Lunes, 15 de julio de 2024

Ecuador enfrenta sismos e inundaciones con una institución 'mutante' y sin ley

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

10 Mar 2023 - 17:53

En 2022, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró tres veces la alerta amarilla, dos en Chimborazo y una por el volcán Cotopaxi. Estas amenazas no han desaparecido y, desde enero, se sumaron las inundaciones por el fenómeno de La Niña.

Reunión del COE provincial de Manabí para articular la respuesta a las inundaciones en Chone. Gestión de riesgos

Autor: Adriana Noboa

Actualizada:

10 Mar 2023 - 17:53

Reunión del COE provincial de Manabí para articular la respuesta a las inundaciones en Chone, el 8 de marzo de 2023. - Foto: @Riesgos_Ec

En 2022, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró tres veces la alerta amarilla, dos en Chimborazo y una por el volcán Cotopaxi. Estas amenazas no han desaparecido y, desde enero, se sumaron las inundaciones por el fenómeno de La Niña.

Desde 2008, la institucionalidad para la gestión de riesgos ha mutado seis veces, desde la Dirección Nacional de Defensa Civil, pasando por secretaría técnica, nacional, servicio, hasta la última transformación de este enero, nuevamente, como Secretaría de Gestión de Riesgos.

Además de los cambios administrativos, la entidad sigue sin contar con una ley, que organice el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Ese Sistema fue establecido la Constitución desde 2008.

Ni siquiera la pandemia de Covid-19 logró que el Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo para emitar la ley para gestionar lo sucedido, como lo solicitó la Corte Constitucional (CC).

Ecuador sigue su día a día entre actividades sísmicas, volcánicas y duros inviernos, sin contar con los desastres provocados por el mal manejo y uso del suelo, o por el descuido ambiental.

En 2022, la Secretaría Jurídica de la Presidencia confirmó que el Ejecutivo no trabajaría en una ley de gestión de riesgos y que, a través de la ahora Secretaría del área, colaborarían en el trámite del proyecto que analiza la Asamblea.

La intención en el Legislativo es separar la gestión de riesgos de la seguridad pública y, en una sola normativa, concentrar la gestión integral de riesgos, desastres, endemia y pandemia. Esta iniciativa está en trámite para segundo debate.

Los desastres no esperan

El país mantiene la alerta amarilla por la actividad del volcán Cotopaxi y por los deslizamientos en Alausí (Chimborazo). A esto, desde enero, se suman los 128 cantones que sufren las consecuencias por las fuertes lluvias, un evento que año a año deja pérdidas a su paso.

A finales de 2021 e inicios de 2022, además de las inundaciones, Ecuador soportó varias tragedias en:

  • Zaruma (El Oro).
  • Nabón (Azuay).
  • Guano (Chimborazo).
  • Chimbo (Bolívar), por hundimientos y deslizamientos de tierra.
  • San Francisco (Orellana) y El Chaco (Napo), por la erosión del río Quijos.

Ninguno de estos eventos, previstos o imprevistos, acelera la aprobación de la ley de gestión de riesgos o la mejora del sistema y la potenciación de la Secretaría. Así como la eficiencia en la ejecución del gasto.

Por ejemplo, según el reporte de enero a diciembre de 2021, el gasto corriente se ejecutó casi al 100%. Mientras que para los bienes y servicios para inversión solo se ejecutó el 19%. Mientras que en 2022 el gasto corriente se ejecutó al 95% y el de inversión al 71,35%.

Equipos "muy obsoletos"

En sus informes, la Secretaría de Gestión de Riesgos acepta que el equipamiento tecnológico de las salas nacionales y unidades de monitoreo data de 2012 y que no tienen la capacidad para realizar el trabajo requerido.

Muchos de esos equipos ya han cumplido su vida útil y otros resultan "muy obsoletos". Por eso, en 2022, la institución adquirió equipos por un monto de USD 489.498, entre computadoras de escritorio y portátiles, equipos de cómputo de alto rendimiento, e impresoras.

Además, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos "no dispone de una
herramienta tecnológica
integral que permita dimensionar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en el territorio según sus competencias".

Por ello, la Secretaría viene trabajando desde el año pasado en la ejecución de un proyecto de inversión que incluye dos plataformas:

  • Una tecnológica para el monitoreo y manejo de emergencias a nivel nacional.
  • Y una para la reducción del riesgo y la consolidación de una infraestructura de datos espaciales.

La Secretaría tiene previsto completar dos proyectos hasta 2025, para fortalecer la gobernanza y la respuesta de los actores en la materia, con un presupuesto de USD 9,8 millones.

Y frente a la falta de conocimiento o capacidades específicas entre los otros actores del sistema, como los gobiernos autónomos, y el desconocimiento generalizado entre la población, la Secretaría lanzó en octubre el proyecto Ciudades Resilientes 2030.

El objetivo es fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos, incluyendo la creación de sistemas cantonales de gestión de riesgos y el fortalecimiento de las capacidades de municipios.

Gestión de Riesgos: un trabajo reactivo

Mientras eso sucede, los actores del sistema siguen trabajando principalmente de manera reactiva, cuando ya suceden los desastres, y coordinando acciones a través de los comités de operaciones de emergencia.

Sin embargo, esas instancias tampoco son del todo eficientes, la Secretaría sostiene que la interacción entre los diferentes niveles institucionales es un factor extremadamente complejo.

Por ejemplo, destaca en uno de sus informes, durante la gestión de la pandemia hubo generación tardía de información, existió mucho desconocimiento o falta de comprensión de las resoluciones, tampoco hubo una retroalimentación oportuna.

Esto seguirá repitiéndose mientras no exista mayor claridad en el funcionamiento, jerarquías y capacidades de los miembros del sistema nacional de gestión de riesgos, que siguen a la espera de una normativa que regule la materia.

Nota de la redacción: esta noticia fue actualizada a las 17:53 del 10 de marzo con las precisiones de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre los proyectos de inversión y ejecución presupuestaria.

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