La eliminación del Servicio de Contratación de Obras se anunció días antes de que el escándalo de la corrupción rodeara a la institución. En nueve años, desde su creación, la entidad manejó unos USD 3.400 millones.
El Servicio de Contratación de Obras (Secob) camina a su desaparición entre críticas. La entidad está en medio de la polémica una red de corrupción que habría operado en su interior. En la investigación está involucrado su director general, Edmundo Tamayo, actualmente detenido.
El Secob es una institución con poco tiempo de existencia, pero que manejaba grandes montos de dinero. En 2011, el entonces presidente Rafael Correa la creó con el nombre de Instituto de Contratación de Obras (ICO).
En 2013 pasó a ser Secob. La institución se encarga, básicamente, de centralizar la obra pública del Estado.
Los ministerios no pueden, por ejemplo, contratar la construcción de un hospital, una escuela, o cualquier otra infraestructura. En el caso de necesitar una construcción, las instituciones debían analizar su necesidad y encargarle al Secob su contratación y ejecución.
Por esa razón, Secob gastó grandes cantidades de dinero en construcciones. El presupuesto devengado de la institución entre 2011 y 2019 suma USD 3.429 millones, de los cuales USD 3.121 millones se ejecutaron en obras públicas.
Para 2020, el presupuesto que el Gobierno le asignó a Secob fue de USD 109 millones (codificado). Pero la institución desaparecerá, por decisión del Ejecutivo, en unos dos meses. Las competencias de construcción de proyectos de infraestructura pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Con la eliminación, las entidades del Ejecutivo deberán entregar al Ministerio de Transporte todos los documentos y estudios para la contratación de obras en el futuro. Esa cartera de Estado deberá crear los pliegos y realizar el proceso de contratación bajo la modalidad correspondiente.
Una institución sin cabeza
La detención de Edmundo Tamayo dejó a Secob sin una autoridad al frente del proceso de transición para la eliminación de la institución. El director general de la institución fue detenido el 5 de junio de 2020, en la trama de corrupción que involucra también al asambleísta Daniel Mendoza.
El subdirector de la institución, Jorge Jalil, también está envuelto en el proceso, aunque no ha sido detenido. En su contra pesaba una orden de detención con fines investigativos, y una orden para el allanamiento de su vivienda, en Portoviejo.
Frente a esta situación, el presidente Lenín Moreno emitió un decreto ejecutivo el 12 de junio de 2020 para ordenar la eliminación del Secob. Dispuso que el Ministerio de Transporte designe en tres días un “administrador temporal”.
Esta persona se encargará de ejercer la titularidad, representación legal, judicial y extrajudicial del Secob para su cierre y traspaso al Ministerio de Transporte.
Tanto Tamayo como Jalil son señalados por presuntamente haber recibido dinero del contratista adjudicado para la construcción del Hospital de Pedernales. Según la Fiscalía, en un archivo de contabilidad del Consorcio Pedernales, constan pagos a ambos exfuncionarios.
Jalil también es señalado por la Contraloría por las irregularidades en el proceso de contratación, pues fue quien firmó el contrato para la construcción del hospital.
El nombre de Jalil también aparece en chats entre el José Véliz, representante del consorcio, y Franklin Calderón, gestor de Mendoza y fiscalizador del Hospital de Bahía.
“Ya está el anticipo. Jalil es certero, no miente”, le dice Calderón a Véliz y adjunta una captura del egreso del Ministerio de Finanzas, correspondiente a USD 8,2 millones.
Desde caminos vecinales hasta megaconstrucciones
El Secob se ha encargado desde 2011 de la construcción de todas las grandes obras del Gobierno. Entre ellas, por ejemplo, están las plataformas gubernamentales de Finanzas, en el norte de Quito, y de Gestión Social, en el sur de la capital.
El entonces presidente Rafael Correa durante un recorrido por las instalaciones del Instituto de Contratación de Obras (ahora Secob), el 26 de abril de 2012. Secob
La construcción de la Plataforma Financiera recibió críticas de parte de la Contraloría. Un examen de esa institución reveló que hubo errores en el diseño definitivo y construcción del desvío del colector de alcantarillado. Esto causó las inundaciones en la construcción, y también en edificios aledaños.
La Plataforma Financiera tuvo un costo de USD 205,7 millones, incluida la fiscalización y estudios. La Plataforma de Desarrollo Social costó USD 91 millones, incluida la fiscalización.
La institución también se encargó de la construcción de los puentes peatonales que conectan Guayaquil y Durán con la Isla Santay, en 2012 y 2013, que costaron en total USD 40,5 millones.
Secob estuvo a cargo del levantamiento de los centros de rehabilitación de Turi, en Azuay, que costó USD 46 millones, y en de Latacunga, que costó USD 70,4 millones.
Desde 2011, Secob tiene 11 exámenes de Contraloría publicados, y hay 23 en proceso de elaboración. Entre ellos está el que investiga los procesos de contratación de los hospitales en Manabí, entre ellos los de Pedernales y Bahía.
Según los procesos que constan en el portal de Compras Públicas, Secob se ha encargado de construir:
- Caminos vecinales.
- Unidades educativas del milenio, estandarizadas y réplicas.
- Centros infantiles del buen vivir.
- Hospitales y centros de Salud.
- Unidades de Policía Comunitaria.
- Complejos deportivos, estadios y coliseos.
- Centros de Alto Rendimiento.
- Malecones.
- Plantas de tratamiento de agua.
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