delito de rebelión.
La primera: existió “intervención por parte de los procesados en las manifestaciones a través del financiamiento de las personas que se encontraban protestando por las medidas económicas”.
La segunda: entre los correístas hubo el “concurso y las reuniones” entre los líderes del correísmo para “subvertir al pueblo ecuatoriano, para encender las manifestaciones con la finalidad de derrocar el gobierno constituido”.
Alberto Santillán, fiscal provincial de Pichincha, explicó su tesis durante la audiencia de formulación de cargos contra Paola Pabón, prefecta de la provincia, Christian González y Pablo del Hierro, que se desarrolló el 15 de octubre.
¿De dónde nace la certeza de la Fiscalía? Esa institución accedió, con orden judicial, a las llamadas telefónicas entrantes y salientes, mensajes de voz, mensajes de texto, transmisión de datos, de voz así como a correos electrónicos, redes sociales, video conferencias y multimedia de:
- Paola Pabón, prefecta de Pichincha.
- Virgilio Hernández, prófugo.
- Gabriela Rivadeneira, asambleísta refugiada en la embajada de México.
- Luis Flores Ruales, esposo de Rivadeneira.
- Christian González, detenido.
La coordinación entre ellos era, según la Fiscalía, básicamente telefónica.
PRIMICIAS
Pero, también hubo reuniones en las que se habría usado el edificio de la Prefectura de Pichincha. El fiscal, en su intervención, incluso esbozó el rol que habría tenido cada uno.
PRIMICIAS
Como PRIMICIAS lo adelantó el martes, sus comunicaciones fueron intervenidas entre el 7 y el 14 de octubre de 2019.
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Según las interceptaciones a los teléfonos celulares de Hernández y Del Hierro, se presume que ellos habrían conocido de antemano la existencia sobre las órdenes de prisión dictadas en su contra.
En un diálogo, probablemente mantenido poco antes de los allanamientos a sus domicilios (14 de octubre de 2019) y de que se hicieran efectivas las detenciones, Hernández -que en ese momento era el secretario del movimiento Fuerza Compromiso Social- habría hablado de un mensaje de audio:
En las conversaciones grabadas, Hernández confirma que la sede de la Prefectura de Pichincha era un sitio de reunión:
El miércoles 23 de octubre se cumplen nueve días desde que se emitieron las órdenes de prisión, pero aún se desconoce el paradero de Hernández.
La logística
Las conversaciones de Christian González, identificado como cercano a Paola Pabón, prefecta de Pichincha y detenida en la cárcel de Latacunga, revelarían el “trabajo” que se realizaba para preparar a los manifestantes:
Pabón también comentaba las líneas de acción política que debían ejecutarse, como por ejemplo, la solicitud de destitución del presidente de la República -que los correístas llevaron sin éxito a la Asamblea- o los pedidos de renuncia de los ministros:
Los correístas, al parecer, también sospechaban que sus teléfonos podrían haber estado intervenidos. Tanto que una persona, identificada como Wilfrido Loor, recibe una llamada en el teléfono celular de Pabón, en la que su interlocutor evita dar detalles “por teléfono”:
Los indicios
La descripción de esta y otras pláticas fue parte de la formulación de cargos realizada por el fiscal Santillán, en la audiencia ante el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta.
También narró que en el allanamiento al domicilio de Christian González “se encontró una libreta de registro de movimiento de dinero para el pago a las personas, se presume que estos USD 740.000 fueron utilizados para financiar las manifestaciones”.
En la casa de Pabón, en cambio, uno de los teléfonos fue encontrado “debajo del colchón”. En su vehículo, encontraron “un soporte de cartón con un texto que dice: ‘Moreno Romo fuera abajo paquetazo‘”.
La Fiscalía también allanó los domicilios de Hernández, González, Del Hierro, la sede del movimiento Fuerza Compromiso Social y la Prefectura de Pichincha.
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