Los enemigos de Ecuador operan desde adentro y tienen cómplices

Recuerdo como si hubiera ocurrido hoy. Fue la mañana de un sábado y produjo en el país una sensación de desasosiego, porque los ecuatorianos se dieron cuenta de que el enemigo ya estaba adentro y los presagios más funestos se volvían realidad. 

El primer acto terrorista que golpeó a Ecuador ocurrió el 27 de enero de 2018 cuando una potente explosión en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, dejó 28 heridos, causó graves destrozos en las instalaciones del Comando de Policía, el colapso de 14 viviendas, la destrucción de una decena de carros y afectaciones en 50 metros a la redonda.

La onda expansiva del temor y el miedo alcanzó a toda la geografía nacional y enmudeció a los ecuatorianos que apostaron porque fuese un hecho aislado. Pero luego vinieron otros más que mostraron la vulnerabilidad de un país bajo ataque.

Y se fue perdiendo la paz.

El secuestro y asesinato del equipo de periodistas de El Comercio, en marzo de 2018, a manos del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, y de alias “Guacho”, en la frontera de Esmeraldas con Colombia, fue un golpe emocional devastador y un punto de inflexión para el periodismo, que dejó una herida abierta y preguntas sin respuesta de familiares y amigos sobre el fracaso de las negociaciones para su liberación.

Con apenas intervalos de tranquilidad, Ecuador sufre la constante arremetida del crimen organizado transnacional. Son épocas turbulentas.

Un shock colectivo provocó el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República y reconocido por haber destapado los nexos abominables de la política con el crimen organizado, al punto de que su grito de batalla fue: “La patria o la mafia”.

Su muerte, el 9 de agosto de 2023, arrastró al país a la escala más baja de la desolación y la furia contenida por la impotencia.

Condenados los autores materiales, la justicia hace malabares ominosos para no procesar y sentenciar a quienes tramaron la muerte de quien presidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y descubrió los nombres y los nexos de una organización criminal-conspirativa, que no se ha detenido, hasta ahora.

Con el alma en vilo, el 9 de enero de 2024, los ecuatorianos miraron, en directo, el asalto a las instalaciones de TC, en Guayaquil, que puso al Ecuador en la noticia a escala mundial, afectando su imagen, al quedar demostrado que había sido penetrado por bandas del crimen organizado que se disputaban su territorio.

El presidente Daniel Noboa decretó conflicto armado no internacional. Y hubo gran solidaridad.

Así, el mundo supo que la droga que salía de Ecuador provenía de Colombia donde el hectareaje de coca había crecido de manera exponencial y hubo más cocaína para traficar; de Perú que experimentaba un aumento de su producción, y que los carteles mexicanos que habían identificado nuevas rutas para el trasiego de las drogas hacia Estados Unidos y Europa, convirtieron a Ecuador en un “hub” de estupefacientes.

Definitivamente, la geopolítica del crimen había movido sus coordenadas. Y Ecuador estaba en riesgo permanente ya que todos miraban hacia acá.

Su extraordinaria riqueza mineral y tener al dólar como moneda de curso también atrajeron a los grupos delictivos, que se enfocaron en la minería ilegal, devastando zonas de gran biodiversidad.

Combatir al crimen organizado le ha significado a Ecuador dolor, lágrimas y la pérdida de valiosas vidas entregadas al servicio de la patria.

Eso ocurrió en el Alto Punino, en los límites entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, donde 11 militares fueron asesinados, el 9 de mayo de 2025, en una emboscada feroz atribuida al grupo narcoguerrillero Comandos de la Frontera, escindidos de las FARC, en alianza con Los Lobos, que se habían apoderado de la zona para extraer oro, de manera ilegal.

Este episodio de dolor por la cruel matanza llenó de angustia al develarse que hubo fuga de información en las altas esferas militares, ratificando que el poderoso enemigo se ha incrustado en las entrañas del país. Y está dispuesto a todo.

El reciente bombazo en una zona comercial de Guayaquil, a la hora de mayor movimiento, el 14 de octubre último, heló la sangre, porque debe ser la más cruenta acción terrorista registrada en Ecuador, ya que buscó causar el mayor daño posible; solo que el segundo coche con carga letal fue intervenido por la Policía que realizó una explosión controlada.

La sincronía en el accionar de los grupos terroristas que, en paralelo, afectaron con cargas explosivas un puente que une a Guayas con el Oro, y otro a esa provincia con Azuay, debieron haber modificado el centro de gravedad de la política de seguridad del Estado, porque el nivel de riesgo es extraordinario.

Por eso, que un sospechoso de haber participado en un ataque con explosivos en la zona de la Bahía, en Guayaquil, en mayo pasado, haya quedado en libertad no hace sino alimentar las sospechas del nivel de penetración del crimen organizado en la justicia y el poder.

También asusta que el “portafolio del crimen” se haya diversificado en Ecuador, por lo que hay tráfico de armas, de drogas, de diésel, de oro -ahora que la onza cuesta más de USD 4.200-; blanqueo de dinero y otros crímenes más.

Dice el historiador inglés John Keegan que el conocimiento previo de las intenciones del enemigo es la clave del éxito de una operación.

Eso se observó, el domingo, en el bombardeo que las Fuerzas Armadas ejecutaron para aniquilar la minería ilegal en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde las mafias se habían instalado para saquear las riquezas de los ecuatorianos.

Hay que cortar el mal de raíz porque su presencia contamina la democracia.

Siete años después del primer ataque terrorista, Ecuador combate a las mafias y eso está bien. Al enemigo que se ha metido en las entrañas del país al igual que a sus cómplices hay que destruirlos.