Adrián Z., que comenzó como conserje en el Ministerio de Energía en 2013, confesó haber pagado USD 150.000 a un exministro por una jefatura en la Agencia de Regulación y Control de Energía.
Adrián Alfonso Z. V. se convirtió en una pieza clave para resolver una trama de corrupción por venta de cargos públicos. Adrián Z. declaró haber pagado en efectivo USD 150.000 al exministro de Energía Xavier Vera Grunauer a cambio de una coordinación zonal en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr).
Adrián Z. trabajó casi una década en el sector minero, pero actualmente ya no es funcionario público. Ahora es abogado titulado en 2021 por la Universidad Técnica de Machala.
Registra un patrimonio de USD 261.887 hasta agosto de 2022, según su declaración patrimonial. Además, es accionista en tres empresas del sector minero.
No obstante, este ciudadano no reporta pagos de Impuesto a la Renta o a la Salida de Divisas en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Su carrera en el sector público comenzó desde abajo. En 2013 era conserje en la Subsecretaría Regional de Minería Sur, en el entonces Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, hoy Ministerio de Energía y Minas.
Luego, en 2016, fue técnico de documentación y archivo en el extinto Ministerio de Minería.
Y, más tarde, entre 2017 y 2021, ocupó varias veces el cargo de oficinista zonal en el Ministerio de Minería y en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Como oficinista percibió un sueldo de alrededor de USD 622 mensuales.
Pero, en 2022, terminó ocupando dos coordinaciones claves en la Arcernnr, algo que derivó en el escándalo por una supuesta red de venta de cargos públicos que involucra al exministro Vera Grunauer.
Tras la denuncia de Adrián Alfonso Z., actualmente Vera Grunanuer es investigado por el presunto delito de cohecho. El 16 de mayo de 2023, un juez dictó prisión preventiva para el exministro.
La negociación
Según Adrián Alfonso Z., en mayo de 2022 lo contactó Armando R., alias El Chavo, asesor externo de Vera Grunauer. Lo citó en el Aeropuerto de Guayaquil para ofrecerle un trabajo en la Arcernnr.
"Me dijo: 'mira, pana, todo esto tiene un valor. Tú te vas a sentar en el puesto de (coordinador zonal, ndr) Imbabura y cancelarás la suma que ya te van a decir", relató Adrián Z., según las declaraciones que dio a la Fiscalía.
Según Adrián Z., días después fue citado a la vivienda de Vera Grunauer en la vía a Samborondonón, en donde le habrían preguntado qué cargo quería en la Agencia.
"Yo, con el ánimo de trabajar, les dije que cualquiera. Ellos (asesores externos del exministro, ndr) me dijeron: 'te vamos a dar la de Imbabura, eso tiene un valor de USD 150.000", dijo en su versión a la Fiscalía el exfuncionario.
Así, este exfuncionario asegura que pagó por partes los USD 150.000 a los asesores externos de Vera Grunauer y al mismo exministro, en Quito, en Guayaquil y en Machala.
¿Qué detonó la denuncia?
Como coordinador zonal en Imbabura y luego en Azuay, Adrián Z. tuvo un sueldo de USD 2.368 al mes. Es decir, debía trabajar cinco años para recuperar lo que habría pagado.
Pero en la coordinación de Imbabura solo ocupó el cargo un poco más de dos meses, entre el 12 de mayo y el 5 de agosto de 2022.
Y luego, el 9 de agosto de ese año, fue designado coordinador zonal de Azuay, en donde estuvo hasta el 21 de septiembre.
Según la versión que dio Adrián Z. a la Fiscalía, el exfuncionario dijo que le molestó el cambio, por lo que filtró audios al medio digital La Posta, en donde confesaba haber pagado por el cargo.
Un puesto clave en Imbabura
La Arcernnr es una entidad adscrita al Ministerio de Energía que controla, fiscaliza y audita las actividades del sector.
En minería, la Agencia lidera operativos de control contra la minería ilegal. Pero la coordinación zonal de Imbabura es una de las que enfrenta más desafíos.
En esta provincia está una de las concesiones mineras del proyecto Imba, en la parroquia la Merced de Buenos Aires, un punto crítico de minería ilegal.
Además, en Imbabura están las bodegas de la Arcernnr en donde se almacena el material mineralizado que se incauta en los operativos de minería ilegal en todo el país.
Según la Fiscalía, Adrián Z. declaró que, apenas entró al cargo en Imbabura, pasó esto: "Me decían que el material incautado que se encuentra dentro de una bodega de la Agencia le pertenecía a un grupo de ellos, es decir, al Chavo y otros nombres", que serían también asesores externos del exministro de Energía.
Entre los asesores externos mencionados en la investigación contra el exministro también están Santiago A. y Allan V.
"Me decían que el material incautado en la bodega de la Agencia le pertenecía a un grupo de ellos".
Adrián Z.
¿Conflicto de intereses?
Adrián Z., además, es accionista en tres empresas mineras en El Oro, pero estas empresas no constan en la declaración patrimonial del exfuncionario. Se trata de las empresas:
- Minera Pogo Díaz Commipodi S.A., creada en 2019. La empresa se dedica a la extracción de metales como oro, plata y platino. Y aunque aparece como activa, sus balances y estados financieros no están publicados en el portal de la Superintendencia de Compañías.
- Legal Minera Zamagold S.A., constituida en 2021, dedicada a la asesoría jurídica de empresas.
- Golden Business Company Cía. Ltda., constituida en 2021, una intermediaria de comercio de combustible y minerales.
En estas últimas dos empresas, Adrián Z. tiene el cargo de gerente general. Según información publicada en la Superintendencia de Compañías, la única empresa que tuvo actividad económica fue Legal Minera Zamagold.
"La empresa se mantenía sin actividad económica hasta junio del 2021 y fue a mediados del ejercicio fiscal que retomó actividades económicas", dice uno de los informes.
No obstante, según el SRI, el Impuesto a la Renta causado por la empresa fue cero en 2021 y 2022.
Los funcionarios públicos del Ejecutivo deben declarar si se encuentran en una situación de conflicto de intereses. Lo dicta el decreto ejecutivo de Normas de Comportamiento Ético Gubernamental, emitido el 24 de mayo de 2021.
Sin embargo, el decreto dice que cuando se presenten ese tipo de casos, y antes de la posesión, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete podrá analizar y recomendar que se designe o no a esa persona para el cargo.
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