Caso Jaque: ANT busca reparación económica y suma hasta el plástico de las licencias dadas por red de corrupción

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), como acusadora particular en el Caso Jaque, busca obtener la reparación económica del presunto daño patrimonial ocasionado por una red de corrupción conformada por 16 procesados, en su mayoría exfuncionarios de su misma entidad.

• Caso Jaque: Informe de UAFE revela aumento patrimonial de jefe en ANT | Tribunal señala que la red "cooptaba" funcionarios

En el expediente judicial constan los informes presentados en mayo y junio del 2026 por Luis Villacrés, director de la ANT, en los que solicitó que el juez incluya a la entidad como acusadora y la considere “víctima” de una “estructura que operaba mediante el cobro de valores económicos a ciudadanos para facilitar trámites de matriculación vehicular, obtención de licencias y otros servicios”.

La estructura investigada -señala la ANT- “habría operado mediante el aprovechamiento indebido de cargos públicos, accesos institucionales, manejo de información administrativa y coordinación con terceros particulares y tramitadores externos”.

“Varios ciudadanos cobraban aproximadamente USD 250 para gestionar trámites irregulares, facilitar matriculaciones y obtención de licencias sin turnos ni cumplimiento ordinario de procedimientos, aprovechándose de accesos y de la participación de funcionarios públicos”.

Agencia Nacional de Tránsito

En su informe, la Agencia Nacional de Tránsito detalló que el Caso Jaque, descubierto en varios allanamientos el 30 de enero del 2026, comenzó por una fuente reservada que reveló los apodos y números telefónicos utilizados por la red de corrupción, entre ellos “Charly”, “Kike”, “Alejo”, “Dama”, “Profesor”, “Mica”, “Cholo”, “Bola” y “Rosa”.

Algunos alias correspondían a funcionarios públicos y otros a tramitadores externos “que operaban en coordinación dentro y fuera de las dependencias de la ANT”. El caso Jaque procesó a 10 implicados el 30 de enero y vinculó a seis más el 6 de mayo de 2026. Hay 13 detenidos.

Entre los procesados constan servidores públicos que ejercían cargos de alta dirección y administración institucional, así como jefaturas de agencias y personal operativo relacionado con los procesos de emisión de licencias de conducir.

“Se encuentran personas que ostentaron cargos como director ejecutivo, director provincial de Pichincha, jefes de agencias de Cayambe, Machachi, Agencia Plataforma Norte, Occidental, Tumbaco, Plataforma Sur, técnicos de Emisión de Licencias, auxiliares de Archivo y técnico de Servicio Ciudadano”, detalla la ANT.

Las interceptaciones telefónicas incorporadas a la investigación describen “la realización masiva de trámites, mencionándose incluso la ejecución de aproximadamente “50 o 60 trámites” coordinados entre distintos integrantes de la estructura investigada”.

La red de corrupción, según la Agencia Nacional de Tránsito, le ocasionó “una afectación reputacional y operativa, debilitando la confianza pública en la legalidad y transparencia de los servicios institucionales”, pero también una afectación económica.

“Las actuaciones investigadas habrían generado beneficios económicos indebidos para los integrantes de la estructura, en perjuicio de la administración pública, de la integridad de la institución y de los servicios de la ANT”.

ANT

De ahí que la ANT detalla en su informe al juez del Caso Jaque, José Cornejo, que en su condición de ‘víctima’ busca no solo ‘el legítimo derecho de conocer la verdad de los hechos, sino procurar la determinación de responsabilidades y obtener la reparación integral, -restitución o indemnización-, respecto de las presuntas afectaciones patrimoniales ocasionadas”.

El perjuicio no solo es abstracto, “sino que además habría generado una afectación concreta, directa y verificable a la ANT”. La entidad enlista algunos de los elementos dentro de la afectación patrimonial provocada por la red de corrupción que usó recursos públicos:

• Utilización irregular de usuarios institucionales, turnos, accesos informáticos, módulos operativos, mecanismos de validación, emisión e impresión de licencias.
• Uso de material destinado a la emisión regular de licencias de conducir, tales como plástico PVC, cintas de impresión.
• Suministros tecnológicos, equipos institucionales, infraestructura informática, aplicativos operativos, accesos autorizados, sistemas de validación y demás recursos adquiridos mediante contratación pública.
• Utilización no autorizada de tiempo laboral, recursos humanos, capacidad instalada relacionada con procesos de emisión, renovación, canje e impresión de licencias de conducir.
• Menoscabo patrimonial respecto de bienes, recursos e infraestructura, cuya utilización está destinada a fines públicos y no particulares o presuntamente ilícitos.

Los argumentos de la ANT fueron aceptados por el juez Cornejo, que validó su condición de ‘víctima’ de la red de corrupción, argumentos que serán expuestos en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio que fue fijada para el próximo 16 de septiembre y que se realizará de forma telemática.

En la misma fecha y hora, el juez Cornejo dispuso que se reinstale la audiencia en la que ocho procesados solicitaron la revocatoria de la medida de prisión preventiva que rige en su contra desde el día de los allanamientos, el 30 de enero del 2026. Entre los ocho constan el exdirector de la ANT, Pedro Abril, y otros funcionarios.