Fiscalía pidió prisión de Aquiles Alvarez en audiencia para revisar medidas de incautación de bienes

El juez Jairo García no se pronunció este viernes 3 de julio del 2026 sobre las órdenes de incautación que rigen sobre las propiedades de Aquiles Alvarez y su familia en el caso Goleada, mientras la sorpresa de la diligencia judicial la dio el fiscal Dennis Villavicencio al solicitar la prisión preventiva del alcalde, sus hermanos y otros procesados. 

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La audiencia de revisión de medidas cautelares se instaló a las 08:00, y se reinstalará el lunes 6 de julio para que el juez emita su decisión. La diligencia había sido solicitada por los abogados del alcalde y sus familiares, quienes pidieron la revocatoria o suspensión de las incautaciones.

Durante la audiencia el fiscal Dennis Villavicencio solicitó la prisión preventiva de Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez, y otros procesados bajo el argumento de que habrían obstaculizado el proceso de instrucción fiscal, pues no se le habría entregado información societaria solicitada por la Fiscalía. Anahí Carrillo, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), respaldó al fiscal.

“La prisión preventiva constituye la única medida cautelar capaz de garantizar la eficacia del proceso penal en virtud de los riesgos identificados, uno de ellos es no colaborar con la entrega de la documentación a la señora perito, y que no se llegue a judicializar”.

Anahí Carrillo, UAFE

Ambos pedidos fueron rechazados por el abogado Ramiro García, defensor del alcalde Aquiles Alvarez, quien pidió al juez García que se niegue la solicitud del fiscal y de la UAFE, en vista de que -señaló- no hay hechos nuevos que ameriten una prisión, ni riesgo procesal ni de fuga.

“Qué puede haber hecho el señor Aquiles Alvarez, privado de libertad en la cárcel del Encuentro, que puede haber afectado el normal desarrollo de este proceso penal, me parece hasta perverso que se insista en la prisión preventiva del señor Aquiles Alvarez”.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez

Los abogados de otros procesados en el caso Goleada también rechazaron la insistencia de la Fiscalía y la UAFE de la prisión y recalcaron que los investigados han respetado las presentaciones periódicas dispuestas por el juez García, de cuatro veces por semana, ante la Fiscalía.

La orden de prisión preventiva en el caso Goleada fue ordenada por el juez García el 11 de febrero del 2026 y levantada por un tribunal superior el 2 de abril de 2026.

Los magistrados Silvia Velasco Velasco, Byron Uzcátegui Arregui y Wiler Chóez Avilés, jueces de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha declararon con lugar la apelación a la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y sus hermanos, y ordenaron su libertad.

"Esta vivienda es nuestro lugar seguro"

En la víspera de audiencia, el 2 de julio, la familia del alcalde había presentado documentos para que sean conocidos por el juez durante la diligencia telemática, entre ellos las escrituras públicas de compraventa de los carros de alta gama de Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez.

En un archivo de 160 páginas, los hermanos Alvarez argumentaron que los siete carros, sobre los cuales el juez ordenó la incautación, ya no les pertenecen, pues seis de ellos fueron vendidos a la Inmobiliaria Fiorema S.A., de propiedad de Gioconda Henriques, madre de los procesados, y el séptimo auto se vendió a una persona natural y no jurídica.

• Entre los seis vehículos que están en manos de Fiorema S.A. constan dos del alcalde, un jeep negro Ford Expedition valorado en USD 120.000 y un jeep plomo Mercedes Benz avaluado en USD 325.990. Ambos carros fueron adquiridos en 2023.
• También consta una camioneta jeep Gladiator Rubicon (USD 104.000) vendida por Antonio Alvarez a Fiorema S.A. En las escrituras también figura que Antonio Alvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, vendió a Fiorema S.A. una camioneta de color plomo Ford Explorer del año 2022, valorada en USD 71.992.
• Mientras que Xavier Alvarez vendió a Fiorema S.A. un jeep Ford negro del año 2023 avaluado en USD 52.604 y una camioneta Toyota valorada en USD 9.670. Un tercer vehículo Toyota de color plomo, de Xavier Alvarez, fue vendido a Andrés C. F. en USD 26.000.

En los documentos consta que los carros fueron adquiridos por Fiorema S.A. entre julio y septiembre del 2024, a raíz de que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) presentó la denuncia -en julio del 2024- por comercialización ilegal de combustibles en las zonas fronterizas, Caso Triple A, contra el alcalde, su familia y sus empresas.

También la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, presentó entre las pruebas documentales el informe de un peritaje de Entorno Social, para certificar que, en la residencia del alcalde, en la urbanización Blue Bay, de Isla Mocolí, en Samborondon, habitan ella, sus hijos en edad escolar y sus padres, uno de ellos con discapacidad visual del 42%.

“La vivienda constituye el principal espacio de desarrollo familiar, habiéndose consolidado durante cuatro años como el lugar donde se han desarrollado acontecimientos significativos para la familia, entre ellos celebraciones, aniversarios, cumpleaños, actividades religiosas, reuniones sociales y el nacimiento del hijo menor”, señala el informe del peritaje.

El perito social incluyó en su informe decenas de fotografías que muestra la pertenencia y el arraigo de la familia del alcalde en la propiedad ubicada en Blue Bay. El testimonio de Fiorella Icaza también se incluye en el peritaje.

"Esta vivienda no constituye únicamente un bien material; es nuestro lugar seguro, el espacio donde encontramos estabilidad, tranquilidad, protección y unidad familiar. Aquí se desarrollan nuestras actividades diarias, nuestras relaciones afectivas y gran parte de los procesos que han permitido el bienestar de nuestros hijos y de nuestros padres".

Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Alvarez

La Inmobiliaria Fiorema S.A., según la Fiscalía, aglutinó la mayor cantidad de bienes de los hermanos Alvarez. Fiorema S.A. tiene como única accionista a la madre del alcalde y como representante legal a José Ruiz, quien también entregó documentación para pedir que el juez García libere de las incautaciones los bienes de la compañía.

En un documento de 100 páginas, Ruiz presentó el informe titulado Flujo de Origen y Destino de Fondos para la Adquisición de Activos Fijos, realizado por un perito experto en contabilidad, tributación y auditoría. Con el informe buscaba revertir las órdenes de incautación.

El perito analizó 21 bienes bajo la propiedad de Fiorema S.A., entre ellos cuatro propiedades y 17 carros. “Se evidencia el asiento de diario para el registro de activo fijo. En dicho registro contable se deja también la constancia pertinente a la generación de obligaciones para con acreedores, pues la adquisición del bien mueble genera una línea de crédito directo entre los vendedores y la empresa”, concluye el perito en los bienes auditados.

El juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penales con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, había ordenado las incautaciones de las propiedades durante la audiencia de vinculación realizada el 29 y 30 de junio, en la que resolvió sumar al proceso judicial a la esposa de Aquiles Alvarez, Fiorella Icaza, a la madre del alcalde, Gioconda Henriques, y a dos primos del funcionario, además de su contadora.

El magistrado dictó la medida de incautación para 18 propiedades (inmuebles y terrenos) y siete carros de los hermanos Alvarez y de sus empresas. De las propiedades, once terrenos y viviendas se encuentran a nombre de la empresa Fiorema S.A., cuyas acciones fueron traspasadas por el alcalde a su madre en julio del 2024.

• Otras cuatro propiedades están a nombre de Corpalubri S.A., una a nombre de Inmobiliaria Hache S.A., otra a nombre de Ternape Petroleum S.A. y una más a nombre de Andrés Viteri, primo del alcalde.

Audiencia preparatoria de juicio

La etapa de instrucción fiscal en el caso Goleada terminó el 29 de junio del 2026 y el fiscal pidió ya la fecha para la audiencia preparatoria de juicio.

En esta audiencia, la Fiscalía presentará su dictamen -acusatorio o abstentivo- con las pruebas de cargo y descargo; la defensa del alcalde expondrá sus argumentos y, finalmente, el juez resolverá llamar o no a juicio a los procesados por lavado de activos.

Este delito se sanciona con prisión máxima de 13 años, dependiendo de agravantes como el monto del lavado (más de 100 salarios básicos o más de USD 48.200), si hubo asociación para delinquir o si se crearon empresas nacionales o extranjeras con ese propósito.

• En el caso Goleada, la Fiscalía sostiene que el perjuicio económico ascendería a USD 100 millones, que se constituyeron compañías fuera del país para evadir controles y responsabiliza por este delito a 17 personas naturales y nueve jurídicas.

En teoría, la instrucción fiscal debía culminar el 11 de junio, no obstante, el 29 de mayo, durante la audiencia de vinculación de más procesados, el juez García autorizó una extensión de 30 días, hasta el 29 de junio, con lo cual la etapa de instrucción ha durado 139 días.

El Código Orgánico General de Procesos, Cogep, establece que una vez que concluye la etapa de la instrucción, la Fiscalía debe pedir al juez la fecha para que se realice la audiencia preparatoria de juicio. El juez García le dio el plazo de 72 horas para que pida la fecha, lo que fue acatado por el fiscal Dennnis Villavicencio antes de las 24 horas.

En el despacho del juez García queda pendiente fijar y convocar a dicha audiencia, para lo cual dispone de un plazo de cinco días, mientras que la audiencia debe efectuarse en los 15 días siguientes. De acuerdo a estos tiempos, la diligencia preparatoria de juicio contra el alcalde por el caso Goleada podría realizarse este mismo mes.