Una policía y otra mujer son acusadas de haber recibido USD 39.820 de la víctima con la promesa de que tendría una ganancia del 3% diario por su dinero.
Un juez de Tungurahua llamó a juicio a una servidora policial, Erika Paola Y. V., y a Divina Antonia P. M., como presuntas autora y cómplice, respectivamente, del delito de captación ilegal de dinero.
La audiencia se cumplió el martes 22 de agosto de 2023. El juez ratificó las medidas cautelares en su contra, que son la presentación periódica ante la Justicia y la prohibición de salida del país.
Los hechos habrían ocurrido en marzo de 2021, cuando Erika Paola Y. V., paciente de la víctima en el Hospital Básico Enrique Becerra, de Guaranda, la convenció de invertir en una plataforma de inversiones.
La servidora policial le dijo que era la administradora de la supuesta empresa y aseguró que el negocio era legal, incluso que contaba con la autorización de la Superintendencia de Bancos.
Para convencerla, le dijo que solo los miembros de la Policía Nacional podían ingresar, pero que ella podría hacer una excepción para que la víctima pueda realizar la inversión y ganar mucho dinero, según la investigación de la Fiscalía.
La víctima realizó varias transferencias a la cuenta bancaria de la policía y a la de su socia, Divina Antonia P. M., hasta completar la cantidad de USD 39.820.
Luego, la víctima acudió a la Superintendencia de Bancos y se enteró de que la empresa no existía. Además, que las dos mujeres no contaban con autorización para realizar actos de intermediación financiera.
El 15 de diciembre de 2021, mediante procedimiento abreviado, siete procesados ya fueron sentenciados por captar dinero en la misma empresa.
El 16 de junio de 2022, cuatro personas más, entre ellas los jefes de la empresa, fueron sentenciados a cinco años, decisión que fue apelada y aún se espera su resultado.
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