Xavier Vera Grunauer, Armando Robalino y Allan Velasco solicitaron la revisión de las medidas cautelares en el caso por presunto cohecho.
A través de sus abogados, tres de los cuatro procesados en un caso de cohecho, incluyendo al exministro Xavier Vera Grunauer, solicitaron a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la revisión de las medidas cautelares dictadas en su contra.
Además del exministro Vera, los solicitantes son Armando Robalino y Allan Velasco, quien han sido identificados por la Fiscalía como los supuestos "emisarios" del exfuncionario para el cobro de sobornos.
El juez Luis Rivera dictó orden de prisión preventiva en contra de los tres. Sin embargo, solo Vera Grunauer está detenido en la Cárcel 4 de Quito.
Robalino y Velasco, en cambio, salieron de Ecuador hacia Perú en octubre de 2022, dos días después de que se filtrara un audio que es la 'prueba madre' del caso por pago de sobornos.
Ahora, Rivera tendrá que convocar a una nueva audiencia en donde se revisarán las medidas cautelares dictadas originalmente. Los procesados solicitarán alternativas como la presentación periódica y la prohibición de salir del país.
El caso de Vera Grunauer
En octubre de 2022, a través de la filtración de un audio, se conoció que Vera Grunauer había recibido USD 150.000 a cambio de la Coordinación Zonal de Imbabura de la Agencia de Control Energético.
En el expediente del caso está la versión de Adrián Z., quien habría pagado USD 150.000 al exministro Vera, y también es procesado en el caso.
Sin embargo, ese cargo le duró poco y como método para recuperar ese dinero, Adrián Z. difundió los audios que había grabado mientras negociaba ese puesto.
En su versión libre y voluntaria, Adrián Z. V. indicó que a inicios de mayo de 2022 lo contactó Armando Robalino, alias 'El Chavo', para que mantuvieran una reunión en el aeropuerto de Guayaquil.
En esa cita, le preguntaron si estaba interesado en ingresar a trabajar a la Agencia de Regulación y Control de Energía. Días después, Adrián Z. V. fue convocado a otra reunión en una casa en Samborondón, que resultó ser la vivienda del entonces ministro Vera.
Fue allí que se le formuló la oferta como coordinador zonal de la Agencia de Control Energético, pero antes debía cancelar USD 150.000, aunque podía ser "pagado por partes".
La Fiscalía cree que ese dinero se canceló en efectivo, en varios pagos que se hicieron en Guayaquil, Machala y Quito.
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