Desde los primeros anuncios de movilizaciones, el movimiento de la Revolución Ciudadana se dedicó a minar el poco capital político del Gobierno y a movilizar a sus bases a las calles. El Ejecutivo los acusa del caos, pero ellos se declaran perseguidos políticos.
Nota actualizada a las 10:50, del lunes 14 de octubre de 2019.
Los primeros en salir a las calles, cuando se anunció el paro nacional del transporte, fueron los dirigentes del correísmo que aún permanecen en el país, la mayoría de ellos amparados por el fuero de corte que les otorgan sus curules legislativas.
El primer enfrentamiento con la fuerza pública se dio así la noche del miércoles 2 de octubre. Desde ahí, la violencia siguió escalando por el país, especialmente, en los puntos de concentración de la protesta social.
Y los seguidores del expresidente Rafael Correa se han dedicado, sobre todo a través de las redes sociales, a exacerbar los ánimos y hacer llamados a “generalizar la lucha”. Su principal objetivo es sacar al presidente Lenín Moreno del poder.
El comunicado emitido por el movimiento Revolución Ciudadana, de ese día martes, cerraba con una advertencia: “Llegó el momento de la gran disyuntiva del Gobierno de Moreno: derogar el paquetazo o poner en riesgo su estabilidad”.
Y así fue. En medio del anuncio de las medidas económicas -la principal la eliminación del subsidio a los combustibles-, y de las movilizaciones anunciadas por transportistas, indígenas, sindicalistas y otras organizaciones sociales, la bancada legislativa del correísmo intentaba posicionar su propia agenda.
El bloque pedía que la Asamblea destituya al Primer Mandatario y que se adelanten las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para 2021, que según su discurso era el pedido “del pueblo”. Incluso Correa llegó a ‘ofrecerse’ como candidato presidencial.
Pero no fue solo eso. Ante la fuerza de las primeras manifestaciones y enfrentamientos con la Policía, el presidente Moreno decretó el estado de excepción en todo el país, para permitir que Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna.
Fue entonces que, reclamando una supuesta inacción del Legislativo, la Revolución Ciudadana pidió a la Defensoría del Pueblo que suspenda la medida.
Los preparativos para enfrentar al Gobierno en las calles siguieron entre los colectivos del movimiento, empezando desde la coordinación nacional para “analizar futuras acciones”. Así también, impulsaban manifestaciones en las distintas provincias, ya sea en persona o desde las redes sociales y con los líderes locales que los respaldaban.
Paralelamente, el expresidente Correa y el excanciller Ricardo colaboraban en la batalla informativa, desde el exterior y vía digital, bajo la etiqueta de #YoTambiénSoyZángano. Así como en la época de los forajidos, que derrocaron a Lucio Gutiérrez, el correísmo llamaba a la ciudadanía a unirse a esta tendencia.
Los “zánganos” se apropiaron del calificativo que les dio el Primer Mandatario, quien, desde el inicio de las manifestaciones, ha repetido incansablemente que sus excompañeros de partido se encontraban detrás de un intento de golpe de Estado para desestabilizarlo.
Cadena nacional, tras cadena nacional, Moreno ha responsabilizado al expresidente Correa y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de organizar desde Caracas la estrategia para caotizar el país. “¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela?”, cuestionó.
Según el Mandatario, los grupos violentos y no identificados que radicalizan la protesta social son “individuos externos pagados y organizados”, que “están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso”.
Sin embargo, la Revolución Ciudadana lo niega. Aunque la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aceptó que cuando Correa visitó Caracas, varios dirigentes del movimiento viajaron a reunirse con él.
Pero el 7 de octubre, en Nueva Loja, Sucumbíos, sucedió algo inusitado. Un grupo de manifestantes intentó tomarse la estación de bombeo Lago Norte Uno. Entre ellos uno de los dirigentes locales del correísmo, el asambleísta Yofre Poma.
El anuncio de la movilización indígena hacia la capital y la suma de los sindicatos y organizaciones sociales, para la gran marcha del miércoles 9 de octubre, abrió nuevos escenarios de protesta social en todo el país. Los cierres de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden se intensificaron.
Estas manifestaciones se prestaron para encubrir otras acciones, de tipo delincuencial: saqueos, retención de uniformados y autoridades, ataque a florícolas y lecheras e incluso a regimientos militares y quemas de Unidades de Policía Comunitaria. Siempre por grupos no identificados. Asimismo hubo denuncias de amotinamientos en prisiones y fugas de prisión.
Pero, ante las continuas acusaciones del Gobierno, los dirigentes del correísmo insistieron negar cualquier vinculación con los actos delincuenciales.
Sin embargo, las manifestaciones de los indígenas y el sindicalismo recibieron un inexplicable apoyo del correísmo.
Varios dirigentes y simpatizantes replicaban los comunicados y denuncias de la Conaie en redes sociales. También los de las organizaciones de derechos humanos que antes criticaban. Y pedían la intervención de organismos internacionales que durante una década descalificaron, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Incluso, algunos, como la legisladora Amapola Naranjo, agradecieron al movimiento indígena por “ofrendar sus vidas”. Mientras que, a la vez, el mismo Correa los tachaba de oportunistas.
El caos en la capital empezó a incrementarse el martes 9 de octubre, con la toma de la Asamblea Nacional y el primer intento de tomarse la Contraloría. Sin embargo, quienes buscaban esa oportunidad tuvieron que esperar: la marcha indígena fue pacífica y la excesiva represión de las fuerzas públicas, del miércoles por la noche, lo impidieron.
Pero lo peor llegó este sábado 12 de octubre. En medio de la indignación del movimiento indígena, grupos no identificados aprovecharon para incendiar la Contraloría, donde se encuentran todas las investigaciones por mal uso de recursos públicos.
Por lo que Pablo Celi, titular de la entidad, advirtió que esto evidenciaba una “conspiración planificada“.
El caos se incrementó porque, a la vez, distintos grupos atacaban medios de comunicación y saqueaban en diferentes sectores. Y el gobierno se vio obligado a adelantar el toque de queda en Quito y militarizar la ciudad, para intentar recuperar el orden.
Mientras tanto, el movimiento indígena intentaba desmarcarse de estos hechos. Pero varios de sus dirigentes ya habían aceptado no tener el control de todas sus bases y el mismo Salvador Quishpe reconocía que las manifestaciones están “bajo el control del correísmo”.
Esa misma mañana, la Revolución Ciudadana insistía en que se levante el estado de excepción y del toque de queda.
Y por la tarde, Virgilio Hernández, llamaba la ciudadanía a diversificar los puntos de las manifestaciones para “evitar que la represión se concentre en Arbolito”. (sic.)
Mientras todo esto sucedía, la legisladora Gabriela Rivadeneira, también de la bancada correísta, buscaba refugio en la Embajada de México, en Quito. Allí pidió asilo político, porque sostiene que ha sido amenazada.
En medio del caos, la violencia y un intento atropellado de diálogo con las organizaciones sociales, el Gobierno anunció este domingo la detención de la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, por el presunto delito de asociación ilícita.
La mañana de lunes 14, la Fiscalía confirmó la detención de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y el allanamiento de la vivienda de Virgilio Hernández, quien se habría refugiado también en la embajada de México.
Y las autoridades aseguran que continuarán investigando para dar con los culpables de los hechos de estos días.
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