Domingo, 19 de mayo de 2024
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Claves para entender el proyecto de Seguridad Digital, que se discute en la Asamblea

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

7 May 2024 - 18:09

El proyecto de Seguridad Digital crea un sistema y subsistemas encargados de reaccionar y tomas decisiones en el entorno digital. También, establece sanciones de hasta 50 salarios básicos.

Claves para entender el proyecto de Seguridad Digital

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

7 May 2024 - 18:09

El proyecto de Seguridad Digital fue tratado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea. - Foto: Asamblea.

El proyecto de Seguridad Digital crea un sistema y subsistemas encargados de reaccionar y tomas decisiones en el entorno digital. También, establece sanciones de hasta 50 salarios básicos.

En la Asamblea Nacional se debate la Ley Orgánica de Seguridad Digital, que busca crear todo un sistema de protección y reacción frente a las amenazas y escenarios que se presentan en los entornos digitales.

Es decir, se incluye establecer y regular un Sistema Nacional de Seguridad Digital. También contempla la creación de subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia, promoviendo la coordinación y articulación interinstitucional.

La normativa, que fue trabajada por la Comisión de Seguridad de la Asamblea, es extensa: cuenta con 90 artículos, una disposición general, nueve reformatorias, tres transitorias y una disposición derogatoria.

Esta tarde el pleno del Legislativo empezó el debate y, eventualmente, se votará la propuesta, aunque también había la posibilidad de que sea devuelto a la comisión, para que haga ajustes en temas considerados polémicos.

De hecho, luego de las 18:00 de este martes y tras escuchar a varios expertos en seguridad digital, el debate fue suspendido.

A continuación algunas claves para entender el nuevo proyecto de ley:

Ministerio del Interior a la cabeza

Uno de los reparos del proyecto es quien presidirá el Sistema Nacional de Seguridad Digital. Según la propuesta, deberá estar al frente el ente rector de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, es decir, el Ministerio del Interior.

Junto al Ministerio del Interior, estarían:

  • El ente rector de la defensa nacional.
  • El ente rector de inteligencia.
  • El ente rector de las relaciones exteriores.
  • El ente rector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información.
  • El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
  • La Policía Nacional del Ecuador.

Sanciones para quienes entreguen información falsa

El proyecto también establece un capítulo de sanciones para personas naturales, jurídicas, publicas o privadas que cometan tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas, que van desde no entregar a tiempo información hasta entregar data falsa o errónea.

Las penas que establece el proyecto y ha generado ciertas inquietudes son:

  • Faltas leves se sancionarán con una multa de hasta máximo cinco salarios básicos unificados del trabajador en general.
  • Faltas graves se sancionarán con una multa de hasta máximo 50 salarios básicos unificados del trabajador en general.
  • Faltas gravísimas se sancionarán con una multa de hasta máximo 100 salarios básicos unificados del trabajador en general.

Preocupación de asociaciones

Tres organizaciones que son parte de la industria tecnológica del Ecuador hicieron conocer su preocupación al tratamiento de la normativa que irá para segundo y definitivo debate.

"Los cambios que introduce el informe para segundo debate, los cuales no fueron compartidos o socializados previamente por los actores interesados, preocupan especialmente en tanto desnaturalizan el objetivo del proyecto original", señalan en un comunicado.

Por ejemplo, consideran que el ente rector del sistema no debería ser el Ministerio del Interior, sino en el de Telecomunicaciones. Esto, porque la seguridad digital no deber ser vista solo como la defensa del Estado.

"Definiciones imprecisas y demasiado amplias respecto a soberanía digital, servicios esenciales, infraestructura crítica digital y proveedores de servicios (…) Inexistencia de definiciones claras sobre cuáles serán las obligaciones que se deberán cumplir desde el sector privado", agrega el comunicado.