Capturas menores, redes criminales intactas

El toque de queda implementado en cuatro provincias de la costa ecuatoriana: Guayas, El Oro, Santo Domingo y Los Ríos no está dando las métricas esperadas para generar una tendencia robusta para combatir el crimen organizado transnacional. Mientras la medida excluye a Manabí y Esmeraldas bajo el argumento de que sus puertos no operan actualmente como nodos estratégicos de exportación, responde a una lógica de contención territorial enfocada en corredores logísticos del crimen. Para la población, la medida debería traducirse en una reducción de la violencia y en una mayor protección frente a daños colaterales.

Sin embargo, tanto la evidencia empírica como la teoría del crimen organizado cuestionan esa premisa. Hasta ahora, los datos cuantitativos no solo resultan poco alentadores, sino que evidencian los límites de las respuestas restrictivas cuando no están respaldadas por inteligencia criminal, intervención estructural, prevención temprana y un control efectivo de las economías ilícitas. Esto implica no solo su contención operativa, sino la incautación sistemática del patrimonio ilícito para su posterior reutilización social.

El balance hasta el momento del toque de queda muestra resultados mixtos. Se han reportado más de 1.000 aprehensiones por incumplimiento, incluyendo, desde el primer día, a moradores en Durán que incluso organizaron un “piscinazo” en plena vía pública. Por otro lado, durante el periodo evaluado se incautaron USD 24.644,21 en efectivo y más de 2,1 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización.

Si bien el monto de dinero decomisado puede parecer significativo a primera vista, resulta marginal dentro de las economías del crimen organizado. Basta considerar que un kilo de cocaína en Ecuador puede costar alrededor de USD 1.500. Sin embargo, al destinarse al microtráfico, ese mismo kilo puede generar ingresos cercanos a los USD 20.000. Esta brecha evidencia la limitada afectación real que tienen estas incautaciones sobre las finanzas de las estructuras criminales. El verdadero impacto económico sobre estas organizaciones no se logra en la calle, sino en el sistema financiero: el decomiso efectivo de sus recursos requiere inteligencia financiera, trazabilidad de activos y una intervención directa en las instituciones bancarias donde se integra el lavado con la economía legal.

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Por otro lado, los objetivos de “alto valor” para las instituciones del orden no han sido particularmente relevantes. Se ha reportado la detención de dos personas de interés penal por posesión de droga, así como la captura de Bryan José Macías Cedeño, alias “La Perris”, identificado como jefe de sicarios de Los Tiguerones. Él permaneció menos de 24 horas en la Penitenciaría del Litoral, tras ser asesinado en un ajuste de cuentas entre grupos al interior del centro carcelario. Este desenlace, lejos de ser sorpresivo, era altamente previsible considerando su posición dentro de la estructura criminal. La Perris era quien lideraba la estructura de sicariato, determinando los objetivos a ejecutar y coordinando las órdenes de asesinato, además de gestionar el cobro por estos servicios delictivos.

Si se quisiera aprovechar el toque de queda en los días restantes, los verdaderos objetivos de alto valor deberían centrarse en aquellos actores insertos en las estructuras políticas y económicas que sostienen y facilitan el funcionamiento del crimen organizado en el país. Operaciones como Bremen y Costa evidencian el camino: la existencia de seudoempresarios con nexos políticos que no solo garantizan impunidad dentro del sistema de justicia, sino que también operan dentro de los puertos, asegurando la continuidad de la cadena de valor del narcotráfico.

Si bien ir contra criminales altamente reemplazables, como “La Perris”, es operativamente necesario, el verdadero impacto estratégico radica en intervenir allí donde circula el dinero duro. Los fixers pueden quedarse con hasta el 30% del dinero de la operación a cambio de activar conexiones críticas dentro del sistema político, judicial y logístico, facilitando así el funcionamiento del crimen organizado.

Como advierte James Cockayne en El poder oculto, más allá de los chistes sobre “políticos corruptos”, solemos pensar en criminales y funcionarios públicos como actores con roles diferenciados. Sin embargo, esa aparente separación se desdibuja en la práctica, revelando lo difícil que es trazar una línea clara entre política y crimen. En ese punto es donde realmente se juega la disputa: no en los eslabones reemplazables, sino en las redes que garantizan protección, impunidad y continuidad a las economías ilícitas. Hasta que no vayamos detrás de perfiles políticos y empresariales, nada cambiará.