Los votos para la aprobación completa de la propuesta del Ejecutivo son inciertos, pero dejar que pase por el ministerio de la ley no es una opción para los legisladores. Solo dos temas tienen consenso, mientras que la mayoría de desacuerdos se concentra en las reformas al Código Monetario y Financiero.
Los legisladores han alcanzado un solo consenso alrededor de la Ley de Crecimiento Económico que el Ejecutivo envió a la Asamblea: que esta no pase por el ministerio de la ley.
Aparte de eso, los acuerdos son mínimos y el tiempo es reducido para que el Legislativo pueda hacer cambios en la propuesta original.
La Comisión de Régimen Económico, dirigida por el oficialista Daniel Mendoza, apura el trámite para que los 30 días de plazo para debatir la propuesta y votar no se acaben.
Si la Asamblea no aprueba o archiva la propuesta económica urgente, esta entraría en vigencia por el ministerio de la ley tal y como el presidente Lenín Moreno la planteó.
La idea es que no suceda esto. Por esto, la comisión sesionó el viernes 8 de noviembre, aunque normalmente nunca lo hace ese día de la semana.
Los legisladores recalcaron la importancia de ajustar los tiempos y de presentar su informe para que el pleno pueda tratarlo en segundo debate.
Mínimos consensos y grandes desacuerdos
Dos puntos del proyecto enviado por el Ejecutivo tienen el apoyo de todas las bancadas o de la mayoría de ellas: la remisión de los intereses, multas y recargos de créditos educativos, y la eliminación del anticipo al impuesto a la renta.
El principal problema es que, como la propuesta es tan amplia –tiene 404 artículos y 38 disposiciones-, hay desacuerdo en al menos seis temas:
- La supuesta falta independencia del Banco Central del Ecuador que implica la reforma al Código Monetario y Financiero, ya que esta propone que los miembros del Directorio del banco sean nombrados por el Presidente de la República.
- En el tema tributario, la contribución especial para las empresas que facturen más de USD 1 millón y la eliminación de las deducciones para quienes tengan ingresos por más de USD 100.000 al año.
- El cobro de impuestos a los dividendos enviados al exterior.
- El impuesto para la segunda venta de bienes inmuebles dentro de un plazo de cinco años.
- Impuestos para plataformas digitales de intermediación (Uber, AirBnB, etcétera).
- La supuesta reducción de atribuciones de control de la Superintendencia de Bancos, incluida en las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
El oficialismo está dispuesto a ceder posiciones para que la reforma sea aprobada.
De momento, el Ejecutivo analiza retirar la propuesta de impuesto para la segunda venta de bienes y dar paso a cambios en la conformación del directorio del Banco Central, para garantizar su independencia.
Sobre este último tema, la propuesta de los legisladores es que sea la Asamblea la que nombre al presidente del directorio de entre una terna enviada por el Ejecutivo.
El escenario legislativo de la propuesta
El Partido Social Cristiano (16 asambleístas) y Revolución Ciudadana (29) se oponen de lleno a toda la propuesta y piden su archivo completo. Mientras que el resto de bancadas, incluidos los aliados del oficialismo (CREO, BIN y BADI), aún analizan cómo actuarán.
Luis Pachala, coordinador de CREO y miembro de la Comisión de Régimen Económico, sostiene que una de sus principales preocupaciones son los impuestos a las plataformas digitales de servicios y la falta de independencia del Banco Central.
La bancada de CREO espera que estos cambios sean incluidos en el informe para segundo debate. Solo entonces analizarán cómo votar.
Sin CREO, el oficialismo puede tener problemas para la aprobación de la reforma económica. Los 19 votos de esa agrupación son cruciales, pues los independientes no votan orgánicamente.
Por ejemplo, los 12 votos de la Bancada de Integración Nacional (BIN), aliada del gobierno, pueden dividirse. El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano (BIN, miembro de la Comisión de Régimen Económico), ha expresado su apoyo a la propuesta.
Pero los legisladores de Pachakutik, que también son parte de la bancada, criticaron duramente la ley durante el primer debate en el pleno, y pidieron que se considere la propuesta de la Conaie.
El oficialismo necesita 70 votos para aprobar la reforma. Pero la bancada oficialista tiene 43 asambleístas.
Una propuesta para dividir la Ley
Gabriela Larreátegui (SUMA) sugiere que la Ley de Crecimiento Económico sea dividida en dos: un paquete que trate los temas tributarios y otro que incluya las reformas al Código Monetario y al Coplafip.
La legisladora sostiene que esta es una opción que les permitiría centrarse en el debate urgente, que es el de los impuestos. Su aprobación se debe hacer antes del ejercicio fiscal 2020. Esto permitiría tener más tiempo para analizar las reformas legales como un nuevo proyecto.
Pero el trámite para que esta iniciativa se concrete todavía no se analiza.
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