Este jueves 19 de diciembre, el Legislativo aprobó la Ley de Desaparecidos tras el veto del Ejecutivo. Los familiares de las víctimas pedían mantener el texto original del proyecto
Nota actualizada a las 13:20, con la decisión de la Asamblea.
El veto del presidente Lenín Moreno a la Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas tuvo distintas lecturas. Los familiares de los desaparecidos pedían a la Asamblea que lo ignorasen.
Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) las observaciones del Mandatario restaban deberes al Estado, frente a esta problemática.
La normativa agrupa dos proyectos de ley. El primero fue una propuesta del exfiscal Paúl Pérez y el segundo de la legisladora Lourdes Cuesta. El 24 de octubre, el proyecto unificado fue aprobado por unanimidad por la Asamblea, con 112 votos.
Sin embargo, el Ejecutivo sugirió, a través de un veto parcial, más de 50 cambios al texto de 65 artículos y 13 disposiciones.
La Comisión Ocasional, que se creó para tratar el tema, resolvió recomendar al Pleno que se allane a 68 observaciones y se ratifique en ocho textos originales. Este jueves, 19 de diciembre de 2019, se aprobó ese informe.
Las observaciones de Asfadec
La organización, que representa a los familiares y amigos de los desaparecidos, no estaba de acuerdo con cinco sugerencias del Ejecutivo.
Ayer, la organización presentó ante la Asamblea un análisis jurídico sobre estos puntos para que sea considerado en el debate en el Pleno.
Criterios divididos
Pese a que han trabajado de cerca, el veto presidencial dividió a la Asfadec y la Comisión Legislativa que manejó la problemática.
El trabajo fue cercano y empático, según la propia Asociación, porque la Mesa de la Asamblea la dirige Absalón Campoverde. Él es padre de Juliana Campoverde, quien desapareció en 2012 y es uno de los casos icónicos de desapariciones en el país.
Sin embargo, en esta ocasión, Campoverde no concondó con las observaciones de la Asfadec y la sociedad civil, representada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Esta disyuntiva se hizo evidente el miércoles 18 de diciembre, en los exteriores de la Asamblea. La Asociación e Inredh había convocado a una rueda de prensa para hablar del veto presidencial.
En medio de las intervenciones, Absalón Campoverde, junto a su equipo de trabajo, se paró detrás de quienes hablaban para escucharlos. Con su cabeza hacía gestos de desaprobación.
Incluso, al micrófono, hubo una especie de confrontación con Patricia Chiriboga, abogada representante de las familias de las víctimas.
Aún no hay cifras
En agosto de 2018, las familias de las personas desaparecidas en Ecuador denunciaron incongruencias con las cifras estatales sobre este fenómeno.
Por ejemplo, en 2014, las cifras llevadas por la Policía acerca de denuncias por desapariciones, no concuerdan con las de la Fiscalía.
El 1 de agosto de 2019, la Asfadec recibió una respuesta de la Fiscalía sobre las estadísticas de desapariciones: los datos entregados corresponden a 2018. Se detallan 1.359 casos que estaban en esa investigación.
Este es el detalle, por edad, de las cifras entregadas.
Además, la Fiscalía respondió que, a partir del 7 de enero de 2019, la institución cuenta con el Sistema de Personas Desaparecidas (SPD) que permite la obtención de estadísticas a escala nacional.
En el mismo oficio, la entidad ofreció un trabajo interinstitucional para depurar los datos y tener una estadística confiable de desaparecidos.
Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos esos datos. Ni en la Web de la Fiscalía, ni tampoco en la página desaprecidosecuador.gob.ec, que maneja el Ministerio de Gobierno y que tiene datos hasta 2018.
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