Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito, deberá usar un grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la Corte.
Esta misma decisión aplica, además, para Marco Rubio y Jéssica Cárdenas, funcionarios de la Alcaldía. Ellos también fueron vinculados al proceso por presunto peculado en la compra de pruebas de diagnóstico para Covid-19.
El fallo fue tomado por la mayoría del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Está instancia está conformada por Maritza Romero, Miguel Narváez y Mónica Bravo.
Abarca, Rubio y Cárdenas son tres de los 14 vinculados al caso. En el proceso también está Jorge Yunda, alcalde de Quito, quien debe portar un grillete y presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.
La audiencia de revisión de medidas cautelares se había instalado el viernes, 12 de marzo de 2021. Y luego de varios días de deliberación los magistrados resolvieron medidas alternativas a la prisión.
El 18 de marzo culminará la instrucción fiscal de este proceso. Y la Fiscalía deberá presentar su dictamen, antes de que Vladimir Jhayya, presidente de la Corte de Pichincha, decida qué procesados son acusados y van a juicio.
Según la teoría fiscal, el Municipio de Quito compró pruebas RT Lamp, pese a que en el objeto del contrato firmado se había estipulado que sería pruebas PCR. La diferencia entre estas dos técnicas de diagnóstico sería su sensibilidad.
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