Sábado, 20 de abril de 2024

Irregularidades desde 2012 en la construcción de hospitales en Esmeraldas

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

5 Nov 2020 - 0:03

Hospital de Esmeraldas

Autor: Estefanía Celi

Actualizada:

5 Nov 2020 - 0:03

El nuevo hospital de Esmeraldas Delfina Torres de Concha, fue inaugurado en 2017 por el entonces presidente Rafael Correa. - Foto: El Ciudadano

Un informe de Contraloría encontró problemas en el contrato del nuevo hospital Delfina Torres Concha, en Esmeraldas. La construcción comenzó sin estudios definitivos, sin permisos e incluso sin contratos. Los perjuicios ascenderían a más de USD 2 millones.

La construcción del nuevo hospital Delfina Torres Concha, en el sur de Esmeraldas, de 200 camas, es el objeto de un nuevo examen de Contraloría. La obra, una de las emblemáticas del correísmo, tuvo un costo de USD 76,22 millones.

La contratación estuvo a cargo del Instituto de Contratación de Obras (ICO), luego llamado Servicio de Contratación de Obras (Secob). El informe confirma que las irregularidades en esa institución -ahora en proceso de liquidación- comenzaron en el anterior Gobierno.

Falta de estudios, permisos municipales y de Bomberos, licencias ambientales y expropiación de terrenos son parte de las irregularidades halladas por la Contraloría. Según la auditoría, esto causó demoras en la construcción y generó perjuicios al Estado.

Trabajos en el antiguo hospital Delfina Torres Concha

En 2012, el ICO comenzó el trámite de una reconstrucción y ampliación del hospital Delfina Torres Concha, que funcionaba en la capital de Esmeraldas desde 1936.

En total, se invirtieron USD 12,38 millones, pero en 2014, comenzó la construcción del nuevo Delfina Torres, en el sur de Esmeraldas.

Esa reconstrucción y ampliación comenzó con irregularidades, según Contraloría.

El ICO contrató en diciembre de 2012 los estudios y diseños integrales de la remodelación y ampliación de la infraestructura física, diagnóstico y diseños de los sistemas eléctricos, gases medicinales, climatización, seguridad industrial, ocupacional y licenciamiento ambiental.

Pero el contrato estaba lleno de errores. Dos cláusulas determinaban que los estudios correspondían al Hospital Abel Gilbert Pontón, de Guayaquil, y que el lugar de prestación de los servicios, era la ciudad de Tena, provincia del Napo.

Además, Contraloría no pudo verificar la existencia de todos los estudios que fueron contratados. Parte de los planos no tenían firma de responsabilidad, ni aprobación del GAD de Esmeraldas.

El ente de control también encontró que, en los expedientes de las contrataciones, no había los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados; planos y cálculos; especificaciones técnicas; análisis de precios unitario y programación de la obra.

Tampoco contaba con una licencia ambiental ni permisos municipales.

Nuevo hospital Delfina Torres Concha

A pesar de las remodelaciones en el antiguo hospital, el gobierno de Rafael Correa decidió construir uno nuevo, en el sur de Esmeraldas. El contrato se firmó en junio de 2014, y fue adjudicado por el ICO a la empresa China CAMC Engineering Co.

Al igual que en la remodelación del antiguo hospital, esta obra tiene planos sin firma de responsabilidad y sin sellos. Además, la construcción empezó sin una licencia ambiental vigente y sin permisos ni del Municipio, ni de los Bomberos.

Según la Contraloría, la construcción comenzó sin que todos los terrenos estuvieran expropiados. Los procesos de expropiación terminaron en abril de 2015, pero el contrato para la construcción del hospital tiene fecha de junio de 2014.

Pero la principal irregularidad que la Contraloría encontró es que los trabajos de construcción del hospital comenzaron antes de la firma del contrato, y estuvieron a cargo de una empresa que no fue la adjudicada con la obra.

El ICO emitió el acta de inicio de obras en febrero 2013, a favor de la empresa Constructora Pallakti. Pero no había contrato ni certificación presupuestaria para pagarle a esa empresa.

En junio de 2013, el ICO vuelve a emitir un acta de inicio de obras, esta vez a nombre de la empresa China CAMC Engineering, nuevamente sin contrato. La adjudicación recién se dio en 2014, y el contrato se firmó en junio de ese año, por USD 46,07 millones.

Por esta razón, China CAMC tuvo que pagar a Pallakti USD 2,4 millones, por las obras que ya habían sido levantadas. Sin embargo, hay una diferencia de USD 481.101 entre lo pagado y lo presupuestado: el ICO pagó a la empresa china más de lo que ésta pagó a Pallakti.

Además, durante la ejecución de la construcción según Contraloría, se efectuaron planillajes de obra, de órdenes de cambio y de trabajo y rubros nuevos no instrumentalizados, que no cumplieron con las formalidades y solemnidades establecidas en la Ley.

Además hay pagos de rubros que no estaban debidamente respaldados, ni cumplieron las especificaciones y la normativa.

Según la Contraloría, no se puede determinar la veracidad, propiedad y legalidad de pagos que suman USD 16,64 millones.

Una línea de transmisión que no funciona y pagos de obras mal hechas

Para el nuevo hospital Delfina Torres Concha, la empresa China CAMC gestionó la construcción de una línea de subtransmisión para la provisión del servicio de energía. El permiso se tramitó en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Pero la empresa no construyó en la ruta aprobada por la CNEL, ni tuvo los correspondientes estudios y licencias ambientales. Según Contraloría, hay tramos en los que no existe el cable de poder necesario, lo que ocasionó que la obra no sea utilizada.

Esto ocasionó un perjuicio a la entidad en USD 2,58 millones, "por una línea de subtransmisión de 69 kV que no presta servicio ni cumple los fines del objeto contractual".

En la construcción del hospital, además ICO aprobó, validó, solicitó el pago y recibió de forma definitiva trabajos "que no constaron en sitio, estuvieron incompletos, mal instalados, con filtraciones y equipos que no cumplieron con las especificaciones técnicas, ni con la normativa requerida".

Según Contraloría, esto ocasionó que se efectúen pagos indebidos por USD 1,22 millones.

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