Palos de ciego

El gobierno nacional se ha desnudado por completo en cuanto a sus ambiciones políticas: capturar el mayor número de espacios de poder dando palos de ciego. Aunque incrementar los campos de influencia es una de las máximas de la contienda política, otra es hacerlo de forma secuencial y sin extralimitarse en cuanto a los frentes de disputa que se abren. En otras palabras, no se pueden dar todas las peleas al mismo tiempo ni contra enemigos políticos diferentes. El riesgo de omitir este principio de gobernabilidad es que los recursos a disposición del gobernante podrían no ser lo suficientemente amplios para paliar eficientemente las reacciones de quienes se sienten afectados por sus decisiones. En el caso ecuatoriano, el gobierno parece no dimensionar lo arriesgado de su guion político y las consecuencias que de allí podrían derivarse. 

Arremeter política y judicialmente contra Aquiles Álvarez es una de esas decisiones que le genera al gobierno más costos que beneficios. En primer lugar, posiciona al alcalde de Guayaquil como un líder nacional, cuando hasta hace poco su presencia no desbordaba mucho más allá de la Perla del Pacífico. En segundo lugar, y más allá de las eventuales responsabilidades penales del burgomaestre, lo que ha quedado claro es que detrás de los procesos judiciales iniciados en su contra hay una serie de jueces y fiscales marcados en su ADN por los hilos oficialistas. ¿Qué gana el gobierno con este enfrentamiento? Realmente muy poco. ¿Tienen en Carondelet a alguien que pueda disputarle la alcaldía de Guayaquil en unos meses a Álvarez? La respuesta es no.  

El caso del diario Expreso sigue la misma línea argumentativa. Decisiones de la superintendencia de compañías tomadas en un momento en el que el ambiente político está enrarecido ponen en tela de juicio, incluso en la opinión de los más leales al gobierno, sobre la veracidad de las imputaciones en contra de ese medio de comunicación. ¿Cuál es la ganancia que obtienen de esta jugada política? Prácticamente ninguna. Si deseaban atemorizar a la opinión pública o acallar voces, será muy poco lo que consigan pues está ya marcada la cancha entre los críticos del gobierno y los que se han entregado en alma, vida y corazón a las mieles del poder. La correlación de fuerzas en ese campo, difícilmente se alterará de forma notoria. A cambio, el gobierno se ha echado encima a organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión y al entorno internacional.

No conformes con los frentes de combate anotados, han optado por abrir otro espacio de disputa con los gobiernos seccionales. Tensionar con los municipios y prefecturas conlleva trasladar la conflictividad nacional a lo local, un espacio geográfico en el que los gobiernos centrales siempre tienen menor control. Además, provocar disputas por la orientación de recursos económicos a pocos meses de un proceso electoral, también es una decisión arriesgada, por decir lo menos. Si los alcaldes y prefectos gastan de forma ineficiente o incluso si desvían fondos es un problema grave, pero esos gobiernos son autónomos y, guste o no, poco se puede hacer aún con la aprobación de una ley. Acá otra decisión errática del gobierno: invertir tantos recursos en negociar con la Asamblea Nacional una reforma que, tarde o temprano, llegará a la Corte Constitucional y allí será declarada como contraria a la norma suprema. Aun cuando el gobierno ya cuente con dos o tres jueces constitucionales a los que las ansias de poder, el temor, o ambas a la vez les ha ganado, es previsible que la mayoría de ese tribunal terminará echando por la borda, con razón, este nuevo emprendimiento gubernamental. ¿Vale la pena incurrir en semejantes costos cuando las ganancias políticas son magras y de corto plazo? 

Una visión alterna para un gobernante moderno es consolidar los espacios adquiridos y en función de ellos proyectarse a futuro. Eso genera mayor manejo del conflicto y permite disputar nuevos espacios de forma segmentada y racionalizando contra quiénes se quiere confrontar. Podrá sonar a una estrategia demasiado conservadora, pero es la que el buen Nicolás Maquiavelo aseguraba como la más efectiva. Cierto es que el florentino no pensaba en repúblicas modernas pero lo que nadie puede cuestionar que su apelación a esta estrategia de gobernabilidad es la que ha permitido la consolidación de las naciones más solventes del último siglo.