El Ministerio de Salud ha sido una de las instituciones que más cambios y recortes tuvo en los cuatro años del gobierno de Lenín Moreno. También, una de las menos transparentes, al menos durante la pandemia. En doce meses hubo cinco ministros que, en algunos casos, no cumplieron ni un mes en el cargo.
Propuestas del gobierno
La salud era uno de los apartados que menos espacio tenía en las 88 páginas de la propuesta de gobierno que presentó Lenín Moreno en 2016, cuando fue candidato a la Presidencia.
El texto alababa las obras que había dejado la “Revolución ciudadana” en infraestructura hospitalaria y la reducción de enfermedades relacionadas con la pobreza.
Lo que haría el gobierno de Moreno era ‘reforzar’ los proyectos que Rafael Correa había dejado, pero le sumó promesas de transparencia y veedurías ciudadanas.
¿Cómo recibió el área?
En los diez años que gobernó Rafael Correa, invirtió USD 13.500 millones en la construcción de nuevos hospitales y en organizar los niveles de atención.
Además, se contrató más personal de salud. En 2016, el país contaba con nueve médicos por cada 10.000 habitantes.
Al mismo ritmo, la demanda de atención se triplicó, pero cantidad no significa calidad.
El gobierno debió establecer protocolos de atención de menos de 20 minutos por persona, lo que causó molestias en los usuarios.
Por eso, una de las ofertas del proyecto de gobierno que continuaría Moreno era mejorar la calidad de la salud.
Y aunque es innegable la inversión en que hizo la Revolución Ciudadana en 10 años, también heredó una millonaria deuda con el Instituto de Seguridad Social, que sólo después se sabría que alcanzaría los USD 8.927 millones.
La pandemia
La pandemia sorprendió al mundo. Sin embargo, no todos sufrieron el mismo impacto.
En Ecuador, Guayaquil fue el epicentro de contagios y muertes en América Latina, a inicios de 2020.
Datos del Registro Civil dan cuenta de que en marzo de 2020 murieron 8.547 personas y en abril, 17.162, triplicando el número de muertes registradas en otros años.
Los sistemas de salud pública y privada colapsaron. Faltaba espacio para atender a tantos pacientes, los médicos no tenían equipos de bioseguridad y había escasez de medicamentos.
La pandemia del coronavirus llegó cuando el país pasaba por la peor parte de una crisis económica que venía arrastrando desde el gobierno anterior.
El Ministerio de Salud había sufrido importantes recortes en el presupuesto de 2019 y sobre todo en 2020, cuando llegó la emergencia sanitaria.
Y a pesar de contar con pocos recursos para afrontar la pandemia, nuevamente la corrupción opacó la gestión de las autoridades.
Según el Sistema Oficial de Compras Públicas (Sercop), la red pública integral de salud, que incluye al Ministerio de Salud, a los hospitales del IESS, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, realizaron 2.459 contrataciones, por un monto superior a los USD 100 millones.
Según el último informe de labores del ministro Camilo Salinas, el Estado destinó USD 208.974.995 para enfrentar la pandemia, desde el aparecimiento del Covid-19 en el país.
En 15 meses de pandemia, el Ministerio de Salud realizó 1,3 millones de pruebas PCR, que es una de las principales estrategias para impedir la propagación del virus.
Sin embargo, Ecuador ha estado muy por debajo de la media propuesta por organismos internacionales.
Países como Colombia o Chile, en el mismo periodo, han realizado más de 10 millones de pruebas de diagnóstico.
Pero saber más detalles de las estrategias del Ministerio de Salud ha sido complejo, por el hermetismo de la información y el difícil acceso a datos oficiales.
Hasta los últimos días del gobierno de Moreno, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, denunciaba que les habían impuesto una mordaza para no denunciar las irregularidades en los hospitales. “Estamos prohibidos de hacer declaraciones”, denunció Álvarez.
Sin plan de vacunación
Con la esperanza de tener una vacuna que ponga fin a la pandemia, llegó la corrupción.
No habían pasado ni 72 horas de haber iniciado el plan piloto de vacunación, cuando se develaron irregularidades.
Un equipo de vacunadores del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito ingresó a un condominio privado en la capital, donde vive la madre del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Ese sería solo el inicio de un listado VIP de vacunados que terminó con la renuncia de Zevallos, quien de inmediato salió del país.
A Lenín Moreno, quien defendía a Zevallos hasta después de su renuncia, no le quedó más que admitir que “no había un plan de vacunación, que solo estaba en la cabeza del ministro”.
La Fiscalía investiga el caso bajo reserva y la anterior asamblea alcanzó a censurar en ausencia al exministro Zevallos, quien no podrá volver a ejercer cargos públicos por dos años.
Luego siguieron las renuncias y destituciones. En menos de dos meses, el Ministerio de Salud tuvo cuatro autoridades.
La vacunación continuaba lentamente y con tropiezos, afectando especialmente a los adultos mayores, que debían esperar hasta cinco horas bajo el sol o la lluvia para recibir la vacuna.
Aún así, el gobierno insistió en que cumplirá su meta de inocular a dos millones de personas hasta el 24 de mayo. Sin embargo, no ocurrió.
En realidad, ni siquiera el personal médico está vacunado en su totalidad y Ecuador es uno de los países de América Latina que más lento inocula a su población.
En cuatro meses, en medio de problemas de coordinación y logística, el Ministerio de Salud ha logrado aplicar 1.583.399 dosis.
Pero hasta el 20 de mayo, solo 379.621 personas habían sido inoculadas, y 1.203.778 habían recibido la primera dosis, sin tener la certeza de cuándo recibirán la segunda.
El gobierno anunció un nuevo retraso de 1,5 millones de dosis de dos tipos de vacunas que debían llegar a inicios de mayo.
Lo que hereda el nuevo gobierno
La reactivación económica del país va de la mano del principal reto del nuevo gobierno: vacunar a por lo menos el 70% de la población hasta finales de 2021.
Según el gobierno saliente, dejó comprometidas 20 millones de dosis de vacunas con tres laboratorios: Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, de las cuales ha pagado USD 75 millones, que corresponden sólo al 20% del costo total de las vacunas.
Pero se desconoce cómo queda la logística, los puntos de vacunación y la cantidad de personal de vacunadores para lograr el objetivo de acelerar el proceso de inoculación.
El nuevo gobierno también deberá asumir la millonaria deuda con el IESS, que asciende a más de USD 15.901 millones, de los que depende la liquidez de la entidad y el pago de las pensiones a los jubilados para los próximos años.
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