María José Pinto y el triunfo de la paridad de género

Una suerte de temor reverencial al poder parecería haber enmudecido a los políticos ecuatorianos, en especial a la mayoría de quienes recién meses atrás fueron candidatos a la Presidencia de la República, que no han dicho ni pío sobre las reformas a la Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia) que la Asamblea Nacional ha aprobado, y que, por un lado, afectará, de manera absurda, la participación de las mujeres en política y, por otro, concentrará el poder en solo dos grandes organizaciones partidistas. 

Son dos cambios que ponen en evidencia cómo se concibe la democracia cuando se llega al poder.

De un plumazo, el 20 de junio de 2025, la mayoría parlamentaria eliminó el principio de paridad y alternancia en las listas unipersonales (presidente/a vicepresidente/a), echando abajo un logro conseguido tras años de lucha de las mujeres del Ecuador, que batallaron por la representación política y la democracia representativa.

Si este cambio hubiese estado en vigencia en las últimas elecciones, María José Pinto, probablemente, no habría llegado a la Vicepresidencia de la República, porque Daniel Noboa habría podido escoger a un hombre como binomio, ya que no habría estado obligado a poner a una mujer, como lo estuvo.

El impacto de este retroceso movilizó, de inmediato, a más de 30 organizaciones de mujeres que han pedido al Ejecutivo que lo vete, de lo contrario irán a la Corte Constitucional a solicitar se vuelva a poner en vigor el numeral 9 del artículo 99 del Código de la Democracia, que ha estado en vigencia desde 2020.

Tal artículo establecía que los binomios presidenciales debían integrarse por una mujer y un hombre; en el nuevo texto se lo sustituye por una fórmula que permite contabilizar como participación femenina a una mujer que encabece una lista para diversas dignidades, en alianzas con otras organizaciones.

¡Un ardid!

Algunos asambleístas han intentado justificar su error señalando que ese cambio no fue debatido porque se lo introdujo a último momento, lo que significaría que se legisla con trampa, lo que sería escandaloso, y que los legisladores no leen los textos que aprueban, lo que resulta imperdonable.

El argumento de que no hay mujeres preparadas para estos desafíos es una mentira colosal, ya que los ejemplos sobran; lo que sucede es que, al escoger casi siempre prefieren a quienes les garanticen sumisión y que se avengan a las órdenes del dueño de la organización y por eso, a la hora de tomar decisiones, ni se percatan que ellas mismas se están afectando.

Enmendar el yerro queda en manos del Ejecutivo que es colegislador, pero eso no borra la fea acción de la Asamblea, que habrá echado tierra a un proceso que comenzó en 1997 cuando se consiguió las cuotas que abrieron el camino comenzando con la obligación del 20% que ha subido, poco a poco, hasta llegar al 50%.

En fin.

Lo otro, volver al método D’Hondt para la adjudicación de escaños, después de que fue declarado inconstitucional, en 2004, muestra que la democracia y sus principios poco importan. Y que ADN y el correísmo tienen intereses parecidos.

Con 125 votos, el 20 de junio, la Asamblea sustituyó el método Webster, que se utilizó en 2013 y 2021, y volvieron al D’Hondt.

Si este método hubiese estado en vigencia en 2021, Daniel Noboa no habría sido asambleísta, porque fue candidato por un movimiento menor, y la mayoría habría alcanzado el correísmo, Creo, Pachakutik y hasta el PSC.

Cuando 2013 y 2017 se lo usó, por una interpretación tramposa del correísmo, se lo hizo porque afecta la proporcionalidad ya que beneficia a los partidos más votados, y es menos equitativo para las minorías.

Para Azuay, 2013 fue traumático, ya que el correísmo, que por entonces era Alianza PAIS, con el 56% de la votación se llevó el 100% de la representación: los cinco escaños que elegía la provincia.

Los demás partidos se miraron las caras y abjuraron del método D’Hondt ya que a escala nacional el correísmo sacó 100 asambleístas de los 137 que integraban la Legislatura y se instaló la “aplanadora”.

Hoy, al resucitar ese método tal parece que el noboísmo y el correísmo quisieran el reparto político del país; solo así se entendería que, la representación azuaya de los dos movimientos, que vivió un drama en 2013, haya apoyado el D’Hondt.

El discurso de que así se mejora la gobernabilidad es descarado si se mira la calidad de leyes que hoy produce la Asamblea y que generará conflicto con la Corte Constitucional que deberá tramitar una decena de demandas.

Lo que parece razonable es el cambio del porcentaje que deben obtener los partidos políticos para seguir vigentes, que antes era un mínimo de 5% en dos elecciones consecutivas y ahora es 4% en una sola. Pero es insuficiente.

La reforma debía acoger las sugerencias de los expertos que dicen que solo los partidos con carácter nacional deben presentar candidatos a la Presidencia; así no habría decenas de aspirantes, como ahora.

Y que la elección de alcaldes y prefectos se haga en segunda vuelta; de esa manera no serán elegidos con alrededor del 20% y escasa legitimidad.

Si buscaban mejorar la democracia tenían que imponer un registro de afiliados que sea auditable; que los candidatos tengan un período mínimo de afiliación, y, exigir que las organizaciones políticas tengan doctrina, ideario, y cuadros que los representen.

Así se evitaría la improvisación y el transfuguismo de hoy, y la existencia de partidos y movimientos de alquiler, cuyo origen genera dudas y temor.

En las elecciones de 2025, gracias a la paridad de género, el nombre de 14 mujeres estuvo impreso como candidatas a la Vicepresidencia de la República, entre esos, el de María José Pinto que fue elegida segunda mandataria del país.

Pero, paradójicamente, con alguna excepción, ninguna de ellas ha rechazado que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional haya echado abajo esa conquista.