La bancada correísta acusa al ministro de Finanzas de incumplimiento de funciones por cuatro causales. Mientras que el legislador Jimmy Candell (BIN) impulsa otro proceso de fiscalización. Los procesos deben ser calificados por el CAL para avanzar en el trámite.
El asambleísta Jimmy Candell (BIN) presentó este 2o de abril de 2020 un pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por incumplimiento de funciones.
Candell acusa a Martínez de haber vulnerado principios constitucionales y legales al haber reducido los presupuestos de las universidades en medio de la emergencia sanitaria. Para el legislador, este recorte se hizo “de forma ilegal, arbitraria y anti técnica”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 45 asambleístas del Bloque de Integración Nacional (BIN), Creo, el Partido Social Cristiano, Alianza PAIS, Revolución Ciudadana y SUMA.
Revolución Ciudadana también impulsa un proceso de fiscalización
Este es el segundo pedido de juicio político contra Martínez. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la bancada Revolución Ciudadana, presentó el 18 de abril de 2020 otra solicitud de juicio político en contra Martínez, que cuenta con el apoyo de 36 legisladores de diferentes bloques.
Lloret acusa a Martínez de incumplimiento de funciones, por cuatro causas:
- No ejecutar la reducción de costos de servicios financieros “pese al clamor ciudadano”
- Firmar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin contar con autorización del Comité de Deuda
- Emitir bonos internacionales en 2019 destinados a gasto corriente
- Recortar “de manera arbitraria” el presupuesto del sistema nacional de educación
“El ministro Martínez priorizó los intereses económicos de los tenedores de bonos 2020, pese al pedido de la Asamblea Nacional de que no se pague la deuda”, señaló Lloret en un video en sus redes sociales.
La solicitud cuenta con el respaldo de los legisladores de Revolución Ciudadana, los independientes Carlos Bergmann, Viviana Bonilla, Karla Cadena, Kharla Chávez y Lourdes Cuesta. Además, de Raúl Tello (BADI) y Silvia Salgado (socialista).
Ambos pedidos deberán pasar al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para la revisión de sus requisitos, y luego deberán ser enviado a la Comisión de Fiscalización.
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