El vicealcalde, Santiago Guarderas, suspendió temporalmente su posesión como alcalde de Quito mientras la justicia aclara la situación que vive el Municipio.
El jueves 8 de julio de 2021 se cumple un mes y cinco días desde que el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción de Jorge Yunda de la Alcaldía.
El Alcalde ha dicho que permanecerá en el cargo porque su elección se dio en las urnas. Mientras que el vicealcalde, Santiago Guarderas, se prepara para sucederlo, aunque no parece encontrar la ruta para hacerlo.
La tarde del 8 de julio, Guarderas ofreció una rueda de prensa en la que dijo que esperará a que la justicia tome una resolución para posesionarse, algo que originalmente tenía previsto hacer el viernes 9 de julio.
Mientras tanto, los recursos legales que presenta Yunda se multiplican. Tanto ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como ante la justicia ordinaria.
Y en ese contexto, el todavía alcalde sigue actuando como que nada ocurriera: nombra nuevos funcionarios, recorre e inaugura obras.
La falta de un camino claro e indiscutible para la salida de Yunda, la posesión de Guarderas, o para que todo quede como estaba ha creado en el Municipio de Quito una especie de laberinto jurídico.
Un escenario sin precedentes
Este caos no tiene precedentes, dice el constitucionalista Emilio Suárez. Yunda ha utilizado recursos jurídicos con el objetivo de echar abajo la remoción o de dilatar su salida que, él cree, se dará en el corto plazo.
En esto coincide el también constitucionalista Ismael Quintana, quien agrega que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en la que ratificó el proceso de remoción es una sentencia de última instancia en donde no cabe ninguna interpretación.
Es por eso que las medidas cautelares concedidas por el juez Carlos Sacoto a favor de Yunda, el 7 de julio de 2021, no son procedentes. “Una medida cautelar se otorga cuando existe una amenaza de violación de un derecho constitucional”, explica.
Agrega que en este caso, “la medida cautelar no procede, pues la remoción se dio antes de que Yunda interponga este recurso”.
El juez Soto ordenó que las medidas cautelares estarán vigentes mientras la Corte Provincial de Pichincha se pronuncia sobre la acción de protección que otorgó la jueza María Belén Domínguez a favor de Yunda.
Los dos constitucionalistas coinciden, sin embargo, en que la acción de protección “no tiene efecto jurídico sobre la decisión del Concejo Metropolitano”.
Esto, porque la jueza Domínguez dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa, que no es vinculante a la remoción. “Incluso, si la Corte Provincial de Pichincha ratifica la acción de protección, Yunda dejaría de ser Alcalde”, dice Quintana.
Guarderas pedirá revocatoria de medidas cautelares
De todas maneras, el vicealcalde Santiago Guarderas, anunció, el 8 de julio de 2021, que pedirá la revocatoria de las medidas cautelares a favor de Yunda.
“Espero que esta decisión se tome también en cuatro horas, que es el tiempo que el juez se demoró en otorgar las medidas cautelares”.
Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito
Mientras espera esa resolución, Guarderas dijo que suspende temporalmente su posesión como Alcalde de la ciudad “porque la nueva administración actúa en derecho”.
“No entiendo las razones por las que Yunda se aferra al cargo. No sabemos qué intereses puede tener”, agregó
En esta batalla retórica, Yunda volvió a decir que no se aferra al cargo. Además, advirtió que seguirá inaugurando obras y recorriendo la ciudad mientras la justicia no determine si continúa en sus funciones.
Horas antes del anuncio de Guarderas, el TCE respondió al pedido de ampliación solicitado por Jorge Yunda, sobre la sentencia que señala que el Concejo Metropolitano cumplió el proceso establecido en el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad).
EL TCE dijo que considera atendido este requerimiento y señala que ” el presente auto no cabe recurso o incidente alguno, se dispone a Secretaria General, proceda a certificar la ejecutoria de la absolución de consulta”.
La Judicatura suspendió temporalmente a dos jueces
Pero, el conflicto tampoco termina ahí. El Consejo de la Judicatura decidió, el mismo 8 de julio, suspender a los jueces María Belén Domínguez y Carlos Soto, quienes otorgaron las medidas a favor del alcalde Jorge Yunda.
Su presidenta, María del Carmen Maldonado, dijo que se detectaron presuntas irregularidades en los dos procesos. Se han identificado “vulneraciones y accesos no autorizados al sistema de sorteos de la Función Judicial”, dijo.
Por eso, la Judicatura interpondrá una denuncia por supuesta interceptación de datos ante la Fiscalía.
Además, dispuso la suspensión sin sueldo, de manera provisional, a Domínguez, Soto y otros cuatro funcionarios que participaron en los procesos, mientras se realizan las investigaciones a nivel administrativo.
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