Jorge Yunda fue demandado por presuntamente no acatar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral en la que ratificó su remoción de la Alcaldía de Quito.
Casi tres horas duró la audiencia en la que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, escuchó a las partes involucradas en la denuncia en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por una presunta falta electoral grave.
La representante del Frente de Profesionales de Quito, Jessica Jaramillo, denunció a Yunda por no acatar la resolución del TCE en la que ratificó la legalidad de la remoción que el Concejo Metropolitano aprobó en su contra el 3 de junio de 2021.
La decisión del TCE quedó en firme el 8 de julio de 2021, pero Yunda se mantuvo como Alcalde gracias a la acción de protección que le otorgó la jueza María Belén Domínguez y que fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha.
Al finalizar la audiencia, la defensa de Yunda -encabezada por los abogados Guillermo González y David Meza- aseguró "que no hubo necesidad de defensa, pues la parte acusatoria no presentó pruebas sobre el cometimiento de una infracción".
González explicó que "las denuncias siempre deben ser por incumplimiento de una sentencia o de una resolución y eso no ocurrió en este caso. El TCE solo verificó que el proceso de remoción haya cumplido con los parámetros establecidos en el Código de Ordenamiento Territorial, pero no dispuso ninguna orden".
Además, recordó que "el TCE es un tribunal de última instancia solo cuando se trata de casos electorales, pero no cuando se trata de una absolución de consulta".
González adelantó que, en el caso de que el fallo de Cabrera favorezca a la parte acusadora, apelará la decisión.
De su parte, Jaramillo insistió en su tesis de que Yunda incumplió la sentencia del TCE en la que ratificó el proceso de remoción. "Después del 8 de julio que fue ratificada la resolución del TCE y Yunda se mantuvo en el cargo sin darle valor al TCE", agregó.
La denunciante dijo que espera que el TCE suspenda los derechos políticos de Yunda porque "si no lo hace parecería que las decisiones de las instituciones no tienen ningún valor".
Tras escuchar a las partes, el juez Cabrera tiene plazo hasta finales de septiembre de 2021 para emitir su fallo bajo dos posibilidades. La primera es dar paso a la denuncia de Jaramillo, con lo que Yunda perdería sus derechos políticos de dos a cuatro años.
El segundo escenario es que Cabrera niegue la demanda, con lo que Yunda se mantendría en el cargo. En cualquiera de los dos casos, las partes pueden apelar para que sea el pleno del TCE el que tome la decisión final.
Otras dos audiencias
La audiencia en el TCE es una de las tres que Yunda enfrentará durante este mes. El 13 de septiembre de 2021 deberá acudir a una nueva audiencia en la que la Corte Constitucional tratará la acción extraordinaria de protección interpuesta por el concejal Santiago Guarderas.
Guarderas utilizó este recurso luego de que la Corte Provincial de Pichincha le devolviera la Alcaldía a Yunda el 30 de julio.
Guarderas ocupó el cargo entre el 19 y el 30 de julio, tras la decisión de la jueza Grimanesa Erazo de retirarle las medidas cautelares que Yunda había recibido por parte de la Corte Provincial de Pichincha.
Durante la audiencia en la Corte Constitucional, la jueza Karla Andrade escuchará las pruebas de las partes. Tras ese proceso, elaborará un proyecto de sentencia, que se discutirá en el pleno del máximo órgano de interpretación constitucional.
El proyecto deberá ser aprobado con los votos de al menos cinco de los nueve magistrados.
Dos semanas después, el 29 de septiembre de 2021, Yunda y otros 13 procesados afrontarán la audiencia por el presunto caso de peculado por la compra de 100.000 pruebas Covid-19.
En este caso, el Municipio asegura que los tests adquiridos fueron PCR, mientras que la Fiscalía sostiene que son RT-Lamp. Si la justicia determina que hubo peculado, Yunda podría enfrentar una pena de 13 años de prisión.
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