Las autoridades electorales siguen sumando años de prórroga y decisiones polémicas

Por primera vez desde 2013, el CNE decidió dejar a un lado los planes de contingencia por las lluvias que se esperan en cada febrero durante las elecciones. En una decisión sin precedentes, el Pleno adelantó la fecha de las votaciones 77 días, del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

La base para esa medida fue un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del Ejecutivo, que apunta a un 62% de probabilidades de que exista un súper fenómeno de El Niño, que se espera para finales de 2026, pero cuyos efectos, según el documento, podrían ahondarse en los primeros meses del año.

Sin embargo, ningún otro organismo técnico en la materia, ha confirmado que se pueda contar con un pronóstico certero tan adelantado. Incluso, coincidentemente, el director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamih) renunció ese mismo día.

Al cuarto intento y después de varios problemas, el Consejo logró aprobar los informes técnicos para iniciar la cancelación de Construye y Unidad Popular, por supuestamente no cumplir con el número mínimo de afiliados.

Tres de los cinco titulares no participaron de esa sesión, por lo que se requirieron los votos de dos suplentes para lograrlo. Según el CNE, Construye ya no tiene afiliados y Unidad Popular bajó a apenas 31.000. Ambas organizaciones están peleando la decisión.

El argumento es que se trataría de un problema dentro del mismo CNE, ya que en 2014 la entidad los eliminó del registro electoral. 

Pero en 2018 se reconoció que la medida fue ilegal y les restituyeron la vida jurídica. Por ende, las dos listas afirman que deben tomarse en cuenta las fichas de los militantes antiguos, del Movimiento Popular Democrático (MPD) y de Ruptura 25, así como de aquellos que se adhirieron a sus nuevas banderas partidistas, Unidad Popular y Construye, respectivamente.

En medio de la expectativa frente a la nueva medición de fuerzas entre Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones seccionales, el correísmo fue suspendido como organización política por nueve meses, por una decisión del TCE.

La decisión del Tribunal Electoral también es cuestionada puesto que se trata de una polémica petición de la Fiscalía, pese a que la investigación recae sobre ciertas figuras del movimiento y no sobre la agrupación. Además, el delito investigado no es el mismo que consta en el artículo del Código de la Democracia utilizado para la sanción.

La duración de la suspensión y la negativa a tramitar los recursos presentados por la lista 5 bloquean la participación de sus figuras en la próxima contienda, por lo que ahora recurren a una desafiliación acelerada, para intentar encontrar otras listas por las que participar por las alcaldías y prefecturas. 

En marzo de 2025, el Consejo aceptó la propuesta del presidente candidato Daniel Noboa de prohibir que los ciudadanos fotografíen sus papeletas después de votar, bajo el argumento de que habría presiones de grupos criminales para influir en las elecciones.

La medida fue denunciada como inconstitucional ante la Corte Constitucional (CC), impugnada ante el mismo CNE y apelada ante el TCE. Incluso uno de los jueces electorales pidió a la Corte que se pronuncie sobre la decisión, porque podría vulnerar derechos civiles y políticos. Sin embargo, la CC terminó validando la medida.

El Consejo decidió que esa acción sería tratada como una infracción grave, lo que implicaba multas de entre USD 9.870 a USD 32.900 y la pérdida de los derechos políticos. Pero, al final, hubo 71 notificaciones en todo el país y apenas cinco casos llegaron a la fase de denuncia formal.

En el marco de la campaña para las elecciones de 2025, el presidente candidato, Daniel Noboa, decidió dedicarse a tiempo completo a su campaña electoral. Desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril de 2025 no ejerció su cargo; sin embargo, no pidió licencia sin sueldo ni encargó la Presidencia de la República.

En la primera vuelta lo hizo por horas, bajo el argumento de una fuerza mayor y encargando la Presidencia por decreto a su secretaria de la Administración Pública. Esto último fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, pero la campaña sin licencia fue ignorada por el Consejo Nacional Electoral.

Por lo que en la segunda vuelta Noboa notificó al CNE que no pediría licencia porque la medida está supeditada a la voluntad política del Legislativo y una decisión negativa del Pleno generaría "un riesgo para el Presidente de la República y candidato".

Es así que en las elecciones generales de 2025, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) pudo esquivar el artículo 93 del Código de la Democracia que manda que “los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.

El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por dos años los derechos de participación política de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien formaba parte de la administración del presidente Daniel Noboa. Y le impuso una multa de unos USD 14.100, tras una denuncia de violencia política de género de la canciller Gabriela Sommerfeld.

Según la denuncia, la Vicepresidenta habría realizado declaraciones denigrantes—utilizando términos despectivos y estereotipos de género—con la intención de menoscabar la imagen de Sommerfeld y obstaculizar el ejercicio de sus funciones en el ámbito internacional.

La cuestionada decisión del Tribunal implica que Abad no puede ejercer cargo público alguno en ese lapso, ni podrá votar. Sin embargo, la Mandataria queda atrapada en un limbo jurídico, pues tampoco ha sido destituida del cargo, porque eso es algo que solamente la Asamblea Nacional puede concretar.

El principal contendor del presidente candidato para las elecciones de 2025 era el empresario guayaquileño y por segunda vez aspirante a Carondelet, Jan Topic. Pero el Tribunal Electoral decidió impedir su participación.

La sentencia del 10 de noviembre de 2024 argumentó un presunto conflicto de intereses al considerar que Topic tiene contratos con instituciones del Estado. Esto pese a que Topic traspasó sus acciones de tres empresas (Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos) que tienen contratos con el Estado, previo a su candidatura.

Los jueces consideraron que tiene "control efectivo" de esas firmas y es el "beneficiario final".

Más de 409.050 ecuatorianos estaban habilitados para sufragar desde el exterior en las elecciones extraordinarias de agosto de 2023, pero solo 121.594 pudieron acceder a la plataforma del voto telemático.

Este error ocasionó que se deban repetir las votaciones para asambleístas por el exterior y que los migrantes registrados se queden sin la oportunidad de votar en la primera vuelta presidencial.

La falla en el sistema contratado por el CNE obligó a apurar unas votaciones presenciales solo para la segunda vuelta de octubre de 2023, que incluyó la papeleta de legisladores de esas circunscripciones.

Después de un empate técnico entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez en febrero de 2021, los candidatos de Creo y Pachakutik alcanzaron un acuerdo para pedir el recuento del 100% de los votos en Guayas y del 50% en otras 16 provincias.

El acuerdo se selló en las oficinas del mismo CNE en Quito, después de una histórica reunión entre los candidatos que disputaban el segundo lugar.

Sin embargo, el mayor acuerdo político de la reciente historia ecuatoriana se diluyó en las manos de los consejeros electorales, que no pudieron aprobar su implementación: un consejero abandonó la sesión, solo dos votaron a favor, uno en contra y una abstención.

Finalmente, el pleno del CNE solo aceptó el reconteo de 31 urnas en todo el país.