La Secretaría Jurídica de la Presidencia, a cargo de Johanna Pesantes, se encarga de la redacción de decretos ejecutivos, entre ellos los estados de excepción. Su gestión acumula críticas por sus errores.
El Gobierno lleva días buscando una vía para decretar un nuevo estado de excepción que ayude a enfrentar la crisis sanitaria que vive el país. Aunque ha pasado un año desde el inicio de la pandemia y desde el primer estado de excepción, el régimen aún se enreda en los argumentos legales.
El Ejecutivo necesita una justificación legal sólida para decretar un nuevo estado de excepción que incluya medidas como toque de queda o restricción de circulación. El último, antes de la segunda vuelta electoral, fue delimitado por la Corte Constitucional justamente por errores en su justificación.
De cara a un nuevo incremento de contagios y muertes por Covid-19, el Gobierno recibe presiones para imponer nuevas medidas. Pero a su vez, se ve obligado a tomarlas bien, para que la Corte Constitucional no las limite u objete. La institución clave aquí es la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Una Secretaría con bajo perfil
La Secretaría Jurídica de la Presidencia es una de las instituciones más importantes dentro del Ejecutivo. Se encarga de la redacción de los decretos ejecutivos, proyectos de ley de iniciativa presidencial y las objeciones (vetos) parciales o totales a las leyes aprobadas por la Asamblea.
Esta Secretaría está a cargo de Johanna Pesantes, exministra de Justicia del gobierno de Rafael Correa. Su perfil ha sido muy bajo, con mínimas apariciones públicas.
Pero como institución, ha estado rodeada por las críticas. Errores en los decretos ejecutivos, en los vetos e inconstitucionalidades en las leyes se suman a la lista de cuestionamientos que la Secretaría Jurídica acumula.
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El proyecto de ley de restricciones, en veremos
La Corte Constitucional llamó la atención al Ejecutivo pues, hace ocho meses, le pidió que trabaje en un proyecto de ley que esté vigente durante la pandemia. Este proyecto debía regular las restricciones de circulación en el régimen ordinario, es decir, fuera del estado de excepción.
Sin embargo, en el Ejecutivo no ha tenido ni una palabra al respecto, incluso después de que el presidente de la Corte, Hernán Salgado, apareció en un video recordando este proyecto de ley no presentado.
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Un proyecto con inconstitucionalidades
La Asamblea rechazó en dos ocasiones el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, impulsado por el Ejecutivo, con el argumento de que éste contenía propuestas inconstitucionales.
El Consejo de la Administración Legislativa argumentó que el proyecto no podía comenzar a ser tratado hasta que se resolvieran esos temas.
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Vetos con errores
Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional dos objeciones parciales con errores: el veto a las reformas al Código de la Democracia, y el veto a una reforma tributaria.
Las equivocaciones pusieron en apuros a la Asamblea, que tuvo que buscar la manera legal para corregir los textos de las leyes que finalmente quedarían en vigencia.
A esto se le suma el veto sobre el aborto por violación, en el que en vez de objetar el artículo, pidió un pronunciamiento de la Corte Constitucional con el argumento de una transitoria que se coló en el texto aprobado. La Corte respondió que no era su labor pronunciarse sobre errores de técnica legislativa.
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Decretos enredados
El presidente Lenín Moreno anunció en abril de 2020 que los principales funcionarios del Ejecutivo verían sus sueldos reducidos en un 50%, para colaborar con la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Recién un mes después, Moreno firmó el Decreto Ejecutivo 1041, que contenía un artículo único, que ordenaba la reducción para el Presidente, Vicepresidente, ministros y viceministros.
Tres días después, el Jefe de Estado tuvo que expedir un nuevo decreto, para explicar cómo se aplicaría el 1041 y que no implicaba una disminución de las escalas salariales del sector público.
Una pugna llevada a las redes sociales
Durante el fin de semana, el secretario de Gabinete, Jorge Wated, utilizó su cuenta de Twitter para señalar a la Corte Constitucional. El funcionario respondió a usuarios de la red social, apuntando a la Corte por “anular o suprimir” las declaratorias de estado de excepción.
El presidente de la Corte, Hernán Salgado, respondió en un video que la potestad de declarar el estado de excepción es exclusivamente del Ejecutivo. Pero que esa institución controla que esas declaratorias se hagan dentro del marco constitucional, razón por la que hubo ya observaciones en anteriores decretos.
El impasse se dio a pesar de que, el pasado jueves 15 de abril, los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con delegados de COE Nacional para conocer la situación del país.
Un comunicado de la Corte señala que en esa reunión ya se ratificó que solo el Presidente puede declarar el estado de excepción; y que las decisiones de los magistrados “no limitan, restringen o autorizan” el hacer uso de sus facultades.
Un estado de excepción es la única opción para que el Gobierno pueda restringir el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos.
El error en el último decreto fue que el estado de excepción se declaró para un mes, pero las medidas solo para ocho días. Según los magistrados, no había justificación para que el estado de excepción dure un mes.
Por lo tanto, el Ejecutivo puede emitir un nuevo decreto de estado de excepción. Pero, para que la Corte Constitucional no haga observaciones, este deberá estar técnica y jurídicamente justificado.
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