Sábado, 04 de mayo de 2024

Fiscalía rechaza decisión de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

30 Jun 2023 - 19:20

La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó la apelación de Aníbal V., quien fue acusado de lavado de activos.

Imagen referencial de la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

30 Jun 2023 - 19:20

Imagen referencial de la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito. - Foto: Fiscalía/Twitter

La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó la apelación de Aníbal V., quien fue acusado de lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado rechazó la decisión de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas que aceptó apelación de Aníbal V, ratificando su inocencia. En primera instancia, Aníbal había sido sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos.

"Fiscalía, como titular de la acción penal, rechaza esta nueva decisión judicial que fomenta la impunidad ante los actos de corrupción", sostiene un comunicado de la institución.

Agrega que tomará las acciones legales que correspondan.

La Fiscalía afirma que Aníbal fue accionista de las empresas Marcelo Vallejo y Fartineti, que entre 2010 y 2016, ocasionaron un perjuicio económico al Estado de más de USD 12 millones.

"Aníbal sería parte de una presunta organización delictiva liderada por Marcelo V., cuya audiencia de juicio está prevista para agosto, pues se encontraba prófugo de la justicia", afirma la Fiscalía.

Y los magistrados también ratificaron la inocencia de otras tres personas que se desempeñaban como contadoras de las compañías.

Durante esos cuatro años se reportaron actividades de empresas de fachada y adquisición de bienes inmuebles sin justificación, dice la Fiscalía.

Agrega que el dueño de las empresas supuestamente obtuvo activos de procedencia ilícita, los cuales ocultó y disimuló utilizando el sistema financiero, mediante la compra-venta de inmuebles en dinero en efectivo.

Los inmuebles habrían sido inscritos a nombre de las compañías con la finalidad de impedir la determinación real de la procedencia de los activos ilícitos.