Reglamento permite aplicación de los derechos del adulto mayor
Los adultos mayores tendrán acceso a rebajas tarifarias, centros gerontológicos y al retorno digno, en el caso de inmigrantes. Las juntas cantonales podrán emitir medidas de protección.
Adultos mayores en el centro gerontológico de Cayambe (Pichincha) en una imagen captada el 18 de septiembre de 2018.
Cortesía MIES
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Más de un año después de la expedición de la Ley del Adulto Mayor, el presidente Lenín Moreno aprobó su reglamento.
El decreto ejecutivo 1087 contiene los mecanismos de aplicación de esta norma.
En esa línea el reglamento reconoce los siguientes derechos:
- Obliga al estado a la promoción de sus derechos y a la atención prioritaria.
- En las cárceles habrá espacios diferenciados para este grupo prioritario.
- Tendrán acceso a atención para la salud mental de manera gratuita.
- Queda prohibida la discriminación laboral.
- El Gobierno deberá implementar servicios de atención gerontológica en centros especializados.
- 50% de rebaja en planes básicos de celular y del plan comercial residencial de Internet.
Incluso, las nuevas obligaciones abarcan al conjunto de la sociedad. El reglamento ordena a los ciudadanos “conocer los derechos de los adultos mayores” y crear veedurías para observar su cumplimiento.
Además, se elaborará el Plan Nacional para la Protección Integral de los Derechos de Personas Adultas Mayores.
Ese documento contendrá un diagnóstico actual del cumplimiento de derechos, metas, indicadores y modelo de gestión.
Medidas de protección
Con el reglamento también se crean medidas de protección de derechos, que podrán ser emitidos por los órganos competentes, administrativos o judiciales.
Uno de ellos serán las juntas cantonales de protección de derechos. Cuando un adulto mayor esté en peligro, esta entidad tendrá la capacidad de emitir boletas de auxilio, orden de salida del agresor de la vivienda o restitución a su hogar.
Al mismo tiempo se crea un sistema nacional de información sobre la situación del adulto mayor. Esa responsabilidad estará a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Esta misma Cartera de Estado creará un consejo consultivo.
Mientras que la Cancillería tiene 180 días para establecer cómo se hará el retorno digno. Ese derecho beneficiará a inmigrantes adultos mayores que estén en el extranjero.
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