El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) notificó por escrito la sentencia del caso Sobornos. Pero los plazos de impugnación -para que la sentencia se ejecute- no están corriendo.
19 días les tomó a los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez redactar la sentencia para notificarla por escrito, luego de que el 7 de abril la dieran a conocer oralmente.
El fallo por escrito ratificó la sentencia de ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa y 17 personas más, entre exfuncionarios y empresarios.
Así como condenas reducidas para Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras de Correa; que colaboraron con la Fiscalía en el juicio.
En la notificación se especifica cuál es la indemnización que deben pagar los sentenciados. El monto asciende a USD 14,7 millones.
Este valor corresponde al doble de la sumatoria de:
- USD 1,1 millones, recibidos por varios funcionarios en efectivo.
- USD 6,3 millones, de las facturas debidamente reportadas o registradas en el SRI por las empresas vinculadas en esta trama.
Además, como medidas de reparación simbólica, el Tribunal resolvió:
- Expresión de disculpas públicas por parte de los sentenciados, en la Plaza de la Independencia en Quito.
- La colocación de una placa en el Palacio de Carondelet.
- Realizar y acreditar haber realizado un curso de cuando menos 300 horas académicas sobre ética laica y transparencia.
¿Cuánto debe pagar cada uno?
El fallo no establece claramente como se dividirán los USD 14,7 millones de indemnización, entre los 20 sentenciados.
En la parte final del extracto referente a la indemnización, los jueces indicaron que el pago corresponde exclusivamente a los sentenciados y a nadie más, “de manera proporcional, tomando en cuenta el grado de participación”.
En este caso, Rafael Correa y Jorge Glas son los únicos a los que se los catalogó como autores mediatos, ya que instigaron a los demás miembros de la red de corrupción a cometer el delito.
Es decir, tienen una mayor participación y deberán cancelar una mayor parte del total de la indemnización.
Los demás exfuncionarios, en cambio, son coautores y los empresarios son autores directos.
Para el penalista Pablo Encalada, la sentencia no es clara en relación a la división. Por esta razón, la Procuraduría, como representante del Estado, deberá solicitar una aclaración.
Para garantizar el pago de la indemnización, los jueces dispusieron el comiso de los bienes inmuebles de los sentenciados a través de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de todos los cantones del país.
Aunque en el caso del expresidente Correa, en junio de 2018, antes de que se disponga el comiso de bienes por el caso Balda, se conoció que donó su vivienda de USD 420.000 en Quito, a su hijo.
Plazos no corren
Al igual que la convocatoria para la lectura de la sentencia, su notificación por escrito sorprendió a los abogados de los procesados en el caso Sobornos.
Fausto Jarrín, defensor de Correa, indicó que no se entiende si los plazos empiezan a correr para la presentación de impugnaciones, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.
PRIMICIAS consultó a la Corte si los plazos estaban corriendo o están suspendidos.
El organismo respondió que “los plazos o términos para la interposición de cualquier recurso de impugnación dentro de la justicia ordinaria se encuentran suspendidos”.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ya solicitó a la Corte que revise la resolución con la que se suspendieron los plazos. Pero la Corte respondió que ese exhorto era inoportuno.
Es decir, el proceso del caso Sobornos estará suspendido hasta que la situación se normalice por la crisis de salud.
Lo que implica que la sentencia no se ejecute. Y, por ende, no proceda el pago de la indemnización ni se ejecute la prohibición para que Correa, o los demás sentenciados sean candidatos en 2021.
Análisis del Tribunal
En la sentencia, los jueces resumen el caso de la siguiente manera:
Los funcionarios públicos procesados, instigados por Rafael Correa Delgado y Jorge Glas Espinel, pedían sobornos a los empresarios privados procesados y otros, a cambio de adjudicación de contratos de obra pública.
Esos pagos se hacían en efectivo y mediante el denominado cruce de facturas, dinero que finalmente era usado para proselitismo, campaña política del movimiento Alianza PAIS y beneficio propio.
Y que los sobornos ascienden a USD 7,5 millones, desglosados en en USD 1 millones, en efectivo; y USD 6,5 millones a través del cruce de facturas.
El monto se determinó con base en los peritajes financieros, la materialización de los denominados archivos verdes y de los correos electrónicos de la procesada Laura Terán, exasesora de la Presidencia.
Además, según los jueces, los testimonios y pericias guardan sincronía con la prueba documental proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Aquí puede leer la sentencia completa (PDF):
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