En la lista de los 37 investigados por la Fiscalía en el caso Sinohydro, no aparecen los responsables políticos de la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía no descarta su procesamiento más adelante.
La Fiscalía General apunta a 37 personas por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Según el Ministerio Público, la empresa asiática pagó USD 76 millones en coimas para lograr esa adjudicación. El destinatario del dinero habría sido el exvicepresidente Lenín Moreno, quien encabeza la lista de los 37 que serán procesados el 2 de marzo de 2023.
La Fiscalía persigue un supuesto delito de cohecho.
La penalista Paulina Araujo explica que este delito se configura con la recepción o aceptación de un beneficio económico por parte de un funcionario público a cambio de omitir, agilizar, retardar o condicionar gestiones relativas a sus funciones.
En este proceso, según la teoría inicial del caso, habría sido Moreno -a través de su amigo y lobista de Sinohydro, Conto Patiño, quien negoció y recibió los sobornos- aunque entre sus funciones no estaba la contratación de obras para sectores estratégicos.
El caso apunta a Lenín Moreno en su período como vicepresidente del Gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2013. En ese período, Correa asignó a Moreno la coordinación el área social, específicamente, lo relacionado con la atención a personas con discapacidades.
En las áreas energética y de sectores estratégicos, que estuvieron al frente de la contratación de la obra de Coca Codo Sinclair y las gestiones para su financiamiento, hubo decenas de otros funcionados designados por Rafael Correa.
Por ahora, ninguno de ellos forma parte de la lista de investigados en el caso Sinohydro.
Quién firmó con Sinohydro
Inicialmente, el gobierno de Correa entregó el 30% del proyecto Coca Codo Sinclair a la empresa argentina Enarsa. En agosto de 2009, esa compañía salió del proceso alegando falta de recursos.
Dos meses después, Ecuador firmó un contrato con la empresa china Sinohydro por USD 1.979 millones para la construcción de la hidroeléctrica.
Por el lado ecuatoriano, firmaron el contrato Galo Borja, como ministro de Sectores Estratégicos; Antonio Borrero, como presidente de Celec, e Ítalo Centanaro, exgerente de la Hidroeléctrica.
Ellos conformaban la Junta General Universal de Accionistas de Coca Codo Sinclair. Ninguno de ellos consta en la lista de personas que la Fiscalía procesará.
La sorpresa es que en la lista de la Fiscalía está Francisco Enrique C. L., quien actuaba como presidente AD-HOC de esa Junta.
Los firmantes por la contraparte China fueron tres: Cai Runguo, Song Dongsheng y Yang Huijun. Los tres sí forman parte de la lista de personas que la Fiscalía procesará el 2 de marzo.
Relacionados con el financiamiento
Si bien el contrato entre Coca Codo Sinclair y Sinohydro se firmó en octubre de 2009, la negociación con China empezó en los meses previos y siguió en los posteriores porque se requería concretar el financiamiento de la obra con el Eximbank de ese país.
Así lo reflejan varios documentos relacionados con ese proceso que revisó PRIMICIAS.
En esas operaciones aparecen otros nombres de funcionarios públicos que tampoco forman parte de la investigación de la Fiscalía.
La primera fase de la negociación ocurrió el 13 de febrero de 2009, antes de la firma del contrato con Sinohydro. Ese día, María Elsa Viteri, entonces ministra de Economía y quien falleció en noviembre de 2021, firmó un compromiso con el Eximbank para el financiamiento de Coca Codo Sinclair.
Y las gestiones continuaron tras la suscripción del contrato.
El 22 de abril de 2010, Jorge Glas, como ministro de Sectores Estratégicos, envió un oficio a Cai Runguo, entonces embajador de China en Ecuador. Glas solicitó al diplomático gestionar la visita de una misión del Eximbank a Ecuador para concluir las negociaciones del financiamiento para la hidroeléctrica.
Esa visita sí se concretó: entre el 3 y el 7 de mayo de 2010, una delegación de esa entidad bancaria estuvo en Quito. Once días después, el banco respondió a Glas que la visita fue fructífera y que el préstamo de financiamiento había sido aprobado.
Por esta razón, Ecuador envió una delegación de ocho funcionarios para la ceremonia de firma del acuerdo de préstamo que se realizó el 3 de junio de 2010, en Beijín (China).
Entre los viajeros estuvieron:
- Jorge Glas, ministro de Sectores Estratégicos
- Patricio Rivera, ministro de Economía
- Rafael Poveda, viceministro de Sectores Estratégicos
- William Vásconez, secretario legal del Ministerio de Economía.
- Madeleine Abarca, secretaria de Deuda Pública
- Henry Galarza, gerente de Coca Codo Sinclair
- Jorge Zevallos, abogado externo de Coca Codo Sinclair
- Miguel Zaldívar, abogado internacional de Coca Codo Sinclair
El acuerdo del préstamo lo firmaron Rivera y Glas, como ministros de Economía y Sectores Estratégicos.
De esta delegación, el único procesado por la Fiscalía, por supuesto cohecho, será Henry Galarza.
Fernando Villavicencio, quien investigó inicialmente este caso y hoy preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pedirá a la Fiscalía que se vincule a este caso a los responsables políticos de la construcción de hidroeléctrica.
El asambleísta solicitará que se los investigue por un posible delito de peculado.
El caso no termina con cohecho
Si bien en el caso por cohecho no serán procesados los responsables políticos de la obra, es decir quienes firmaron el contrato y el préstamos con el Eximbank, la fiscal Diana Salazar dijo a PRIMICIAS que el caso Sinohydro no terminará con el proceso por cohecho.
Por ejemplo, la Fiscalía General todavía no ha empezado a investigar el proceso de lavado de activos, luego de la recepción de los supuestos sobornos por parte de los involucrados.
Sobre la inclusión de los funcionarios de la época, como Jorge Glas, la Fiscal explicó que todavía no se ha logrado establecer si estas personas se beneficiaron de los USD 76 millones que presuntamente conformaron el soborno.
Para esto las investigaciones continúan. Una de las alternativas que le queda a la Fiscalía es la cooperación eficaz. Es decir, que uno de los 37 procesados decida colaborar a cambio de una rebaja de pena y que revele cómo funcionó la estructura en su totalidad.
Respecto a la posibilidad de un caso por peculado, Salazar indicó que un proceso por este tipo penal es más complicado, pero que no se descarta. Este podría empezar con un informe de la Asamblea Nacional, de la Contraloría, una denuncia o por elementos que la Fiscalía encuentre en la instrucción fiscal del caso por cohecho.
El rol de Moreno
Cuando Ecuador empezó a negociar con el Eximbank de China el crédito para el financiamiento de Coca Codo Sinclair, en 2009, el entonces presidente Rafael Correa veía lejano un acuerdo.
En diciembre de ese año, el Mandatario dijo que “a veces nos hemos sentido maltratados por China”. Y añadió que las negociaciones han sido muy duras. Correa veía con malos ojos las condiciones que ponía China, como, por ejemplo, el mecanismo de resolución de disputas a través de un arbitraje internacional.
En marzo de 2010, Correa cerró la posibilidad de concretar el crédito “frente al maltrato con que nos han tratado”. Y aseguró que “no olvidaremos esto, no lo olvidaremos”.
La revelación de cables diplomáticos de Wikileaks, dio cuenta de que Cai Runguo, entonces embajador chino en Ecuador, escribió una nota a Heather Hodges, quien era embajadora de Estados Unidos en Ecuador, explicando que “China estaba desconcertada por el ataque verbal de Correa”.
Sin embargo, tres meses después de esta disputa y sin una explicación de cómo se limaron las asperezas, Ecuador firmó el acuerdo con el Eximbank.
¿Qué cambió? El portal Periodismo de Investigación, que reportó inicialmente el caso, recogió una declaración pública de Lenín Moreno -también de marzo de 2010-, cuando era vicepresidente.
El exfuncionario aseguró que el crédito estaba por definirse y calificó a Runguo como “un buen amigo”.
“Ante la llamada del señor embajador (Runguo), fui a donde el señor presidente (Correa) y le insistí en que existía alguna inconsistencia e imprecisiones en la información que le habían dado y que el señor embajador manifiesta que el Eximbank podía hacer una propuesta acorde a la constitucionalidad ecuatoriana, y estamos a la expectativa de que esto ocurra”, dijo entonces Moreno.
En esa época apareció la figura de Conto Patiño, amigo cercano de Moreno, quien se convirtió en el lobista de Sinohydro, en Ecuador.
Lenín Moreno, exvicepresidente de Ecuador, en una reunión con representantes de Sinohydro, junto a Conto Patiño. Flickr / Sinohydro Corporation Ecuador
En 2021, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Ítalo Centanaro, exgerente de Coca Codo Sinclair, confirmó, que la empresa china autorizó a Patiño para negociar a su nombre. Y que a cambio cobró el 1% del valor de la obra.
Según Centanaro, ese dinero salió de Sinohydro y no eran fondos públicos, por lo que no había nada ilegal. Ahora, la Fiscalía dice que esos pagos se hicieron a cambio de supuestas consultorías, pero en realidad eran sobornos.
En agosto de 2021, Sinohydro respondió al Legislativo que el dinero pagado a Patiño, a través de la empresa Recorsa, “fue cargado al proyecto (Coca Codo Sinclair)“. Esta respuesta, para Villavicencio, evidencia peculado porque los supuestos sobornos se habrían pagado con dinero público.
Esos fondos, según la tesis de la Fiscalía, habrían llegado a Moreno. Parte del dinero de Recorsa terminó en la empresa INA Investment en Panamá.
Esa empresa fue constituida por el hermano de Lenín Moreno y, supuestamente, el nombre hace referencia a la terminación de los nombres de las hijas del expresidente: Cristina, Irina y Karina.
Esa empresa habría pagado USD 19.000 por unos muebles que llegaron al departamento en el que Moreno vivía en Suiza cuando ejercía una representación ante la ONU.
De la misma INA Investment habrían salido, además, los fondos para la compra de un departamento en Alicante, España. Ese inmueble también está relacionado con la familia Moreno.
Esta nota fue publicada originalmente el 24 de febrero de 2023 a las 05:29. Pero se actualizó a las 18:03 del 28 de febrero de 2023 con la versión de Diana Salazar, fiscal General del Estado.
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