La audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción se retomó tras 80 días en la Corte

“Se presume el abuso de dineros públicos en beneficio de personas que fueron contratistas y fiscalizadores de estos contratos”, es una de las frases que Wilson Toainga, fiscal General Subrogante, para resumir su acusación en el caso Reconstrucción de Manabí.

Aunque no están procesados, el investigador mencionó a Denise María V. R., esposa del exsecretario Carlos Bernal. Así como de su cuñado: Xavier Andrés V. R.

Según Toainga, hubo asignaciones de contratos para la reconstrucción a la empresa Construhidrocab (Concrenor) que era de propiedad de los hermanos V. R. desde la Secretaría que comandaba Carlos Bernal, pese a la relación familiar.

Ese dato sale del informe aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), que lideró Julio César Trujillo e investigó el uso de los fondos de la Ley de Solidaridad.

Sin embargo, la familia de Bernal ha indicado -desde que fue aprobado el informe del CPCCS-t, que la empresa Conrcenor nunca ha contratado con el Estado. Incluso, pidió que se investigue este “ataque malicioso”, lo que nunca prosperó.

Pero esta no es la única relación familiar de Bernal que aparece en el caso Reconstrucción de Manabí. Franklin Bernal, padre del exsecreatario, fue subsecretario del MTOP mientras se ejecutaban los proyectos investigados. Es parte de los procesados en este caso.

En esta parte, Toainga hizo énfasis en los contratos de derrocamiento y manejo de escombros a Eseico, empresa que tenía como su accionista mayoritario a Ramiro Galarza. Este empresario es uno de los sentenciados, junto a Glas y al expresidente Correa, en el caso Sobornos 2012-2016.

Galarza, a través de la empresa Consermin, pagó sobornos por USD 498.385 a la exministra María de los Duarte, exministra de Obras Públicas y actualmente prófuga, a cambio de siete contratos con el Estado.

Además, en la reconstrucción de Manabí, Consermin fue la adjudicataria de la vía Manta Colisa, que ha sido denominada como la “vía más cara de Ecuador”, ya que cada kilómetro costó USD 5 millones. En 2020, el Gobierno de Lenín Moreno terminó ese contrato y hasta ahora la obra no ha sido entregada en su totalidad.

Wilson Toainga, fiscal General subrogante, fue el encargado de exponer la acusación contra nueve personas por el caso Reconstrucción de Manabí. El exvicepresidente Jorge Glas, en calidad de autor directo, encabeza la lista de procesados.

Según Toainga, el delito se empezó a configurar el 26 de abril de 2016, 10 días después del terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas. A través de un decreto ejecutivo, el expresidente Rafael Correa creó el Comité para la Reconstrucción, que presidió Glas como vicepresidente de la República.

Esta instancia debía identificar y priorizar los proyectos necesarios para la reconstrucción y reactivación productiva de Esmeraldas y Manabí. Esta tarea era coordinada por la Secretaría Técnica, que era dirigida por Carlos Bernal, también procesado.

El 20 de mayo de 2016, en cambio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Solidaridad para financiar la reconstrucción. La norma incluía la recaudación de dinero a través del incremento del IVA y el aporte de los empleados del país.

Dos días después de la aprobación de esa ley, en una sesión del Comité, se priorizaron 584 proyectos. Dentro de esta lista, para el caso por peculado, la Fiscalía recopiló información de 30 proyectos de seis entidades ejecutoras como Ecuador Estratégico, Servicio de Contratación de Obras (Secob), Inmobiliar, Ministerio de Obras Públicas (MTOP) y Ministerio de Vivienda (Miduvi).

Así Pablo Ortiz, otro de los procesados, como gerente de Ecuador Estratégico, firmó la adjudicación de algunas de las obras que -según el Ministerio Público- fueron priorizadas ilegalmente. Por ejemplo, el Parque Las Vegas, en Portoviejo.

Walter Solís y Boris Córdova, como ministros de Transporte, fueron responsables del eje reconstrucción y firmaron otras obras como la Vía Manta Colisa.

Franklin Bernal y Omar Chamorro, como subsecretarios zonales del MTOP, en cambio, intervinieron en los procesos relacionados con los proyectos de demolición y remoción de escombros. Así como la construcción de los puentes sobre el río jama (Manabí) y sobre el río Mataje (Esmeraldas).

Milton Maldonado y Víctor Jaramillo, quienes fueron directores de Inmobiliar y del Secob, finalmente, contrataron la construcción de facilidades pesqueras en Chamanga, Cojimies, Crucita, Puerto López y San mateo.

Todos estos proyectos, según la Fiscalía, no requerían la inmediatez para ser atendidos con la Ley de Solidaridad, al punto que los mismos ya estaban pendientes de ejecutar, incluso, desde antes del terremoto. Además, que solo Glas y Carlos Bernal aprobaron esa priorización, el resto de miembros no se pronunciaron.

Tras esa priorización, Carlos Bernal solicitó al Ministerio de Finanzas los fondos para estos proyectos, procedentes de la Ley de Solidaridad. El valor de los 11 proyectos “ilegalmente” priorizados fue de USD 225,4 millones.

Al final de su intervención sobre los vicios de nulidad, el conjuez Aguirre se pronunció sobre las alegaciones de la defensa de Jorge Glas, en las que ha asegurado que ha sido torturado por agentes estatales. 

El Magistrado ofició a la Fiscalía a iniciar una investigación para esclarecer estos hechos. Sin embargo, el juez no se pronunció sobre el pedido de que el exvicepresidente sea internado en un hospital psiquiátrico.

El conjuez Marco Aguirre Torres declaró la validez procesal de la investigación en el caso Reconstrucción de Manabí y deshecho los 17 pedidos presentados por los nueve procesados.

Por ejemplo, algunas defensas de los procesados pidieron anular el caso, ya que el informe de Contraloría en el que se basa habría sido aprobado fuera del tiempo legal. Ante esto, Aguirre dijo que ese documento no ha sido declarado nulo por lo que sigue siendo válido.

También, el Conjuez se manifestó sobre los pedidos de nulidad de Glas. El exvicepresidente argumentó que el caso es inválido, ya que no fue autorizado por la Asamblea Nacional como ordena la Constitución.

Para criterio del Magistrado esa autorización no era necesaria, ya que hay varios antecedentes en los que la CNJ ha avanzado en el procesamiento penal de exmandatarios, pese a que el Legislativo no se haya pronunciado. Por lo que esto no es una causal de nulidad.

El segundo argumento de nulidad de Glas fue que no hubo un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría para iniciar el proceso penal, lo cual era requisito legal al momento de los hechos del caso.

Aguirre, en su pronunciamiento, recordó que ese requisito ya no estaba vigente al momento de la formulación de cargos, ya que la Corte Constitucional lo habría derogado, en 2019 por inconstitucional.

El último argumento de Glas es que, cuando fue detenido en abril de 2024 en la Embajada de México, fue torturado por lo que su arresto y procesamiento es ilegal. Sin embargo, el Conjuez indicó que en un habeas corpus, previamente, ya se declaró la legalidad de esa detención. 

Pasadas las 09:00 del 10 de marzo de 2025, el conjuez Aguirre declaró reinstalada la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí. El magistrado irá respondiendo uno a uno las alegaciones de nulidad.