Muertes sospechosas y denuncias de torturas empañan el control militar de las cárceles de Ecuador

El 8 de enero de 2024, tras la declaratoria de estado de excepción en las 36 cárceles de Ecuador, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) anunciaron el despliegue de personal, equipos y medios logísticos para realizar operaciones militares de seguridad en las prisiones.

Ese mismo día, a las 15:37, las FF. AA. informaron en su cuenta de X que la primera intervención fue en el Complejo Carcelario del Guayas, donde están la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional: las más violentas y problemáticas del país.

Según los datos del Ministerio del Interior, a los que PRIMICIAS accedió a inicios de junio, al día siguiente de la intervención —el 9 de enero de 2024, a las 18:10— dos presos fueron asesinados al interior de las cárceles de Guayaquil.

La información oficial habla de "amenazas" como la presunta motivación de esas muertes violentas. No se usó ninguna arma, sino que la causa de los decesos fue por estrangulación. Murieron dos hombres, de 46 y 26 años: el primero, estaba registrado como pescador, y el segundo, como estudiante.

Sin embargo, esas muertes no fueron conocidas por la opinión pública: ni ese día ni los siguientes, las FF. AA. o el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) informaron acerca de una riña o muertes violentas en esa o en otras cárceles de Ecuador.

El Ministerio del Interior también tiene datos que revelan que ese mismo 9 de enero hubo otras muertes violentas en las cárceles de Archidona y de Ambato. En la primera hubo otro estrangulado y en la segunda, un preso fue asesinado con un arma de fuego.

En ese momento, las cárceles ya estaban bajo control militar.

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El conflicto armado interno

Ese mismo 9 de enero de 2024, tras varias horas de ataques terroristas —incluyendo la incursión armada en TC Televisión— el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno.

El Primer Mandatario declaró la guerra a 22 organizaciones criminales, que pasaron a ser identificadas como terroristas. Y los militares ya no solo se movilizaron a las cárceles, sino también a las calles para colaborar con la Policía Nacional en la seguridad interna.

En los días siguientes, según los datos oficiales, siguieron ocurriendo muertes violentas en las cárceles, pese a que las FF. AA. anunciaban tener el control de ese centros e informaban sobre grandes decomisos de armas, drogas, teléfonos y otros objetos prohibidos. Tampoco hubo reporte oficial de esos asesinatos.

En total, entre y abril de 2024 (el dato más actualizado entregado por el Ministerio del Interior), en las prisiones del país —en medio del conflicto armado interno— se han cometido 17 muertes violentas:

Según este cuadro, el 27 de marzo de 2024, fue una jornada violenta en las cárceles. Ese día, las FF. AA. reportaron la activación de protocolos de seguridad en la Cárcel Regional del Guayas, debido a una revuelta interna. Horas después, los militares aseguraron tener el control del 80% de esa prisión. No hubo reportes públicos de decesos.

Pero, las cifras oficiales revelan que cuatro personas fueron asesinadas ese día en esa prisión: tres recibieron heridas con armas de fuego y la cuarta murió a causa de una herida contusa, es decir, por un golpe fuerte.

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¿Torturas y tratos crueles?

El 22 de mayo de 2024, Human Rights Watch (HRW), organización internacional dedicada a la protección de los derechos humanos, digirió una carta al presidente Daniel Noboa señalando posibles violaciones, en el marco del conflicto armado interno.

La misiva habló de una ejecución extrajudicial, múltiples detenciones arbitrarias y malos tratos.

Sobre las cárceles, HRW dijo que los militares "han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando, en algunas ocasiones, su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica (...) parecen (los militares) ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura".

En ese mismo sentido, el 29 de mayo de 2024, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado ecuatoriano a verificar las condiciones de internamiento de los presos en las cárceles del país.

Según esa entidad, entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de 2024, en las prisiones del país se registraron 24 fallecimientos, entre los que se incluyen "muertes violentas con indicios de presunta tortura", así como alertas de decesos de presos "con signos de desnutrición".

A estos pronunciamientos se suman otros de organizaciones de la sociedad civil y de familiares de presos. El 7 de junio de 2024, por ejemplo, Mujeres de Frente hizo públicos los nombres de "algunos de los fallecidos en el CPL Cotopaxi bajo custodia militar".

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PRIMICIAS ha solicitado una entrevista con Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, en reiteradas ocasiones para tratar esta y otras problemáticas relacionadas con el conflicto armado interno. Sin embargo, el diálogo no se ha podido concretar por temas de agenda, según el ministerio.

SNAI, ante decenas de consultas en sus canales oficiales sobre las denuncias de presuntos torturas y muertes de presos, tampoco ha dado una contestación oficial.

Alertas están en manos de la Fiscalía

Rodrigo Varela, coordinador de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó a PRIMICIAS que esta entidad mantiene un monitoreo constante de la situación en las cárceles, en medio del conflicto armado interno.

Este monitoreo incluye la recepción de denuncias de "problemas de alimentación, malos tratos, tortura, golpes, lanzamientos de agua fría y gas lacrimógeno".

Además, técnicos de la Defensoría han visitado las cárceles y han recolectado estas quejas de primera mano. Luego, las denuncias son incluidas en informes que se remiten a la Fiscalía para la apertura de investigaciones previas, que todavía se mantienen en reserva.

"Creemos en el testimonio de familiares, organizaciones y personas privadas de la libertad en las visitas. Esos testimonios los trasladamos a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones".

Rodrigo Varela

En lo que va de 2024, la DPE ha enviado 21 alertas a la Fiscalía General del Estado. Además, ha elaborado dos informes técnicos y seis más están en proceso de construcción.

Esta cifra corresponde a las labores de la matriz de la Defensoría en Pichincha. Pero, además, las delegaciones provinciales han realizado 82 visitas —hasta finales de abril— en las prisiones ubicadas en cada territorio.

Sobre las alertas de muertes al interior de las cárceles, Varela explica que, inicialmente, la Defensoría no tenía información de lo que estaba pasando y que, al cruzar datos con la Fiscalía, se dieron cuenta de que esa institución tampoco tenía datos.

Por esta razón, la Defensoría solicitó información al SNAI para contrastarla con las denuncias de familiares, organizaciones civiles y de los propios presos. El último corte de información que recibieron es el 7 de marzo de 2024.

Hasta esa fecha, desde enero, se registraron 24 fallecimientos según el SNAI. En esta lista se incluyen:

• 11 muertes violentas
• Tres muertes por motivos naturales
• 10 muertes por causas desconocidas

Es decir, SNAI reconoce 21 fallecimientos sospechosos en el marco del conflicto armado. Son cinco más que las registradas por el Ministerio del Interior, hasta finales de abril, en las cifras de muertes violentas a escala nacional.