Esto no es político
Los contratos sindicales de CNEL y CNT: ¿entre privilegios y pactos con el poder?
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
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En Ecuador hay un sindicalismo dorado que, lejos de defender a los trabajadores, ha encontrado en el Estado la mina de la que extrae privilegios a costa de todos.
El caso del Comité de Empresa de CNEL es apenas la última expresión de un sistema enquistado: contratos colectivos que rozan el absurdo, beneficios millonarios firmados en la penumbra de los gobiernos, prebendas extendidas incluso a quienes no tienen derecho a sindicalizarse, y ahora, denuncias de cuentas bancarias vaciadas con la misma ligereza con la que se firman acuerdos políticos por debajo de la mesa.
Este sindicalismo que busca beneficios exorbitantes para un puñado de trabajadores, incluso echando mano de mañas y manejos tramposos en la frágil justicia ecuatoriana, está muy lejos de las reivindicaciones justas que históricamente permitieron alcanzar la jornada de ocho horas y otros derechos laborales.
Pero el contrato colectivo de CNEL, firmado seis días antes de que termine el gobierno de Lenín Moreno, tuvo un costo superior a 500 millones de dólares para el Estado, y fue aprobado con cláusulas que garantizan indemnizaciones estratosféricas y aumentos salariales retroactivos que no podrían sostenerse en ninguna empresa privada y sin los dictámenes legales que exige la Constitución.
Ni siquiera contó con el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas que debía certificar la existencia de fondos para otorgar estos beneficios en la empresa pública.
Otra de las irregularidades fue la incorporación de al menos 1.770 funcionarios públicos al sindicato, a pesar de que el régimen laboral no se los permitía, de acuerdo a la Ley. Por eso, en febrero de 2025, la Corte Constitucional obligó a devolver más de 70 millones de dólares a quienes se beneficiaron ilegalmente del contrato colectivo.
Esa decisión no exculpa al poder sindical: Richard Gómez ha sido señalado como partícipe de todas las irregularidades, al ser quien lideraba el sindicato cuando se negoció el contrato colectivo y durante todas las cuestionadas acciones legales posteriores.
El 3 de septiembre fue despedido de CNEL, como parte de una reestructuración institucional, a pesar de que algunos sindicalistas que lo cuestionan consideran que debió iniciarse un sumario interno para evitar pagar una millonaria indemnización producto del contrato colectivo y su actividad sindical. Quien decidió el despido en lugar del visto bueno —mecanismo con el que se habría evitado la indemnización– fue el gerente de CNEL.
Hoy Gómez enfrenta además señalamientos hechos por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que lo acusó de haber vaciado 853 mil dólares de la cuenta del sindicato de CNEL en apenas un mes, dejando como saldo 53 centavos.
Gómez asegura que fueron gastos legítimos, “justificados y destinados para el pago de haberes y la compra de botas dieléctricas, ya contratadas desde mayo de 2025".
Pero las dudas sobre el manejo de ciertos sindicatos se extienden a otras empresas públicas, como CNT, en donde se ha denunciado un contrato colectivo muy similar al de CNEL. Pero allí, las consecuencias no son las mismas.
En un país con instituciones frágiles, aliarse con un gobierno suele garantizar privilegios. Y el reacomodo del tablero sindical parece ser una jugada previamente ensayada, con la venia del poder político.
El 28 de agosto, el Ministerio de Trabajo registró a Oswaldo Chica, dirigente de CNT y entonces primer vicepresidente de la CUT, como nuevo presidente subrogante de esta organización, argumentando que el periodo de Gómez ya había culminado
Menos de una semana después, el día anterior a que la ministra señalara el supuesto vaciamiento de la cuenta sindical por parte de Richard Gómez, Chica daba unas preocupantes declaraciones ante un grupo de periodistas que lo abordó en el aeropuerto de Guayaquil.
En una sincronía de tiempos casi perfecta, habló de la “apertura” del gobierno para un diálogo con los sindicatos, dijo que han trabajado en “reformas a acuerdos ministeriales” que consideraban “perjudiciales”, resaltó el “gran espacio” que la ministra les ha dado y que se han sentado en mesas técnicas tras las cuales, el ministerio pudo “corregir temas complicados”, como la “revisión de contratos colectivos” y que eso “se ha podido parar”.
¿Por qué, si los contratos colectivos de CNEL y CNT eran muy parecidos, las reacciones y presiones sobre ellos son distintas?
La respuesta viene a renglón seguido, sin disimulo ni incomodidad: “Esto es un dando y dando”, dijo Chica, sin sonrojarse. “Hemos visto que se está convocando a una marcha el día miércoles, estoy viajando a la ciudad de Quito para poder coordinar bien los temas y tengan la seguridad de que así como lo hicimos con la marcha anterior, donde a través de la Confederación de Trabajadores pusimos 17 mil trabajadores, ahora como CUT lo haremos con un mayor número de trabajadores”.
En esas frases, lanzadas con desparpajo, se condensa la esencia del sindicalismo dorado: la movilización de miles de trabajadores no como un acto de defensa de derechos, ni como expresión de autonomía obrera, sino como ficha de cambio en una negociación con el poder político. Es la admisión explícita de una relación clientelar: yo pongo la gente en la calle, tú me das privilegios y acceso.
La movilización entendida no como una herramienta de presión legítima desde abajo, sino como un activo transable en la mesa de negociación con el gobierno de turno.
Cierto sindicalismo — encarnado por cuestionables líderes— se ha acostumbrado a hablar en esos términos porque sabe que así funciona el juego. Si el gobierno abre las puertas, si concede beneficios, si protege contratos que drenan cientos de millones del erario público, entonces los sindicatos responden con apoyo político, con marchas multitudinarias y con respaldo en la narrativa pública.
“Si el gobierno a nosotros nos escucha y nos abre las puertas en las necesidades que tienen los trabajadores, nosotros vamos a respaldar al Presidente de la República”, dijo.
Es una transacción descarada.
Esa es la verdadera tragedia: un sindicalismo que debería ser contrapeso al poder se convierte en su aliado cuando de privilegios se trata. Que debería representar a los trabajadores más vulnerables, pero en realidad defiende a una élite sindical protegida por contratos colectivos plagados de irregularidades. Que en vez de interpelar al Estado, se pone la camiseta del oficialismo para garantizar que los excesos costeados con fondos públicos sigan en unas pocas manos. Y que encima lo confiesa, sin pudor, porque sabe que en este país ya casi nadie se sorprende de que los principios se cambien por beneficios y que las banderas ondeen al ritmo que marque el poder de turno.