Caso 'Reconstrucción': la Fiscalía acusa formalmente a Jorge Glas y otras ocho personas por presunto peculado

La Fiscalía General de la Nación formalizó este viernes 14 de marzo su acusación por presunto peculado contra el exvicepresidente correísta Jorge Glas y otras ocho personas por el caso de las obras de reconstrucción realizadas tras el devastador terremoto de 2016, entre ellas el exministro Walter Solís, que cuenta con la condición de refugiado en México.

Glas, que tiene pendiente todavía de cumplir una pena de ocho años por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 y 2020, respectivamente, se encuentra actualmente preso en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

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Entre los otros ocho acusados por el Ministerio Público dentro denominado caso 'Reconstrucción' también está el exministro Walter Solís, quien actualmente tiene estatus de refugiado en México, y su sucesor en el cargo, Boris Córdova.

De acuerdo a la Fiscalía, el dinero recaudado para las obras de reconstrucción se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez, lo que derivó en un supuesto "abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia".

El terremoto ocurrió el 16 de abril de 2016, cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas, con un saldo de más de 670 muertos, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales.

Fruto de esa emergencia se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia.

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Para este propósito, el Gobierno logró recaudar más de USD 1.600 millones a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que permitió destinar donaciones y un 2 % de impuesto al valor agregado (IVA).

Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de USD 367 millones pero, según la Fiscalía, "varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto".

"Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad", sostiene el Ministerio Público.

La audiencia fue suspendida para ser reanudada otro día con los alegatos de defensa, antes de que el juez resuelva si lleva el caso a juicio. 

Glas se encuentra actualmente en La Roca, después de que el año pasado fuese detenido dentro de la Embajada de México en Quito.

Su detención se produjo en un asalto policial a la sede diplomática luego de que el Gobierno mexicano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le concediese asilo diplomático al considerar como un perseguido político a Glas, que rechaza las acusaciones en su contra y denuncia 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

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Glas, que fue uno de los hombres fuertes de la administración de Rafael Correa (2007-2017), se refugió en la Embajada mexicana en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía se disponía a imputarlo en este caso bautizado como 'Reconstrucción'. Se mantuvo ahí durante casi cuatro meses hasta el día que las fuerzas policiales irrumpieron en la sede mexicana y lo sacaron a la fuerza.

El caso provocó una crisis diplomática entre Ecuador y México, que se han contrademandado ante la Corte Penal Internacional de La Haya con acusaciones mutuas de haber violado convenios del derecho internacional.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno ecuatoriano mejorar la atención médica a Glas tanto física como mental ante temores de sus abogados de que pudiera intentar suicidarse, y estableció condiciones carcelarias que implicarían su traslado de La Roca a otra prisión.